La solución, según la Fundación, ya está sobre la mesa desde hace 33 días. El segundo piso del Hospital Universitario Martín Dockweiler, con infraestructura de última generación, fue ofrecido de manera gratuita e inmediata para recibir a las madres y recién nacidos que actualmente son atendidos en el Percy Boland, un nosocomio de 74 años que, según denuncias, colapsa por el hacinamiento y la falta de equipamiento. Sin embargo, la Gobernación de Santa Cruz mantiene un silencio administrativo que la Coordinadora califica como negligente.
eju.tv / Video: Fundación Martín Dockweiler
33 días de silencio y la donación que se ignoró. La Coordinadora Defensora de la Salud Bolivia resolvió hoy (14) presentar una acción popular ante la Sala Constitucional contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su negativa a aceptar una donación de 150 camas de maternidad y UCI neonatal ofrecida por la Fundación Martín Dockweiler para descongestionar el colapsado Hospital Percy Boland. La decisión fue adoptada en la Primera Cumbre por la Salud, que reunió a representantes de los 15 distritos urbanos, provincias y municipios del departamento, con el propósito de frenar las muertes evitables de recién nacidos.
“Estamos con todos los vecinos, todos los dirigentes vecinales en nuestro auditorio y vamos a tratar un tema muy importante, el Hospital Percy Boland. Un hospital de 74 años y la Fundación Martín Dockweiler hace 33 días. Imagínense, 33 días que hemos hecho una oferta para que este hospital pueda ser trasladado, donde van a tener mayor espacio, cero, cunas, etcétera. Todo el equipamiento de última generación y no aceptan. 33 días para una donación muy grande y las autoridades hasta el día de hoy no nos contestan”, enfatizó el presidente de la Fundación Udabol, Martín Dockweiler.
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La autoridad explicó que la cumbre fue convocada precisamente para tomar medidas contundentes ante lo que calificó como una “inacción criminal”. “Se pedirá al juez que ordene a la Gobernación que el Percy Boland se pueda trasladar, porque no hay ningún pretexto al respecto. Y también vamos a mandar una carta con todas las firmas de todos los presentes al gobernador (Camacho) y pedirle que haga el traslado ya, los bebés están muriendo. Esto lo queremos cambiar ahora y es por eso que estamos yendo a la justicia para que obligue a la Gobernación a tomar medidas ya”, remarcó Dockweiler.
La solución, según la Fundación, ya está sobre la mesa desde hace 33 días. El segundo piso del Hospital Universitario Martín Dockweiler, con infraestructura de última generación, fue ofrecido de manera gratuita e inmediata para recibir a las madres y recién nacidos que actualmente son atendidos en el Percy Boland, un nosocomio de 74 años que, según denuncias, colapsa por el hacinamiento y la falta de equipamiento. Sin embargo, la Gobernación de Santa Cruz mantiene un silencio administrativo que la Coordinadora califica como negligente.
Ante esta situación, la Primera Cumbre por la Salud aprobó tres medidas de acción inmediata. La primera es una Acción Popular ante la Sala Constitucional para invocar la defensa del derecho fundamental a la salud y a la vida de la población cruceña. La segunda es una carta formal con petición legal al Gobernador, presentada directamente por las juntas vecinales que exigen el traslado de operaciones del Percy Boland al Hospital Universitario Martín Dockweiler. La tercera es la activación del carácter vinculante que la Constitución Política del Estado otorga a las juntas vecinales, lo que obliga al Gobernador a atender esta petición; ignorarla constituiría incumplimiento de deberes con todas sus consecuencias legales.
La memoria del dolor está fresca. En 2024, 17 recién nacidos perdieron la vida en el Percy Boland por una infección intrahospitalaria agravada por el hacinamiento. Diecisiete familias destruidas, diecisiete muertes que, según los denunciantes, pudieron evitarse. Mientras la burocracia elige el silencio. La Coordinadora advierte que las acciones legales no son una amenaza, sino el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de un pueblo que exige respuestas.
De esta manera, el gobernador Camacho tiene ahora dos caminos: atender la voluntad de la ciudadanía y aceptar la donación que salvaría vidas, o enfrentar las consecuencias legales de su inacción. La justicia deberá decidir si la omisión del Gobernador constituye negligencia o, como la acusan los convocantes, una indiferencia criminal frente a la muerte de niños.