El taller en cuestión, según su propia convocatoria pública, busca «politizar el cuerpo desde una perspectiva que desafía las normativas coloniales y estéticas tradicionales, proponiendo un reencuentro con el goce, la grasa y la sensualidad como formas legítimas de expresión cultural». Parlamentarios señalan que financiar dicho taller es una «bofetada» a las verdaderas necesidades de la población.
Fuente: emol
Los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado, Carla Morales, junto a Jorge Durán y Eduardo Durán, ambos integrantes de la comisión de Cultura, oficiaron a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, solicitando una auditoría a un programa del Ministerio de las Culturas, tras la ejecución de un taller denominado «Prácticas de culo». El programa en concreto se denomina «Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras» (PAOCC), y de acuerdo a lo que se exhibe en el afiche del taller cuestionado, éste ofrecía la «práctica de movimiento pélvico freestyle, improvisación con enfoque descolonial, con un abordaje somático, sensible y gozoso», a cargo de una organización presumiblemente beneficiada por esta línea de financiamiento.
Según los parlamentarios, la actividad, que mezcla técnicas de twerk, funk brasileño y danza contemporánea con un «enfoque descolonial”, fue difundida por Espacio Vitrina, entidad que formaría parte del circuito de la Red de Salas de Teatro Región Metropolitana, la cual recibió $139.509.995 en el marco del PAOCC 2025.
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Si bien no existiría un financiamiento directo al taller, «sí se puede evidenciar un apoyo financiero indirecto en las imágenes de publicidad del logo respectivo del programa, así como también, el correspondiente a la Red Salas de Teatro Región Metropolitana», alertaron.
«Venimos en solicitar una auditoría a los recursos entregados por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante el Programa ‘Apoyo a organizaciones culturales colaboradoras’, a modo de constatar si los objetivos por los cuales fueron otorgados resultan conciliables con el propósito del mismo», señalaron los diputados en el oficio enviado a la Contraloría.
El taller en cuestión, según su propia convocatoria pública, busca «politizar el cuerpo desde una perspectiva que desafía las normativas coloniales y estéticas tradicionales, proponiendo un reencuentro con el goce, la grasa y la sensualidad como formas legítimas de expresión cultural».
Ante esto, los parlamentarios cuestionan la pertinencia de este tipo de actividades dentro del marco de un programa financiado por recursos fiscales y exigen claridad. «A la luz de lo anterior, la actividad denominada ‘Prácticas de culo’ (…) podría presentar incompatibilidades con los lineamientos del PAOCC», afirma el oficio.
«Esto se debe a que su integración a un plan de gestión financiado por el programa requiere una justificación clara respecto de su aporte a los fines públicos y a la programación cultural continua de la organización postulante».
Además, recalcan que «la realización de un taller de estas características, si no está debidamente contextualizado en la misión de la entidad, podría ser considerado improcedente o ajeno a los objetivos declarados, afectando así la elegibilidad o continuidad del financiamiento».
Los diputados también apuntan a la responsabilidad institucional del Ministerio, solicitando que la Contraloría «tenga a bien dictar instrucciones (…) en relación con la facilitación y el uso de los logos institucionales por parte de actividades privadas”, con el fin de evitar confusiones en la ciudadanía respecto al verdadero origen y respaldo de las iniciativas culturales difundidas.
El jefe de Bancada, Miguel Mellado, señaló que «lo que cada uno haga en su tiempo libre no le concierne al Estado, pero cuando se utilizan recursos públicos destinados a cultura para financiar indirectamente cuestiones que no tienen nada que ver con ella, se cruza un límite que es peligroso».
«Cuando se recortan recursos para seguridad y otras prioridades ciudadanas, que el gobierno salga patrocinando «Prácticas de culo» es simplemente una bofetada para las miles de víctimas de la delincuencia», añadió Mellado. Finalmente, los parlamentarios aseguraron que esta vez no sólo se requiere una revisión técnica y administrativa, sino también de una señal política clara del Ministerio respecto del uso y control de los fondos públicos asignados.