Además, el centro de estudios alertó sobre un posible repunte inflacionario en los próximos meses impulsado por dos factores principales: un eventual ajuste en el precio de los combustibles y la persistente presión cambiaria derivada de la escasez de divisas.
Bolivia puede enfrentar en 2026 un segundo año consecutivo con inflación de dos dígitos, luego de que el Gobierno proyectó una variación anual de precios del 14,94% en la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE), según el análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). La entidad señaló que esta proyección confirma la continuidad del proceso inflacionario registrado en 2025, cuando la inflación cerró en 20,4%, en un contexto marcado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida.
«El problema ya no es únicamente cuánto suben los precios, sino el nivel en el que se han estabilizado y la creciente distancia entre ese nivel y los ingresos laborales», señala el boletín titulado: Aportes para el Debate, publicado por el Cedla. Asimismo, se debe considerar que desde hace semanas se registran bloqueos en algunas regiones del país, en el que el más afectado es el departamento de La Paz, que está cercado por bloqueos, lo que desencadenó que los precios de los alimentos se disparen.
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El análisis toma como referencia el comportamiento reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el informe, la inflación acumulada fue de 1,31% en enero, 0,68% en febrero y 0,34% en marzo. A ello se suma el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reportó una variación acumulada de 0,47% hasta abril.
Aunque estas cifras pueden interpretarse como una desaceleración inflacionaria, el Cedla advierte que los precios de los productos básicos continúan elevados y afectan directamente el acceso de la población a la canasta alimentaria.
Además, el centro de estudios alertó sobre un posible repunte inflacionario en los próximos meses impulsado por dos factores principales: un eventual ajuste en el precio de los combustibles y la persistente presión cambiaria derivada de la escasez de divisas.
Respecto a los combustibles, recordó que el Decreto Supremo 5503 establece que en junio el Gobierno deberá evaluar una posible modificación de precios, una vez cumplidos seis meses de vigencia de la norma. Según el estudio, cualquier incremento tendrá efectos inmediatos sobre el transporte, la producción y la distribución de bienes.
A ello se suma la brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo, situación que encarece las importaciones y termina trasladándose a los precios internos. «Si estos factores se intensifican, la proyección oficial del 14,94% puede dejar de ser un techo y convertirse en un piso», advierte el documento.
El informe también considera especialmente preocupante que no existan previsiones de incrementos salariales para 2026, lo que, según el análisis, profundizaría la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
«El costo de la inflación ya está siendo absorbido por los trabajadores, que ven reducido su poder de compra sin posibilidades de ajuste inmediato en sus ingresos», sostiene el boletín.
También señala que la desaceleración del IPC en los primeros meses del año podría responder no a una mejora estructural de la economía, sino a una caída del consumo interno, debido a que muchos hogares ya no pueden sostener sus niveles habituales de gasto.
Finalmente, el centro de estudios concluye que el desafío económico no solo pasa por controlar la inflación futura, sino por enfrentar los efectos acumulados de varios años de incremento sostenido de precios, situación que ha deteriorado los ingresos reales y modificado los patrones de consumo, especialmente en los sectores más vulnerables.