Las protestas comenzaron el 1 de mayo con demandas centradas en la abrogación de la Ley 1720 y reclamos económicos. Cuatro semanas después, el conflicto se expandió territorialmente y derivó en pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
eju.tv / Video: RKC
Bolivia afronta este jueves 67 puntos de bloqueo activos en seis departamentos del país, en la jornada número 28 de movilizaciones que comenzaron el pasado 1 de mayo con protestas focalizadas principalmente en La Paz contra la Ley 1720 de conversión voluntaria de tierras y debido a la mala calidad del combustible, incremento de salarios y otras peticiones de los sectores movilizados entonces.
Según el reporte actualizado de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta pasadas las 09:00 se registraban 22 puntos de bloqueo en La Paz, departamento donde inició el conflicto, empero, al cumplir la cuarta semana son 45 puntos más distribuidos en Potosí, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz
El mapa actual del conflicto refleja una expansión progresiva de las medidas de presión, tanto en cantidad como en alcance territorial, respecto a los primeros días de mayo, cuando las movilizaciones estaban concentradas casi exclusivamente en carreteras y provincias del departamento paceño.
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Bloqueo en la localidad chuquisaqueña de San Lucas. Foto: Correo del Sur
Las protestas comenzaron formalmente el 1 de mayo impulsadas por sectores afiliados a la COB, organizaciones campesinas y grupos indígenas de Pando y Beni que rechazaban la Ley 1720, además de reclamar soluciones a la crisis de combustibles y demandas salariales.
En los primeros días del conflicto, los bloqueos se concentraron principalmente en rutas de La Paz, específicamente en la carretera hacia Oruro, en Desaguadero, el lago Titicaca, los Yungas y el norte paceño. El 8 de mayo ya se reportaban afectaciones en al menos 18 provincias paceñas debido a las medidas de presión vinculadas a la Ley 1720.
Posteriormente, el conflicto comenzó a extenderse hacia Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, inicialmente con puntos esporádicos y luego con bloqueos permanentes en rutas troncales. El 14 de mayo, dos semanas después del inicio de las protestas, la ABC reportaba 21 puntos de bloqueo activos, todavía con una concentración mayoritaria en La Paz. Sin embargo, pese a que el Gobierno avanzó con la abrogación de la Ley 1720, las protestas no disminuyeron y comenzaron a transformarse en demandas netamente políticas.
Otro punto de bloqueo en Cochabamba. Foto: ABC
Desde esa fecha, los sectores movilizados cambiaron las demandas sectoriales por la renuncia del presidente Rodrigo Paz. De ahí en adelante el conflicto escaló rápidamente ya que se incorporaron mineros, sindicatos fabriles, organizaciones campesinas, sectores afines al evismo, maestros rurales que desconocieron un acuerdo con el Ministerio de Educación y grupos movilizados regionales.
Para el 20 de mayo, los medios de comunicación ya reportaban más de 32 bloqueos activos en seis departamentos. Este jueves, la cifra llega a 67 puntos, la cantidad más alta desde el inicio del conflicto. Aunque las medidas de presión se expandieron a otras regiones, el departamento de La Paz continúa siendo el principal foco del conflicto y está prácticamente asfixiado.
La situación es dramática sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto; existe un agudo desabastecimiento de alimentos y lo poco que se encuentra está a precios exorbitantes, hay problemas en la provisión de combustible, se suspendieron en su totalidad las salidas interdepartamentales, e incluso hay dificultades para el traslado de oxígeno medicinal y medicamentos.
Un enfrentamiento en el centro paceño. Foto: Yndimedia
El Gobierno activó corredores y puentes aéreos con apoyo internacional para abastecer a La Paz y El Alto, pero no son suficientes para abastecer a la población de las dos ciudades.
Cabe señalar que lo que comenzó como una protesta sectorial contra la Ley 1720 evolucionó hacia una crisis eminentemente política con pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz. El propio Gobierno sostiene que existen sectores que buscan ‘desestabilizar’ al Órgano Ejecutivo aprovechando la crisis económica y el desgaste político.
Mientras tanto, las organizaciones movilizadas mantienen las medidas de presión y condicionan cualquier diálogo a cambios políticos y económicos más profundos. El pedido de dimisión del primer mandatario se erige como la principal demanda, aspecto que dificulta la negociación entre las partes en conflicto. El Gobierno asegura que atenderá las reivindicaciones de los sectores, pero no así los pedidos inconstitucionales.
El cerco en El Alto es contundente. Foto: Yndimedia
La pasada jornada, autoridades nacionales, dirigentes sociales e instituciones mediadoras participaron en reuniones impulsadas por la Vicepresidencia para intentar abrir una mesa de diálogo. La Conferencia Episcopal Boliviana prevé continuar las gestiones este jueves en un intento por frenar la escalada del conflicto y reducir los puntos de bloqueo que mantienen afectada la transitabilidad en una gran parte del territorio nacional.