¿A nombre de qué Fuerzas Armadas gobernaron García Meza y Arce Gómez, quienes el 17 de julio de 1980 convirtieron las dependencias del Estado Mayor en centros infamantes de tortura y represión?
Fuente: https://ideastextuales.com
Es la pregunta que plantean los abogados acusadores en el preámbulo al alegato final en el juicio de responsabilidades contra el dictador y sus cómplices, quienes impusieron un régimen de terror hace 45 años en Bolivia.
El 29 de junio de 1980, Bolivia tuvo un tercer proceso electoral en dos años. La anulación de las elecciones de 1979 por fraude y la renuncia de Wálter Guevara Arze, produjeron la decisión parlamentaria de elegir a la presidente de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler Tejada, como nueva presidente del Estado hasta la realización de nuevas elecciones. Hernán Siles Zuazo obtuvo el 38,74% de la votación. Detrás de Víctor Paz Estenssoro (20,15%) y de Hugo Bánzer Suárez (16,83%), Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Partido Socialista 1, había logrado 114.000 votos (más del 1000% en relación a sus resultados de 1978). La crisis política parecía lograr una salida democrática cuando el segundo más votado pidió apoyo para que la UDP fuera gobierno. Sin embargo, el Gral. Luis García Meza, a nombre de las Fuerzas Armadas, «decidió la anulación del proceso y el desconocimiento de casi tres años de sacrificio de todo un país para acceder a un esquema democrático, que devolviera la posibilidad real del ejercicio constitucional de los deberes y derechos de los ciudadanos. A media mañana del 17 de julio de 1980, se iniciaba el golpe de Estado…» (Mesa, 1990)
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A decir de Oscar Peña Franco (+), ex ministro de Informaciones de la ex presidente Lidia Gueiler, en su declaración en el juicio posterior al dictador, «…en diciembre de 1979 se produce una primera crisis que consiste en una resistencia a la decisión de la presidente constitucional en cuanto a la conformación del Alto Mando Militar, crisis provocada por el Gral. Luis García Meza…» (Justicia y Dignidad, 2018). La propia Lidia Gueiler declaró que «… al comienzo de mi gobierno recibimos el primer impacto, que fue la información del lamentable hecho, en sentido de que se atropelló al ministro del Interior cuando llegó el Gral. Luis Arce Gómez en un caimán y sacó toda la documentación que era toda la filiación de los políticos, que se tomaba en la etapa de la dictadura… Mi autoridad como Capitana General fue desobedecida sobre la orden que di para la elección y la posesión del Comandante de las Fuerzas Armadas…»
Ya en marzo de 1980, el padre Luis Espinal, director del semanario Aquí, había sido secuestrado y asesinado, sometido a torturas. (Hoy, 1980)
En mayo de 1980, García Meza en su condición de Comandante General del Ejército declaró en Cochabamba que «Las FFAA enjuiciarán militarmente a los acusadores del Gral. Hugo Banzer Suárez, para lo que se organizará un tribunal castrense especial, juicio que no solo lo involucra a él sino a los entusiastas acusadores…» (Presencia, 1980)
En junio de 1980, el propio García Meza advirtió «por última vez, que las FFAA no permitirán un ataque más a cualquiera de sus miembros o a la propia institución tutelar de la patria y los que reiteren en sus insultos se atendrán a sus graves consecuencias… No se puede tolerar más esos ataques, esos insultos a las FFAA, como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz que, sin saber nada se ocupan de la vida económica y organizativa de la institución armada. A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre». (Presencia, 1980)
En la madrugada de ese día se amotinó la guarnición militar de Trinidad con una proclama sediciosa y procedió a la ocupación militar de la capital beniana. A partir de ahí, en la ciudad de La Paz se desencadenó el golpe de Estado dirigido por la cúpula castrense e implementado por bandas armadas de irregulares que asaltaron el Palacio de Gobierno, la sede de la COB y los principales medios de comunicación social, asesinando a dirigentes, apresando a los dignatarios de Estado y creando las las irreversibles condiciones para la instalación de lo que a partir del 18 de julio de 1980, sería el gobierno de facto delincuencial, encabezado precisamente por García Meza.
Bajo el denominativo de GOEs (Grupos Operativos Especiales) concentrados en el Departamento II del Estado Mayor del Ejército, los grupos armados irregulares junto a funcionarios de la Dirección de Investigación Nacional (DIN) y varios oficiales de las FFAA, conformaron grupos de choque que, en ambulancias previamente secuestradas a la Caja Nacional de Seguridad Social, salieron con destino a la COB, Palacio de Gobierno y principales medios de comunicación social.
