1. Evaluación general de los primeros 6 meses del gobierno de Rodrigo Paz
En lo económico, Rodrigo Paz recibió probablemente la economía más compleja desde la crisis de los años 80: inflación de 20,4% en 2025, déficit fiscal cercano al 12% del PIB, reservas internacionales por debajo de los $us. 4.000 millones y fuerte escasez de dólares. En estos seis meses logró evitar un colapso inmediato mediante ajuste parcial del gasto, financiamiento externo y mayor apertura internacional. El PGE reformulado 2026 proyecta inflación de 14%, déficit de 9% y caída económica de -1,28%; sin embargo, FMI y Banco Mundial estiman una contracción superior al -3%.
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También hubo señales positivas iniciales: reducción temporal del dólar paralelo, mayor transparencia fiscal y acercamiento a organismos multilaterales. Sin embargo, persisten problemas estructurales graves: el dólar paralelo volvió a superar los Bs. 10, continúan las presiones inflacionarias y el sector hidrocarburos sigue debilitado por caída de producción, dependencia de importaciones de combustibles y una pésima calidad. Además, las reservas internacionales del BCB rondan los $us. 3.700 millones, niveles históricamente bajos para sostener estabilidad cambiaria y pagos externos.
En lo político, Paz inició con alta legitimidad electoral y respaldo urbano importante. Incluso llegó a superar 65% de aprobación al inicio de gestión. Sin embargo, seis meses después su popularidad cayó aproximadamente a 52%, reflejando desgaste acelerado por inflación, conflictos sindicales, problemas de abastecimiento de carburantes, leyes no consensuadas y mala gasolina.
Su principal fortaleza política fue instalar el debate sobre reformas estructurales: pacto fiscal, autonomías, modernización del Estado y reforma parcial de la CPE. No obstante, enfrenta una gobernabilidad limitada por presión sindical, protestas regionales y resistencias corporativas. Aunque tiene mayoría relativa legislativa, la conflictividad social puede dificultar la aprobación e implementación efectiva de las reformas económicas más profundas.
2. Cinco aspectos positivos y cinco negativos en lo económico
Aspectos positivos
1. Contención parcial de la crisis macroeconómica
El gobierno evitó una devaluación abrupta y un ajuste desordenado en los primeros meses. Aunque persiste presión cambiaria, inicialmente logró estabilizar parcialmente el mercado de divisas y disminuir filas por combustibles respecto a 2025.
2. Mayor disciplina fiscal inicial
El Ejecutivo anunció reducción del gasto público cercana al 30% en varias áreas administrativas y revisión de subsidios. Aunque insuficiente todavía, marcó un cambio respecto al fuerte expansionismo fiscal de años anteriores. La eliminación parcial de la subvención de carburantes fue clave, pero insuficiente.
3. Apertura financiera e internacional
El gobierno retomó negociaciones con BID, CAF, Banco Mundial y otros organismos. Existen compromisos multilaterales por varios miles de millones de dólares para apoyar estabilización fiscal y energética. Inclusive, después de años, emitió bonos soberanos, lo cual le dará liquidez por $us. 1.000 millones.
4. Debate estructural sobre autonomías y modelo económico
Por primera vez en años se planteó abiertamente discutir descentralización fiscal, reforma estatal y revisión parcial del modelo económico centralista; se plantea fortalecer las autonomías y aplicar un esquema 50/50 fiscal, dada la muy complicada situación financiera de los gobiernos subnacionales.
5. Mayor sinceramiento económico
El gobierno reconoció públicamente problemas antes minimizados: déficit fiscal elevado, deterioro de YPFB, crisis de reservas, subsidios insostenibles y caída del gas natural. Pero aun falta mucha información por transparentarse, sobre todo de sectores estratégicos y críticos.
Aspectos negativos
1. Persistencia de la crisis cambiaria
El dólar paralelo volvió a superar los Bs. 10 pese a medidas iniciales. Esto refleja desconfianza, baja oferta de divisas y expectativa de mayor inflación. Además, el tipo de cambio referencial del BCB (Bs. 10,31) refleja una pugna importante por divisas en el SFN, donde el Banco Unión marca tendencia cambiaria.
2. Reservas internacionales extremadamente bajas
Las RIN rondan los $us 3.706 millones, muy lejos de los más de $us. 15.000 millones que Bolivia tuvo en 2014. Además, una parte importante está en oro
(92%) y no en divisas líquidas (6%). Por lo tanto, hay muy baja liquidez para afrontar reformas cambiarias y fiscales que requiere el país, además de sus obligaciones. Esto presiona a buscar mayor endeudamiento público.
