Dos partidos denunciados perdieron su personalidad jurídica, otro corre el serio riesgo de correr la misma suerte; en tanto, la situación de otras dos tiendas políticas debe ser analizada por el TSE. La agrupación de Luis Fernando Camacho sería el sexto objetivo.
eju.tv / Video: DTV
El activista cruceño Peter Erlwein Beckhauser emprendió una serie de acciones legales contra diversas organizaciones políticas, bajo el argumento de incumplimiento a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE); en principio, logró la cancelación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), por no haber obtenido el 3 por ciento mínimo de votación en las elecciones generales de 2020.
Esas dos tiendas políticas habían acordado prestar su sigla a Evo Morales, quien pretende ser inscrito como candidato presidencial para los comicios nacionales de agosto próximo, pese a una prohibición constitucional expresa; en esa oportunidad, el activista reconoció que la demanda fue presentada justamente para cerrar las puertas al exmandatario y así quede fuera del proceso electoral de este año, objetivo que hasta la fecha fue cumplido, porque fue excluido de la contienda, pese a que la justicia revirtió la cancelación de la personalidad jurídica de Pan-Bol.
Foto: captura pantalla
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Posteriormente, Beckhauser presentó delaciones contra otras tiendas políticas como el Movimiento Tercer Sistema (MTS) al que denunció por no renovar su dirección nacional, incumplir resoluciones del TSE y de su propio estatuto orgánico. Al final, una Sala Constitucional de Beni declaró probada la demanda y esta instancia conminó al ente electoral que, en sujeción a sus procedimientos, proceda a la cancelación de la personería del partido de Félix Patzi. Los vocales iniciaron el tratamiento, pero aún no dieron a conocer la resolución.
El activista también presentó el pasado viernes una denuncia ante el TSE para solicitar la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de más de Bs 10 millones. Según Beckhauser, el frente oficialista, ahora en manos de los afines a Luis Arce Catacora, debe perder su personalidad jurídica por vulnerar la norma referida al financiamiento y rendición de cuentas que regula a los partidos políticos.
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Pero no termina ahí, ya que, tras impulsar la inhabilitación de las siglas de PAN-Bol, FPV y MAS, el ciudadano presentó una solicitud ante el ente rector para que se enmarque en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1096 e impida la participación del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en las elecciones de este año. Dicho apartado establece que, para habilitar su participación en los procesos electorales, los partidos políticos y agrupaciones deben concluir su trámite de constitución y reconocimiento al menos 120 días antes de las elecciones primarias para las elecciones generales.
Los dirigentes de la agrupación señalan que no corresponde la aplicación de la norma en esta ocasión, debido a que, de manera excepcional, con el objetivo de priorizar los comicios judiciales, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó la suspensión de las elecciones primarias en esta ocasión; por ello, ante ese panorama y al ser específico el acápite en cuestión, no corresponde la inhabilitación del partido de la alcaldesa alteña Eva Copa.
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Además, el activista anunció que en las próximas horas interpondrá una denuncia ante el Tribunal Electoral de Santa Cruz contra la agrupación Creemos, ya que -asegura- que su personería jurídica fue emitida de manera ilegal, aparte, acusa a la organización política de haber incumplido al menos cuatro resoluciones del TSE, motivo por el cual esta sigla debe ser cancelada y, por ende, que la alianza Unidad quede sin efecto.
“Creemos es una agrupación ilegal y lo voy a demostrar con papeles, Creemos incumplió cuatro resoluciones para la renovación de su directiva; hay un entorno maligno de Camacho que lo único que ha hecho es dedicarse a robar en la Gobernación (de Santa Cruz), asambleístas me entregarán documentos de los personajes del entorno de Camacho y que han hecho cosas irregulares, de aquí a las subnacionales voy a demostrar cada cosa ilegal que se ha hecho en el entorno de Camacho en la Gobernación”, señaló.
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Beckhauser ha declarado en reiteradas oportunidades que su objetivo es ‘depurar el sistema político’ y evitar que partidos que, según él, incumplen la normativa electoral, participen en las elecciones generales de 2025. Sin embargo, su accionar ha generado controversia y ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia de orden político. Asimismo, expresó su descontento con Samuel Doria Medina, líder de la alianza Unidad, acusándolo de traición tras ser excluido de la lista de candidatos, además de calificarlo de ‘zurdo’ camuflado.
Las acciones de Beckhauser han generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos sectores apoyan su iniciativa de fiscalizar y exigir el cumplimiento de la normativa electoral, otros lo acusan de judicializar la política y de tener motivaciones personales y políticas detrás de sus denuncias. El TSE ha indicado que analizará las denuncias presentadas por Beckhauser conforme a la normativa vigente y que tomará las decisiones correspondientes en cada caso.