El candidato presidencial de Unidad dio a conocer este martes el proyecto del Decreto “Se acabó la fiesta” para encarar de manera urgente la profunda crisis económica de Bolivia, con medidas que se resumen en 17 artículos y dos disposiciones adicionales.
Estas medidas, propuestas por Samuel Doria Medina, en caso de ganar las elecciones del 17 de agosto, «se aplicarán al Órgano Ejecutivo, instituciones descentralizadas del gobierno central y empresas públicas. El ahorro inicial del Presupuesto será de aproximadamente 2.483 millones bolivianos (356 millones de dólares), los cuales se destinarán al pago de la Renta Dignidad y los otros bonos sociales existentes, con lo que dejarán de depender de la contratación de deuda interna del Banco Central. Así se contribuirá a la estabilización económica y a la disminución de la inflación».
eju.tv / L.M
Decreto: “Se acabó la fiesta”
Considerando:
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Que durante alrededor de 20 años el Estado ha incurrido en un sistemático mal manejo de los recursos de todos los bolivianos para beneficio exclusivo del propio Estado, la burocracia gobernante y los allegados al poder, mientras que este despilfarro ha ido socavando la solvencia de la economía, al punto de causar una década de déficits fiscales que explica gran parte de la crisis económica actual.
Que el actual gobierno se ha conformado en las elecciones de agosto de 2025 en torno al “Plan 100 días carajo”, propuesto para resolver en dicho lapso esta crisis. Que ese plan ha sido ampliamente apoyado por la población. Que, por tanto, existe respaldo popular y premura para comenzar a actuar en contra de las causas y manifestaciones de la situación económica, entre ellas el déficit fiscal.
Que la Solución 2 del Plan consiste en “no gastar más de lo que se tiene” como criterio fundamental para reducir el importante déficit heredado por las anteriores administraciones del Estado. Que esto requiere cortar los gastos dispendiosos en los que han incurrido los gobernantes, así como sus privilegios.
Que el presidente del Estado, Samuel Doria Medina, pretende enviar a todas las instituciones del Órgano Ejecutivo y a todos los funcionarios públicos la señal de que “la fiesta se acabó” y que ellos deben ser los primeros en formar parte del esfuerzo nacional para vencer la crisis suspendiendo sus privilegios innecesarios, antidemocráticos y ofensivos para el pueblo boliviano que ha sido golpeado por la crisis.
Que en este momento las fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad y los otros bonos sociales tienen un déficit de más de 3.000 millones de bolivianos, que son financiados con deuda interna del Banco Centra de Bolivia y la Gestora.
Por tanto, se decreta:
- La reducción del uso de la partida presupuestaria de Publicidad Gubernamental en un 60%. La publicidad que continúe produciendo el Estado tendrá alcance informativo y no podrá ser propaganda política ni contener mensajes de exaltación del presidente. (Ahorro por año = 195 millones de bolivianos).
- La reducción en 50% del gasto del Viceministerio de Comunicación en redes sociales. Se respetará los mismos criterios para producir mensajes que en el caso de la partida de Publicidad Gubernamental. (Ahorro por año = 40 millones de bolivianos).
- El cierre definitivo del periódico Ahora el Pueblo, por ser un instrumento de desinformación y de culto a la personalidad presidencial. El personal no jerárquico de este periódico pasa a disposición del Viceministerio de Comunicación para desempeñar funciones positivas para la sociedad (Ahorro por año = 20 millones de bolivianos).
- La suspensión de las transmisiones de Bolivia Tv (canal 7) y las radios estatales por 60 días, para que en este tiempo se discuta y se apruebe una ley para crear un Sistema Público de Medios de Comunicación Estatales que no dependa de los gobiernos de turno. El personal no jerárquico de estos medios pasa a disposición del Viceministerio de Comunicación. (Ahorro por año = 75 millones de bolivianos).
- La reducción del uso de las partidas de Pasajes y Viáticos en un 50%. Los viajes externos de miembros del Ejecutivo se prohíben excepto con autorización presidencial. Los viajes internos deben reducirse en 60% y solo se realizarán en aerolíneas comerciales. (Ahorro por año = 250 millones de bolivianos).