3. Crisis energética y de combustibles
Bolivia importa actualmente más del 80% del diésel que consume. La crisis de gasolina adulterada afectó más de 10.000 vehículos y obligó al Estado a pagar compensaciones superiores a $us. 3 millones. Esto no solo significa mayor gasto público, sino daño económico a nivel micro y perdida de credibilidad gubernamental.
4. Inflación y deterioro social
Aunque el gobierno proyecta inflación del 14% aproximadamente, organismos internacionales estiman niveles superiores al 20%. Esto afecta directamente a costos de alimentos, transporte y al poder adquisitivo de la población, el cual se esta volviendo a deteriorar por desabastecimiento y suba del dólar.
5. Recuperación económica todavía insuficiente
La economía sigue en recesión desde el 2024. El propio gobierno proyecta una caída económica del -1,28% para el 2026; mientras que el FMI y Banco Mundial prevén una contracción cercana al -3,3%. Además, Bolivia tiene desequilibrios macroeconómicos que aun no resuelve y una presión social creciente.
3. Evaluación económica del modelo 50/50 y de las leyes económicas propuestas por el gobierno
A) Modelo 50/50
El modelo 50/50 propuesto por Rodrigo Paz busca redistribuir los recursos fiscales e inversión pública entre el nivel central y las regiones. Actualmente, cerca del 80% del Presupuesto General del Estado es administrado por el Gobierno central, mientras gobernaciones y municipios dependen fuertemente de transferencias nacionales. La propuesta pretende que regiones controlen aproximadamente el 50% de los recursos públicos para ejecutar salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.
En términos económicos, el planteamiento responde a un problema real: Bolivia tiene un Estado altamente centralizado, pero con capacidad limitada para ejecutar inversión pública eficientemente. Muchas gobernaciones y municipios reclaman que generan recursos, pero reciben una participación relativamente baja. El modelo también busca reducir burocracia y acercar decisiones económicas a las regiones.
Aspectos positivos
1. Mayor eficiencia regional y menor burocracia
En Bolivia existen niveles bajos de ejecución pública nacional en varios proyectos estratégicos. La descentralización podría acelerar inversiones regionales en caminos, hospitales, riego y producción. Además, regiones productivas como Santa Cruz, Tarija y Cochabamba podrían dinamizar más rápido empleo y exportaciones.
2. Incentivo económico y productivo
Si departamentos retienen más ingresos, tendrán mayores incentivos para aumentar producción, atraer inversiones y ampliar recaudación tributaria. Esto podría fortalecer economías regionales y disminuir dependencia del Tesoro General del Estado (TGN).
3. Posible reducción del gasto estatal central
El Estado central administra actualmente alrededor de Bs. 90.000 millones en empresas públicas, muchas deficitarias. El modelo 50/50 podría obligar a racionalizar gasto, eliminar duplicidades y hacer más eficiente la estructura estatal.
4. Fortalecimiento de autonomías reales
Las autonomías en Bolivia existen constitucionalmente desde 2009, pero financieramente siguen muy limitadas. El modelo podría convertirlas en autonomías verdaderamente operativas y no solamente administrativas.
Aspectos negativos
1. Riesgo fiscal para el Gobierno central
El principal problema es que Bolivia enfrenta actualmente déficit fiscal cercano al 9% del PIB, equivalente a aproximadamente Bs. 30.000 millones anuales. Si el Gobierno central transfiere demasiados recursos sin redefinir competencias y gastos, podría complicarse el pago de deuda externa, bonos sociales, salarios y subsidios.
2. Regiones sin capacidad técnica suficiente
Muchos municipios pequeños no tienen estructura técnica, financiera ni institucional para administrar grandes presupuestos. El propio análisis técnico señala que el sistema requeriría cambios complejos en SIGEP, sistemas de control y estudios actuariales que todavía no fueron publicados.
3. Posible incremento de desigualdades regionales
Departamentos más productivos podrían avanzar mucho más rápido que regiones pobres. Sin fondos de compensación sólidos, podría ampliarse la desigualdad territorial y social en Bolivia.
4. Alto costo político y constitucional
La propuesta choca con al menos 41 normas y leyes vigentes, además de requerir modificaciones importantes a la Ley de Autonomías y posiblemente a la propia Constitución Política del Estado.
B) Paquete de 10 leyes económicas y reforma parcial de la CPE
Rodrigo Paz anunció un paquete de 10 leyes económicas vinculadas a hidrocarburos, inversiones, minería, electricidad, empresas públicas, autonomías, emprendedurismo y modernización estatal. También planteó una reforma parcial de la Constitución para facilitar inversión privada y cambios estructurales en el modelo económico. Estas reformas surgen porque el actual modelo estatal enfrenta fuertes limitaciones fiscales y financieras.