La COB fue tomada de forma brutal y cruenta, con enorme despliegue bélico, bajo fuerte ametrallamiento, con claras intenciones y designios criminales y con el premeditado saldo de muertos, heridos y presos, contra más de medio centenar de dirigentes del CONADE y periodistas.
El asalto armado al Palacio de Gobierno, también por paramilitares, se tradujo en la ocupación física de la casa de gobierno y la captura y posterior apresamiento tanto de la Presidente Gueiler como de sus principales ministros de Estado.
Al mismo tiempo, varios grupos irregulares realizaron la toma armada y acallamiento de las radios Panamericana, Fides y San Gabriel, procediendo en el caso de Radio Fides al ametrallamiento, explosión y destrucción de equipos, además del apresamiento de trabajadores y periodistas.
El 15 de enero de 1981 agentes paramilitares armados irrumpieron en la calle Harrington de la ciudad de La Paz, hasta adonde habían infiltrado y seguido a dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que se habían reunido a analizar la situación política del país. 8 fueron asesinados y la única sobreviviente, Gloria Ardaya, fue torturada.
A los 13 meses de dictadura, el gobierno de facto de García Meza sería derrocado «y después de varios interinatos militares el gobierno fue devuelto, en octubre de 1982, a los civiles que en 1980 ganaron las elecciones generales desconocidas, precisamente, por el movimiento sedicioso del dictador depuesto.» (CIDH, APDHB)
El primer juicio de responsabilidades contra el ex presidente de facto lo identificó como autor, junto a Luis Arce Gómez y 54 colaboradores, de 8 grupos de delitos, entre ellos de sedición, alzamiento armado, contra la libertad de prensa, uso indebido de influencias y franquicias, liberaciones y privilegios ilegales, asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura, organización de grupos armados irregulares, genocidio en la calle Harrington, con una sentencia condenatoria de 30 años de presidio sin derecho a indulto.
El 25 de febrero de 1986 el Congreso Nacional decretó la acusación contra García Meza y sus colaboradores, en la que estuvo ausente la acusación por narcotráfico, los asesinatos en Caracoles y otros distritos mineros.
La parte civil acusadora, constituida por el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, conformado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, el sistema nacional universitario y la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional), las víctimas Cristina Trigo vda. de Quiroga Santa Cruz, Iván Paz Claros, Oscar Salas, Mario Ríos y otros, presentó en octubre de 1992 el alegato, una pieza jurídica pero también histórica «porque el conjunto abrumador de la prueba aportada, ha permitido reconstruir esa historia trágica de 14 meses de garciamesismo, restableciendo la verdad negada por los delincuentes, y permitiendo así que la memoria colectiva del país sea la valla infranqueable que detenga la impunidad». Es un documento de 400 hojas de papel sellado, que resume al menos 30.000 hojas del enorme expediente acumulado en 8 años, desglosado en casi 100 cuerpos, y reune el trabajo colectivo de decenas de instituciones y cientos de personas, concebido y redactado de forma mancomunada por el equipo de abogados conformado por Juan del Granado Cosio, José Luis Gutiérrez Sardán, Freddy Padilla Ledezma, Julio César Sandóval, Miguel Angel Virrueta, Carlos Börth.
La sentencia fue pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia en la capital de la República, la ciudad de Sucre, el 21 de abril de 1993 y suscrita por los magistrados Edgar Oblitas Fernández, Gualberto Dávalos García, Ernesto Poppe Subieta, Edgar Rosales Lijerón, Hugo Dellien Barba, Antonio Salazar Soriano, Carlos Azad Arce, Luis Adolfo Siles Salinas, Hugo César Cadima Maldonado, Oscar Hassenteufel Salazar y Guillermo Arancibia López.
Por la vida, la libertad, la dignidad, la justicia y la democracia, nunca más.
Por Gabriela Ichaso.
Fuentes:
«Justicia y dignidad. Alegato y sentencia en el juicio a la dictadura de García Meza». Didáskalos editores. UMSA. Segunda edición. La Paz, 2018.
«Presidentes de Bolivia: Entre urnas y fusiles». Carlos D. Mesa Gisbert. Editorial Gisbert y Cía. Segunda edición. La Paz, 1990.