- La reducción del uso de la partida de Consultorías por Producto en un 50%. Solo se realizará este tipo de consultorías si cumplen una función derivada de los objetivos del programa de gobierno y son justificadas por la MAE de cada institución contratante ante el Ministerio de Economía. (Ahorro por año = 75 millones de bolivianos).
- La reducción del uso de la partida de Consultores en Línea (específicamente, consultores administrativos de cada institución) en un 50%. (Ahorro por año = 175 millones de bolivianos).
- La reducción del uso de la partida de Gasto en Mobiliario y Equipamiento de las Instituciones en un 70%. La mayoría de las labores de las diferentes instituciones se realizarán con el inventario que el Estado ya tiene. (Ahorro por año = 327 millones de bolivianos).
- La reducción del gasto en imprenta y papelería en un 50%. Se compensará este recorte con avances en el proceso de despapelizar el Estado e iniciando un verdadero gobierno electrónico. La situación de la Editorial del Estado será definida en el decreto sobre empresas estatales que aprobará el gobierno. (Ahorro por año = 117 millones de bolivianos).
- La reducción del uso del parque automotor a gasolina o diésel en un 40%. Solo se seguirá usando los vehículos que tengan funciones de protección, control, defensa de la sociedad y del Estado, prestación de servicios básicos, salud, seguridad ciudadana, seguridad social, atención de emergencias y/o desastres naturales y los que cumplan funciones operativas técnicas. (Ahorro por año = 101 millones de bolivianos).
- La anulación, durante tres años, de los pagos por Primas y Bonos de Producción de las empresas que el gobierno reestructurará (YPFB, COMIBOL, ENDE y METALÚRGICA VINTO). (Ahorro por año = Bs 110 millones de bolivianos).
- La suspensión de los Gastos de Representación de funcionarios y autoridades que tenían asignadas las instituciones y empresas del Estado. (Ahorro por año = 3,1 millones de bolivianos).
- La reducción en 70% de los Gastos de Refrigerio y Alimentación de todas las instituciones. El remanente se usará exclusivamente para el personal laboral y (Ahorro por año = 365 millones de bolivianos).
- La reducción en 50% de los gastos de la partida de Compra de Equipos de Comunicación (como celulares, radios y antenas). Esta partida solo se usará para funciones de conectividad esenciales del servicio público, como seguridad, acceso a información relevante, emergencias, o para tareas de alto nivel del Estado (Ahorro por año = 195 millones de bolivianos).
- La reducción en 60% del gasto en las partidas Prendas de Vestir y Textiles. Esta partida solo se usará para el personal laboral, operativo y en contacto directo con la ciudadanía. (Ahorro por año = 61 millones de bolivianos).
- La reducción en un 50% del alquiler de inmuebles para oficina. Se aprovechará toda la infraestructura existente para cumplir las labores del gobierno. (Ahorro por año = 82 millones de bolivianos).
- La eliminación de ceremonias, fiestas y celebraciones sociales por aniversarios, festividades y celebraciones políticas financiadas con recursos del Estado. Quedarán exentas las ceremonias militares y la celebración del 6 de Agosto. (Ahorro por año = 82 millones de bolivianos).
Estas medidas se aplicarán al Órgano Ejecutivo, instituciones descentralizadas del gobierno central y empresas públicas. El ahorro inicial del Presupuesto será de aproximadamente 2.483 millones bolivianos (356 millones de dólares), los cuales se destinarán al pago de la Renta Dignidad y los otros bonos sociales existentes, con lo que dejarán de depender de la contratación de deuda interna del Banco Central. Así se contribuirá a la estabilización económica y a la disminución de la inflación.
Disposiciones adicionales
- Se concede 30 días a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones para que presenten sus propios planes individuales que reduzcan 20% adicionales a sus gastos.
- El Ministerio de Economía está encargado de reglamentar este decreto en los siguientes siete días a su promulgación. También debe hacer seguimiento del cumplimiento de este decreto y presentar informes públicos cada mes, para evitar que los ahorros que se hagan se pierdan en otros destinos al establecido o en un mayor gasto corriente. Cada año se realizará una evaluación general del cumplimiento de esta disposición y se definirá nuevas metas de ahorro.
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