Bolivia atraviesa actualmente una combinación de recesión económica, inflación alta, déficit fiscal elevado, caída de producción de gas y escasez de divisas. El gobierno considera que sin reformas estructurales será imposible recuperar crecimiento sostenible y estabilidad macroeconómica.
Aspectos positivos
1. Mayor atracción de inversión privada
Bolivia necesita urgentemente inversión porque el Estado ya no tiene capacidad suficiente para sostener crecimiento. El gobierno logró mejorar el riesgo país de aproximadamente 2.100 a cerca de 400 puntos en pocos meses, señal positiva para mercados financieros internacionales.
2. Posible recuperación del sector hidrocarburos
La producción de gas cayó fuertemente en la última década y Bolivia perdió mercados regionales estratégicos. Una nueva Ley de Hidrocarburos podría atraer inversión extranjera para exploración y producción energética, y esto, consecuentemente en un mediano plazo mejorar ingresos fiscales en divisas.
3. Racionalización de empresas públicas deficitarias
El gobierno analiza cerrar o liquidar empresas públicas deficitarias en 90 días. Esto podría reducir presión fiscal y gasto improductivo. Aunque la tarea no será sencilla, hay trabas normativas y costos financieros y sociales altos ya que implica inclusive despidos masivos.
4. Mejora de disciplina macroeconómica
Las reformas buscan limitar financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalecer política monetaria más técnica. El propio Programa Monetario 2026 plantea reducir emisión y fortalecer reservas internacionales; sin embargo, a la fecha la deuda interna y emisión monetaria son aún muy elevadas.
Aspectos negativos
1. Riesgo de conflictividad social masiva
Sectores sindicales y sociales consideran que varias reformas implican “privatización” o “ajuste neoliberal”. Esto puede generar bloqueos, huelgas y desgaste político permanente, es decir una gobernabilidad muy frágil.
2. Ajuste económico con impacto social
La eliminación parcial de subsidios ayudó a reducir déficit, pero también elevó inflación y costo de vida. El propio gobierno reconoce inflación proyectada de 14%, aunque organismos internacionales prevén niveles superiores al 20%.
3. Riesgo de aplicación incompleta
Muchas reformas requieren aprobación legislativa y acuerdos políticos complejos. Sin gobernabilidad y sinergia política suficientes, varias leyes podrían quedar paralizadas o aplicarse parcialmente.
4. Dependencia excesiva del financiamiento externo
Bolivia necesita financiamiento internacional para estabilizar reservas y cubrir obligaciones externas. Aunque existen compromisos superiores a $us. 8.000 millones, depender demasiado de deuda externa también incrementa vulnerabilidad futura; además esta depende de la aprobación en la ALP.
4. Riesgos y amenazas económicas para el gobierno de Paz
El principal riesgo económico es que Bolivia entre en una crisis simultánea fiscal, cambiaria y energética más profunda. Actualmente el país enfrenta déficit fiscal cercano al 12% del PIB, inflación proyectada oficialmente en 14% y reservas internacionales alrededor de $us 3.706 millones, aunque las reservas líquidas son mucho menores (alrededor de 200 mmusd).
El problema más delicado es la escasez estructural de dólares. Bolivia pasó de tener más de $us. 15.000 millones de reservas en 2014 a niveles críticamente bajos. Además, gran parte de las actuales reservas está en oro y no en efectivo disponible. Esto limita la capacidad del BCB para estabilizar el tipo de cambio y abastecer importaciones.
Otro riesgo fuerte es el energético. Bolivia importa actualmente más del 80% del diésel que consume, y del 60% de la gasolina. La caída de producción de gas redujo exportaciones, ingresos fiscales y entrada de divisas. Esto obliga al Estado a gastar miles de millones de dólares anualmente en importación de combustibles, y subvenciones que aun ejercen importante presión fiscal.
También existe riesgo financiero. El BCB continúa enfrentando problemas patrimoniales y dependencia del financiamiento al sector público. Si el déficit
sigue alto, existe riesgo de mayor emisión monetaria, depreciación del boliviano e inflación más elevada.
En el ámbito social y político, el gobierno enfrenta presión salarial, protestas sindicales, bloqueos y conflictos regionales. La COB llegó a demandar incrementos salariales cercanos al 20%, mientras el crecimiento económico continúa negativo. Si el ajuste económico se profundiza sin acuerdos sociales, la conflictividad puede aumentar significativamente.
Externamente, Bolivia también es vulnerable a factores internacionales. Un conflicto prolongado en Medio Oriente podría elevar el precio internacional del petróleo por encima de $us. 100 el barril de manera continua. Eso aumentaría aún más el costo de importación de combustibles y presionaría el déficit fiscal y el dólar paralelo, generando efectos negativos graves para el país.
