Gobernadores y alcaldes electos iniciarán gestión en un escenario marcado por iliquidez, conflictos sociales y exigencias de coordinación con el Gobierno central.
Paz toma una foto del encuentro con 286 alcaldes electos el pasado 10 de abril. Foto: Abi
Con la posesión de autoridades subnacionales prevista para el próximo lunes 4 de mayo; gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales electos iniciarán funciones en un contexto complejo, marcado por restricciones financieras, demandas regionales y la necesidad de articular políticas con el nivel central.
El cierre del calendario electoral abre una nueva etapa en la gestión pública territorial, donde las prioridades inmediatas apuntan a garantizar gobernabilidad, reactivar economías locales y atender problemas estructurales como el abastecimiento de combustibles, la ejecución presupuestaria y la prestación de servicios básicos.
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Uno de los principales desafíos identificados por autoridades electas es la situación financiera de las gobernaciones y municipios. En varios casos, se han reportado problemas de liquidez, deudas acumuladas y limitaciones para cubrir gastos operativos, lo que condicionará el inicio de la gestión.
El Presupuesto General del Estado (PGE) reconoce que Bolivia seguirá en recesión durante 2026, tercer año consecutivo de contracción económica. La proyección oficial sitúa la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en -1,28 %, mientras que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) manejan escenarios aún más pesimistas. El Fondo proyecta que el decrecimiento, para el año en curso, será de -3,3 %.
El primer mandatario también se reunió con 8 gobernadores electos. Foto: Abi
A esto se suma la presión de sectores sociales y productivos que demandan respuestas urgentes en temas como el acceso a diésel, apoyo al agro, empleo y reactivación económica, en un contexto nacional marcado por tensiones económicas.
Otro eje clave será la relación con el Gobierno central. Las nuevas autoridades deberán coordinar políticas públicas, gestionar recursos y participar en espacios de diálogo institucional, en medio de propuestas como la redistribución de recursos bajo esquemas como el “50/50” y el acceso a financiamiento externo.
“Es de sentido común que en los tres niveles del Estado se busquen acuerdos de gobernanza, y eso pasa porque en el Ejecutivo, por un lado, haya mayor coherencia interna y muestras claras de que, a diferencia del pasado inmediato, se valora la transparencia, la institucionalidad y la meritocracia. (…) Por el otro, que tenga capacidad de establecer pactos para definir políticas de Estado en un país tan diverso”, afirma el periodista Juan Cristóbal Soruco.
Por su parte, el analista económico Juan Carlos Aguilar señala que el país no solo necesita un pacto fiscal, sino también necesita un pacto social; un acuerdo entre ciudadanos que reconozca que la unidad del país no se construye negando las diferencias, sino articulándolas; que la autonomía no es fragmentación, sino responsabilidad; y que la cooperación entre niveles de gobierno no es una concesión, sino una condición para que el Estado funcione.
Los cinco gobernadores elegidos en segunda vuelta. Foto: Radio Fides
“La oportunidad no está en redefinir porcentajes, sino en redefinir instituciones. La descentralización no es un fin: es un medio para que Bolivia funcione mejor. El 50/50 pudo ser un punto de partida para la conversación, pero no puede ser su destino. El destino debe ser un Estado que funcione para todos sus ciudadanos”, apunta.
En el ámbito político, la gobernabilidad también será un reto, especialmente en departamentos y municipios donde no existe mayoría clara en los órganos deliberativos, lo que podría derivar en conflictos internos o bloqueos en la toma de decisiones. Asimismo, las nuevas gestiones deberán enfrentar demandas vinculadas a salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana, áreas que concentran gran parte de las expectativas de la población tras el proceso electoral.
En este escenario, las autoridades electas llegan con el desafío de traducir sus propuestas de campaña en acciones concretas, en medio de limitaciones estructurales y un entorno económico exigente. “En los niveles regionales las nuevas autoridades deben ser capaces de cumplir sus funciones y atribuciones en un marco de coordinación que no tiene precedentes en nuestra historia”, relata Soruco.
La etapa que se abre tras el 4 de mayo marcará así el inicio de una gestión que deberá equilibrar expectativas ciudadanas, restricciones fiscales y coordinación política, en un contexto donde la capacidad de respuesta será determinante para la estabilidad y el desarrollo regional, sentencian entendidos en la dinámica de los gobiernos subnacionales.