La medida busca proteger el medio ambiente, la salud de la población, la biodiversidad y las actividades productivas que están siendo afectadas por la polución generada principalmente por actividades mineras y otras de origen humano.
El Gobierno central aprobó ayer el Decreto Supremo 5442 que declara Situación de Emergencia Nacional debido a la grave contaminación ambiental, principalmente por la explotación minera, registrada en la subcuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora, en el departamento de Oruro.
«Con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la contaminación ambiental, provocada por eventos adversos de origen antrópico (actividad humana), el presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar Situación de Emergencia Nacional, en el marco de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos», señala el artículo 1, aprobado ayer en el gabinete de ministros.
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En la parte de los considerandos, señala que el objetivo es proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la contaminación ambiental en la subcuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora, provocada por eventos adversos, producto de la actividad minera y otras.
La medida busca proteger el medio ambiente, la salud de la población, la biodiversidad y las actividades productivas que están siendo afectadas por la polución generada principalmente por actividades mineras y otras de origen humano.
¿Qué significa esta declaratoria?
La declaración de Situación de Emergencia Nacional permite al Estado boliviano activar de forma inmediata acciones y recursos para prevenir, mitigar, rehabilitar y recuperar las zonas dañadas. Esto incluye medidas como: Evaluaciones y monitoreos ambientales permanentes; obras y proyectos para descontaminar el agua, suelo y aire; protección directa a las comunidades afectadas, y coordinación entre ministerios, gobiernos departamentales y municipales para actuar de forma conjunta.
Esta acción responde a la Sentencia Constitucional 1582/2022-S2, que ordenó realizar una auditoría ambiental gubernamental sobre la situación de la subcuenca. La Contraloría General del Estado concluyó dicha auditoría en octubre de 2024, presentando un informe con siete recomendaciones para atender el problema, según la parte de los considerandos.
Posteriormente, el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) emitió la Resolución N° 003/2025, recomendando al Presidente la declaratoria de emergencia.
