Fernando Untoja
La crisis boliviana ya no puede explicarse solamente por errores económicos, corrupción o disputas políticas pasajeras. El problema es más profundo: Bolivia enfrenta las consecuencias de una arquitectura constitucional incoherente que terminó debilitando al propio Estado. Cuando una Constitución deja de organizar racionalmente el poder y comienza a producir parálisis, el resultado inevitable es la descomposición económica, institucional y moral de la sociedad.
La Constitución Política del Estado instauró un modelo “Plurinacional” que mezcló principios incompatibles. Por un lado, mantuvo elementos del Estado republicano moderno; por otro, incorporó una lógica corporativa donde los movimientos sociales y sectores organizados adquieren capacidad permanente de presión sobre el Estado. El resultado fue una estructura híbrida e inestable: un Estado que pretende representar el interés general, pero que funciona bajo la lógica de privilegios sectoriales.
Desde una perspectiva filosófica, esta contradicción destruye la idea misma de ciudadanía. El ciudadano deja de ser sujeto universal de derechos y deberes para convertirse en miembro de corporaciones que disputan recursos, poder y privilegios. El Estado ya no aparece como árbitro racional, sino como botín capturado por grupos organizados capaces de bloquear carreteras, paralizar ciudades o presionar políticamente para obtener ventajas. La política abandona la institucionalidad y entra en la lógica de la coerción permanente.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
A esta contradicción se añadió una camisa de fuerza contra el sistema económico. El exceso de intervencionismo estatal, la inseguridad jurídica y la sospecha ideológica contra la propiedad privada terminaron debilitando la inversión, destruyendo confianza y erosionando la capacidad productiva del país. Ninguna economía puede sostenerse cuando el marco constitucional transmite incertidumbre permanente sobre las reglas del juego. La actual crisis —escasez de dólares, deterioro productivo, informalidad creciente y pérdida de reservas— es también consecuencia de esa construcción política.
Sin embargo, el problema adquiere una dimensión aún más grave: la Constitución y las leyes derivadas construyeron mecanismos que dificultan cualquier transformación profunda incluso si el oficialismo pierde el poder. La Ley 1341 y las limitaciones relacionadas con los artículos 137 y 139 de la Constitución expresan precisamente esa lógica de bloqueo institucional.
Aunque eventualmente se abrogue la Ley 1341, el problema de fondo podría permanecer intacto. Sectores opositores atrapados en el legalismo constitucional —e incluso el propio oficialismo— podrían recurrir al artículo 139, numeral III, que establece que “los estados de excepción serán regulados por la Ley”, para limitar o bloquear medidas extraordinarias en un contexto de colapso estatal. En otras palabras, el entramado constitucional podría convertirse en un mecanismo de inmovilización política aún frente a una crisis extrema.
Aquí emerge la gran contradicción filosófica del modelo boliviano: una Constitución diseñada para limitar el poder puede terminar incapacitando al Estado para defenderse de su propia desintegración. El hiperlegalismo procedimental, que en tiempos normales puede presentarse como garantía democrática, en condiciones de crisis estructural puede transformarse en un instrumento que prolonga la agonía nacional.
La situación revela además otro fenómeno inquietante: incluso sectores opositores terminan defendiendo los límites impuestos por el mismo sistema que critican. El debate deja entonces de girar en torno a cómo reconstruir el Estado y se reduce a la administración jurídica de la decadencia.
Las consecuencias ya son visibles. Se destruyen las instituciones, se debilita la autoridad pública, crece la violencia y desaparece el sentido de responsabilidad común. La crisis deja de ser solamente económica y se convierte en crisis de civilización política. También la familia y la ciudadanía se erosionan cuando el Estado deja de garantizar orden, previsibilidad y horizonte colectivo.
Bolivia enfrenta así un problema histórico mucho más profundo que un simple cambio de gobierno. El verdadero desafío consiste en reconstruir una Constitución coherente capaz de restablecer la relación entre autoridad, libertad, economía e institucionalidad. Porque ningún país puede sobrevivir indefinidamente cuando su propio orden constitucional termina bloqueando la posibilidad de salvar al Estado.