Alfredo Zaconeta recomendó abordar este tipo de proyectos con una perspectiva técnica, sin privilegiar intereses políticos, y enfocarse en el desarrollo de la industria minera a largo plazo, mediante nuevos proyectos de prospección que garanticen la sostenibilidad de la producción de estaño.
eju.tv
Lidia Mamani / La Paz
Luego que el Gobierno aprobó este miércoles un decreto supremo que asigna $us 171,5 millones a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), en Oruro, con el propósito de impulsar la producción y el acopio de estaño. Dos expertos cuestionaron la medida e indicaron que la fundidora estatal solo reporta pérdidas y no opera al 100% de su capacidad instalada, lo que refleja un manejo administrativo deficiente y politizado.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, criticó la decisión del Gobierno y afirmó que el capital asignado contrasta con el objetivo de autosostenibilidad que debería tener la empresa estatal.
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“Llama la atención este capital que le da el Estado a Vinto cuando el objetivo siempre ha sido que estas empresas sean autosustentables. Todos sabemos de la crisis económica que atraviesa Vinto debido a la millonaria deuda con empresas mineras estatales como Huanuni y Colquiri, que supera los 100 millones de dólares. Esto refleja un flujo de caja precario causado por gestiones administrativas deficientes”, mencionó en contacto con eju.tv.
Mencionó que un hecho que llama la atención es que a la fecha, Vinto no reporta utilidades en la cadena del estaño, considerando los precios altos de la cotización internacional del estaño que está bordeando los 16 dólares la libra fina, cifras nunca antes registradas y pese a esto le dan capital, como el que anunció en esta jornada el ministro de Minería, Alejandro Santos.
Además, Zaconeta señaló que el horno Ausmelt, cuya construcción costó 40 millones de dólares, nunca operó al 100% de su capacidad, que es de 18.000 toneladas métricas, produciendo apenas 12.000 toneladas.
“El horno está diseñado para una alta ley de estaño, pero el Estado no desarrolló nuevos proyectos mineros que permitan alcanzar esa capacidad. Esto refleja la deficiencia en la administración de la fundición”, agregó el investigador.
El experto recomendó abordar este tipo de proyectos con una perspectiva técnica, sin privilegiar intereses políticos, y enfocarse en el desarrollo de la industria minera a largo plazo, mediante nuevos proyectos de prospección que garanticen la sostenibilidad de la producción de estaño.
Por su parte, el economista Julio Linares calificó la asignación de recursos como una medida paliativa que no resolverá los problemas estructurales de Vinto. “Estamos hablando de una empresa marcada por el fracaso y por cuestionamientos, incluso vinculados a adquisiciones de maquinaria que nunca operó a plena capacidad. Estos aportes de capital solo cubren gastos corrientes, como el pago de sueldos, sin traducirse en mejoras productivas”, afirmó Linares.
Las empresas públicas en su mayoría tienen pérdidas, no han cumplido con sus objetivos y al final son recursos que nunca más se volverá a ver, debido a que, lastimosamente, es el resultado del capitalismo de Estado, consideró el economista.
El economista subrayó que los recursos asignados por el Gobierno no garantizan el retorno de la inversión y que la empresa continúa operando por debajo de su capacidad instalada, lo que dificulta alcanzar las metas productivas planteadas. “No necesitamos más inyecciones de capital que solo sirven para cubrir las pérdidas acumuladas en los últimos años, que rondan los 400 millones de dólares. Es una empresa sin utilidades”, concluyó, en contacto con este portal digital de noticias.
