El problema no responde a una sola causa, sino a una estructura compleja de elementos normativos, económicos e institucionales que, en conjunto, generan condiciones propicias para la ilegalidad.
Fuente: ANF / La Paz
La expansión de la minería ilegal en Bolivia se ha visto favorecida por una combinación de burocracia excesiva, debilidad institucional y atraso tecnológico, factores que han erosionado la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre el sector. Así lo advirtió Jaime Sanabria, director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), durante su exposición en el Foro Internacional “Minería ilegal, violencia y crimen organizado”.
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Sanabria explicó que el problema no responde a una sola causa, sino a una estructura compleja de elementos normativos, económicos e institucionales que, en conjunto, generan condiciones propicias para la ilegalidad.
Entre ellos, destacó el actual marco legal minero, al que calificó como “exclusivo y excluyente”. Según sostuvo, la Ley 535 de Minería y Metalurgia, vigente desde 2014, ha limitado la participación privada y concentrado la administración de recursos en el Estado, lo que, en la práctica, ha derivado en discrecionalidad y falta de dinamismo en el sector.
Uno de los principales obstáculos identificados es la extrema lentitud de los trámites. Mientras en otros países la adjudicación de un área minera puede resolverse en cuestión de minutos, en Bolivia este proceso puede tardar entre 10 y 15 años, incluyendo la obtención de la licencia ambiental.
Esta demora, dijo Sanabria, ha dejado cerca de 20.000 trámites paralizados, empujando a muchos operadores hacia la informalidad como única alternativa para generar ingresos.
A ello se suma la existencia de amplias áreas bajo control estatal, particularmente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que permanecen improductivas. Según Sanabria, estas zonas no cumplen una función económica ni estratégica, lo que agrava el estancamiento del sector formal.
En el plano institucional, el panorama es igualmente crítico. El titular de la AJAM describió a la entidad como una institución “devastada”, sin capacidad operativa suficiente para fiscalizar un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados.
Actualmente, dijo, cuenta apenas con cinco o seis vehículos para todo el país y un presupuesto anual de aproximadamente 500.000 bolivianos destinado a operativos, una cifra que resulta marginal frente a una actividad que mueve miles de millones de dólares.
El rezago tecnológico es otro factor determinante. Sanabria denunció que el sistema de catastro minero opera con software obsoleto, de entre 30 y 40 años de antigüedad, e incluso de carácter irregular, es decir, “pirata”.
A diferencia de otros países que utilizan monitoreo satelital en tiempo real, Bolivia continúa realizando registros manuales, lo que limita significativamente la capacidad de control y seguimiento.
En el ámbito económico, la alta rentabilidad de los minerales y la falta de control financiero facilitan la inversión en actividades ilegales. El ejecutivo señaló que gran parte de la maquinaria pesada utilizada en explotaciones ilegales es financiada por capital extranjero, proveniente de países como China, Colombia, India y Brasil. A nivel local, la pobreza y la falta de oportunidades laborales empujan a comunidades enteras a involucrarse en estas actividades como mecanismo de subsistencia.
Otro elemento crítico es la permisividad en el uso de insumos como el mercurio. Bolivia se ha convertido en un centro regional de distribución de este material, cuya importación no está prohibida, a diferencia de otros países. Según Sanabria, grandes volúmenes ingresan incluso de contrabando, lo que —advirtió— solo sería posible con la complicidad de autoridades en puntos de control.
Finalmente, el director de la AJAM cuestionó el rol del sistema judicial, al que calificó como insuficiente y poco especializado. Denunció que el Ministerio Público actúa con lentitud y sin conocimiento técnico en materia minera, lo que debilita las investigaciones y deriva en la falta de sentencias.