5. Retos y desafíos del gobierno hasta finales de 2026
El principal reto será estabilizar la economía sin provocar una crisis social o política mayor. Rodrigo Paz debe reducir inflación, estabilizar el tipo de cambio, recuperar reservas internacionales y disminuir déficit fiscal al mismo tiempo que mantiene gobernabilidad.
El problema es que Bolivia ya no tiene un colchón financiero: Las RIN cayeron más del 80% respecto a 2014 y los ingresos gasíferos disminuyeron drásticamente. Según datos oficiales, el país llegó a tener apenas $us. 50 millones líquidos en reservas utilizables en momentos críticos de la transición gubernamental.
Otro desafío será recuperar el crecimiento económico. El FMI y Banco Mundial proyectan contracción económica cercana al -3% en 2026, mientras el propio gobierno estima alrededor de -1,3%. Eso significa menor empleo, menor consumo y mayor presión social.
También deberá reconstruir confianza monetaria. Muchas familias y empresas continúan refugiándose en dólares por miedo a una devaluación futura. Mientras exista incertidumbre cambiaria, será difícil estabilizar el sistema financiero y atraer inversión privada.
El desafío energético será probablemente el más complejo. Bolivia necesita aumentar exploración de gas y petróleo, pero esos proyectos requieren inversiones multimillonarias y resultados de mediano plazo. Mientras tanto, continuará la dependencia de combustibles importados.
En lo político, Paz enfrenta una gobernabilidad frágil. Aunque mantiene apoyo relativamente importante, su popularidad cayó de 65% a aproximadamente 52% en seis meses debido al desgaste económico y social.
Además, deberá negociar constantemente con gobernaciones, empresarios, sindicatos y Asamblea Legislativa. Las reformas estructurales requieren estabilidad política y consenso social; sin eso, cualquier programa económico corre riesgo de fracasar.
6. Cinco propuestas económicas para estabilizar realmente la economía boliviana
1. Reducir gradualmente el déficit fiscal
Bolivia necesita bajar el déficit desde niveles cercanos al 10% del PIB hacia niveles menores al 4% en próximos años. Esto requiere reducir gasto improductivo, cerrar empresas públicas deficitarias y focalizar subsidios. El ajuste debe ser gradual para evitar una crisis social brusca.
2. Recuperar generación de dólares
La estabilidad económica depende de aumentar divisas. Bolivia necesita liberar exportaciones, incentivar agroindustria, minería, litio, hidrocarburos y turismo. Sin dólares suficientes no habrá estabilidad cambiaria sostenible.
3. Reforma integral del sector hidrocarburos
La caída del gas destruyó una de las principales fuentes de ingresos del país. Bolivia necesita una nueva Ley de Hidrocarburos que atraiga inversión privada, tecnología y exploración. Sin recuperar energía, será imposible estabilizar cuentas fiscales y externas.
4. Fortalecer independencia técnica del BCB
El Banco Central debe reducir financiamiento monetario al déficit fiscal y recuperar credibilidad. El Programa Monetario 2026 ya plantea limitar emisión y fortalecer reservas internacionales, pero todavía se necesitan reformas institucionales más profundas y de verdad.
5. Construir un gran pacto económico y social
Ningún ajuste será sostenible sin estabilidad política. El gobierno necesita acuerdos con empresarios, trabajadores, regiones y sectores sociales para reducir conflictividad y generar previsibilidad económica.
Finalmente, Bolivia necesita una estrategia de crecimiento sostenible de largo plazo. El modelo basado exclusivamente en gasto estatal, subsidios y exportación de gas ya mostró límites estructurales. El desafío de Rodrigo Paz será construir un nuevo modelo económico más productivo, exportador y financieramente sostenible sin destruir estabilidad social.
El equilibrio entre ajuste económico, crecimiento y gobernabilidad será decisivo para el futuro del país.
Mensaje final
Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos y políticos más delicados de las últimas décadas, marcado por déficit fiscal elevado, caída de reservas, crisis energética, inflación y escasez de divisas; sin embargo, también enfrenta una oportunidad histórica para corregir desequilibrios estructurales acumulados durante muchos años. Los primeros seis meses del gobierno de Rodrigo Paz muestran señales mixtas: se evitó un colapso inmediato y se abrió el debate sobre reformas profundas, pero los problemas centrales aún persisten. El éxito del gobierno dependerá de su capacidad para estabilizar la economía con responsabilidad técnica, recuperar confianza, atraer inversión, reconstruir el sector energético y, sobre todo, mantener gobernabilidad y paz social en medio de una crisis multidimensional muy compleja.