Ante la caída del PIB, la inflación y la escasez de divisas, el sector privado pide una hoja de ruta legislativa con decisiones inmediatas y plazos definidos.
Esa es la señal de fondo que lanzó este miércoles el principal bloque empresarial del país al pedir una Cumbre de Líderes Políticos para una Agenda Parlamentaria de Reactivación Económica, una convocatoria que, más allá del discurso institucional, revela una preocupación mayor: el sector privado considera que Bolivia ya no podrá salir del estancamiento únicamente con decretos o medidas administrativas, sino con acuerdos políticos que devuelvan certidumbre al mercado.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI), junto a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, la Cámara Boliviana de Turismo, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz y la Federación de Empresarios Privados de La Paz, decidieron asumir un rol inusual para el empresariado boliviano: pasar del reclamo sectorial a la articulación de consensos nacionales.
La propuesta es sentar en una misma mesa a los líderes Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Rodrigo Paz Pereira para consensuar una agenda legislativa mínima que permita destrabar normas económicas, generar señales de estabilidad y abrir un camino de recuperación.
“No buscamos protagonismos, buscamos resultados”, resumió el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, al advertir que el país requiere decisiones urgentes, con responsables definidos y plazos concretos.
Pero detrás de esa frase hay una conclusión más dura: el empresariado ya no confía en que la actual dinámica política, marcada por fragmentación y confrontación, pueda por sí sola ofrecer las condiciones para reactivar la economía.
Un país en punto de quiebre
La convocatoria empresarial llega cuando Bolivia atraviesa, probablemente, el momento macroeconómico más delicado de las últimas dos décadas.
El país cerró 2025 con una inflación acumulada de 20,4%, según datos reconocidos por el propio Gobierno al emitir en enero el Decreto Supremo 5517, norma que declaró “emergencia energética y social” en todo el territorio nacional debido a la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el deterioro del poder adquisitivo.
A ello se suma un crecimiento prácticamente nulo. El Presupuesto General del Estado había proyectado inicialmente un avance de apenas 0,9% para 2026 con un déficit fiscal superior al 10% del PIB, mientras estimaciones posteriores del Banco Mundial corrigieron ese escenario y anticipan incluso una contracción cercana al -3,2%, lo que colocaría a Bolivia entre las economías de peor desempeño en la región.
En paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) reconoce en su Programa Monetario 2026 que el país opera en un “entorno desafiante”, con necesidad de fortalecer reservas internacionales, contener la inflación y reducir la dependencia del financiamiento monetario al sector público.
Traducido al lenguaje de calle: menos dólares, más presión sobre precios, mayores costos de importación, dificultades para abastecer combustibles y un mercado que posterga inversiones mientras espera señales más claras.
Por qué los empresarios ahora miran al Parlamento
Hasta hace pocos meses, las cámaras empresariales concentraban sus demandas en temas puntuales: liberación de exportaciones, acceso a divisas, incentivos tributarios o provisión de carburantes.
Hoy el tono cambió. La razón es simple: el sector privado entiende que muchas de las medidas que podrían generar confianza no dependen exclusivamente del Ejecutivo, sino de leyes y acuerdos que deben pasar por la Asamblea Legislativa.
Entre ellas están: normas para atraer inversión privada; incentivos para sectores exportadores; mecanismos de seguridad jurídica; reformas energéticas e hidrocarburíferas y autorizaciones de financiamiento externo.
Sin esa arquitectura legal, el empresariado considera que cualquier plan de reactivación seguirá siendo parcial.
En términos económicos, la lógica es contundente: Bolivia no solo necesita liquidez, necesita credibilidad. Y la credibilidad no se decreta; se construye cuando el sistema político demuestra que puede aprobar reformas, garantizar reglas de juego y sostener decisiones más allá de la coyuntura. Ese es el verdadero trasfondo de la cumbre planteada.
Más que una reunión: una señal para el mercado
La lectura que hacen los industriales es que la economía está entrando en una zona donde la incertidumbre política tiene un costo directo. Cada ley postergada, cada disputa legislativa y cada falta de acuerdo se traduce en: proyectos de inversión en pausa, crédito externo más caro, mayor refugio en el dólar, importaciones más costosas y empresarios operando con estrategias defensivas.
Incluso en espacios ciudadanos y foros económicos independientes comienza a consolidarse una misma percepción: Bolivia enfrenta una erosión lenta de la confianza y el mayor riesgo no es un colapso repentino, sino la prolongación del estancamiento.
Por eso, la cumbre propuesta por la CNI no tiene únicamente un valor político interno. También busca enviar un mensaje hacia afuera: que el país todavía puede generar consensos para administrar la crisis y reconstruir condiciones mínimas de previsibilidad.
Para los mercados, esa diferencia no es menor. Un país con actores dialogando transmite posibilidad de reformas; uno con bloqueo institucional transmite inmovilismo.
El empresariado asume un papel que antes evitaba
La decisión de convocar directamente a presidenciables y líderes nacionales muestra además otro cambio de época. Tradicionalmente, el empresariado boliviano optaba por presionar técnicamente desde comunicados o reuniones bilaterales. Hoy da un paso más allá y se ofrece como facilitador de un pacto político.
Es un movimiento que refleja dos cosas: primero, que la magnitud de la crisis superó los márgenes habituales de negociación sectorial; y segundo, que el deterioro económico ya comenzó a afectar la base misma de la actividad productiva.
Industria, exportación, turismo, comercio y servicios están operando bajo costos crecientes, menor previsión cambiaria y consumo debilitado. En ese contexto, la neutralidad empresarial empieza a ser inviable.
La factura de no acordar
El mensaje de fondo es que Bolivia ya no discute solo cómo crecer, sino cómo evitar seguir perdiendo capacidad productiva mientras la política demora respuestas.
Si la cumbre prospera y deriva en una agenda parlamentaria concreta, el empresariado habrá logrado instalar un puente de gobernabilidad. Si fracasa, quedará expuesto que ni siquiera frente a una emergencia económica existe capacidad de construir mínimos comunes.
Y ese escenario tendría una consecuencia inmediata: más cautela inversora, menos flujo de capital y una recuperación todavía más lenta. Por eso, la convocatoria lanzada este miércoles no es una simple invitación al diálogo. Es la constatación de que la crisis económica ya empujó al sector privado a hacer lo que la política aún no consigue: intentar sentar a todos en la misma mesa.