Rubén Arias, economista y abogado.
La reciente reunión entre delegados bolivianos y la DEA en Washington significa algo más que una señal diplomática; representa reconocer que el narcotráfico no es un asunto solo de seguridad, sino una deformación profunda de la economía, el sistema judicial y el quehacer diario en Bolivia. Y que requiere de un trabajo internacional para combatirlo.
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Entendiendo esto, la medida liderizada por el presidente Rodrigo Paz y la dirección técnica del viceministro Ernesto Justiniano es un cambio de rumbo activo, basado en datos.
De acuerdo a las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia experimentó cerca de 34.000 hectáreas de cultivo de coca en 2024; eso significó un alza del 10% comparado con el año anterior. La producción total de coca tuvo un potencial de toneladas métricas, cotizadas en más de 618 millones de dólares. Adicionalmente, la producción potencial de cocaína podría llegar a las 394 toneladas métricas; esto pone al narcotráfico como un actor económico significativo, rivalizando con sectores legítimos. Esto nos habla de una economía subterránea que puede desvirtuar los precios, modificar las motivaciones productivas y minar la base formal del país.
En el ámbito legal, las consecuencias son así mismo notorias. El auge del narcotráfico aumenta el trabajo de los tribunales, mengua la aptitud investigativa estatal y expone al aparato de justicia a peligros de corrupción y sometimiento institucional. Por bastante tiempo, la escasez de apoyo internacional hizo de Bolivia una zona de protección en el esquema regional del narcotráfico, bajando la efectividad para perseguir organizaciones criminales internacionales conectadas.
En la dimensión social, la situación deja huellas innegables. La mayor fabricación incrementa la oferta interna de estupefacientes, bajando los precios y multiplicando la amenaza de uso. Esto se refleja en una presión mayor sobre el sistema de salubridad, un aumento de consecuencias relacionadas con la salud y una reducción de la capacidad productiva laboral. Asimismo, el narcotráfico guarda una relación estrecha con el recrudecimiento de la violencia en el país, con el incremento de asesinatos, sicariatos, inseguridad, etc., y el desgaste de las estructuras de convivencia pacífica de la sociedad.
La situación es, intrínsecamente, supranacional. Ninguna nación se encuentra en capacidad de abordarla por sí sola. Dicho esto, reanudar la colaboración con la DEA tras diecisiete años constituye un acierto práctico que eleva las aptitudes de investigación, optimiza los procedimientos de intercepción y restituye a Bolivia en el ámbito mundial de la lucha contra este flagelo de la humanidad.
Por mucho tiempo se confió en un sistema de regulación y control nacional, el cual exhibe hoy sus flaquezas ante el incremento constante de siembra de coca y fabricación de cocaína. Las cifras hablan por sí solas y fuerzan una reevaluación de los métodos.
El gobierno y sus autoridades de la materia parecen haber captado esta circunstancia y están promoviendo una modificación profunda que se fundamenta en la colaboración internacional, el intercambio de información de inteligencia y una visión completa del problema.
La reciente reunión en Washington debe verse como una muestra de madurez de las organizaciones estatales. Bolivia se enfrenta ahora a la posibilidad de aminorar el impacto negativo del narcotráfico sobre la economía formal, fortalecer su entramado legal y salvaguardar a sus habitantes.
No obstante, esto requiere una alineación de propósitos, constancia y firmeza en las decisiones políticas. La primera etapa está hecha. La historia dictará si Bolivia fue hábil de mantenerla.