Johnny Nogales Viruez
Hay momentos en los que un país empieza a deslizarse hacia escenarios que poco antes parecían imposibles.
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Bolivia parece acercarse peligrosamente a uno de esos momentos.
Después de casi cuatro semanas de bloqueos y desgaste económico, el país ya no enfrenta solamente un conflicto sectorial. Empieza a deteriorarse la convivencia nacional.
Las imágenes de pacientes instalando huelgas de hambre en El Alto para exigir que no se suspenda el servicio de hemodiálisis muestran hasta dónde está llegando esta crisis. Ya no se trata sólo de presión política. Hay vidas en riesgo, además de las que ya se perdieron.
El derecho a protestar es legítimo. Nadie discute eso. Pero una cosa muy distinta es paralizar regiones enteras, impedir el abastecimiento, cercar ciudades y amenazar con incendiar instituciones públicas, viviendas de ministros y casas de periodistas.
Bolivia ya vivió episodios similares en 2019, cuando el miedo se instaló en las calles paceñas, ardieron buses, fueron atacadas viviendas y muchos periodistas terminaron convertidos en objetivo de represalias políticas. No se puede permitir que la intimidación vuelva a convertirse en instrumento político.
Criticar errores del gobierno nunca puede significar avalar dinámicas que empiezan a poner en riesgo la convivencia democrática.
Porque existe un hecho que debe reconocerse. El gobierno abrió amplios espacios de diálogo y hasta fue criticado por ello. Negoció el levantamiento del DS 5503 en la sede campesina de El Alto. Retrocedió con la Ley 1720. Instaló incluso un Concejo Económico y Social encabezado por el propio presidente Rodrigo Paz Pereira.
Pero el conflicto no se desactivó. En muchos casos ocurrió exactamente lo contrario: cada concesión parecía generar nuevas exigencias. Nada es ni será suficiente.
Y eso obliga a abandonar ciertos análisis ingenuos.
Hay momentos en los que la protesta deja de ser sólo protesta. Porque exigir la renuncia del Presidente en medio de bloqueos, amenazas y presión sostenida ya no es solamente disenso político. Es una estrategia deliberada de erosión de la gobernabilidad.
Hay una pregunta inevitable.¿Quién sostiene durante semanas estructuras permanentes de bloqueo, movilización y presión? Todo eso requiere logística, coordinación, recursos y financiamiento.
A ello se suma la circulación sistemática de rumores, noticias falsas y mensajes orientados a generar incertidumbre, que difunden supuestas renuncias, fugas o fracturas internas. Eso tampoco surge espontáneamente.
Y aquí aparece un punto extremadamente delicado.
Hay advertencias y preocupaciones internacionales sobre la posible presencia de estructuras ilegales -incluido el narcotráfico- intentando incitar escenarios de conflictividad para debilitar al Estado y ampliar espacios de poder.
Eso no significa estigmatizar a todos los sectores movilizados. Pero tampoco ignorar que esos elementos empiezan a formar parte del análisis interno y regional sobre la situación boliviana.
Mientras tanto, dentro del propio oficialismo reaparecen señales de reconfiguración del poder.
El vicepresidente ha mantenido una posición crítica y hasta opositora respecto a su propio gobierno prácticamente desde el inicio. Por eso resulta inevitable preguntarse si esta crisis también está siendo utilizada como escenario de reposicionamiento político interno.
En las reuniones que viene sosteniendo con la Iglesia, la Defensoría y otros actores no ha pronunciado una sola palabra de condena a los bloqueos. Se ha concentrado en buscar acuerdos para permitir la provisión de alimentos, medicinas y combustible. Y en política, quien aparece resolviendo una crisis no sólo gana protagonismo; empieza también a disputar conducción.
Las crisis no sólo desgastan gobiernos. También redistribuyen poder.
Precisamente por la gravedad del momento, hay algo que debe quedar claro: criticar errores del gobierno no significa avalar escenarios de desestabilización. Bolivia necesita preservar la continuidad democrática.
Porque cuando una sociedad empieza a acostumbrarse al bloqueo permanente y al miedo, como factores de erosión de la autoridad estatal, el daño termina alcanzando a todo el sistema democrático.
El diálogo sigue siendo indispensable. Pero el diálogo no puede sostenerse indefinidamente bajo coerción.
Hay momentos en los que los países cruzan límites que luego ya no saben cómo desandar.
La pregunta es si Bolivia todavía está a tiempo de detener esta escalada de insania.