Observan con preocupación que la agudización de un conflicto haya dado paso al chantaje de sectores que buscan imponer criterios mediante el bloqueo. A pesar de los cuestionamientos, destacan que se extremen esfuerzos para posibilitar acercamientos entre sectores movilizados y autoridades de gobierno. Lamentan que nuevamente se den señales de que la justicia nacional es susceptible a presiones y chantajes, cuando se requiere que la norma sea de cumplimiento estricto e igualitario parta todos los ciudadanos.
Fuente: El Diario
Pese a que la reciente determinación judicial que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, puede ayudar a viabilizar el diálogo y pacificar el país, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, advirtió que no es una buena señal que la justicia dependa de algún gobierno o de chantajes.
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En criterio de la autoridad universitaria, es destacable que se extremen esfuerzos para posibilitar acercamientos entre sectores movilizados y autoridades de gobierno, sobre todo para superar la situación de crisis alimentaria y sanitaria por la que actualmente atraviesan las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por medidas de presión radicales cuyo trasfondo es netamente político.
“Si con esto se pacifica el país, de repente está bien, porque hay mucha gente que está sufriendo y pasando hambre por culpa de los bloqueos”, dijo.
A pesar de desatacar los esfuerzos por posibilitar el diálogo, Vargas observó con preocupación que la agudización de un conflicto que ya se extendió por un mes, haya dado paso al chantaje de sectores que buscan imponer criterios mediante el bloqueo y la afectación al sector productivo.
En ese contexto, lamentó que nuevamente se den señales de que la justicia nacional es susceptible a presiones y chantajes, cuando se requiere que la norma sea de cumplimiento estricto e igualitario parta todos los ciudadanos.
“No debe depender de ningún gobierno, debe cumplirse para todos. Por ello, no es un buen signo el ver que una justicia se tenga que someter al chantaje de estos grupos”, añadió.
Además, recordando que la justicia debe mantener siempre un carácter de ente completamente independiente, Vargas apuntó que una determinación inicial para abrir un proceso contra determinada persona, responde a que se detectó una conducta contraria a la norma, por lo que dicha decisión no puede estar sujeta a chantajes o presión, ya que, de ser así, se estaría enviando un peligroso mensaje a la ciudadanía.
Finalmente, puntualizando que los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, son entes absolutamente independientes en los que no existe lugar para ningún tipo de sometimiento personal o de una entidad sobre otra, Vargas insistió en que se debe respetar la institucionalidad y “quien comete delitos debe responder ante la justicia”.
El viernes, un tribunal dio curso a un recurso de Acción de Libertad con el que se dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
Previamente, sectores actualmente movilizados habían condicionado su asistencia al dialogo con autoridades, al levantamiento de dicho requerimiento judicial.
Argollo fue denunciado junto a otros líderes de las movilizaciones, tras los hechos de violencia que se registraron en el contexto de los bloqueos y el actual conflicto social impulsado por sectores que inicialmente demandaban reivindicaciones salariales y posteriormente pasaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Desde la emisión de la orden de aprehensión, Argollo se declaró en la clandestinidad y se pronunció mediante videos.
Legisladores como el paceño Alejandro Reyes, habían afirmado que los delitos cometidos por bloqueadores, dirigentes y sus bases contra la ciudad de Sede de Gobierno y su población, se asemejan a “crímenes de guerra”, que no pueden ni deben ser negociados bajo ningún punto de vista.
Según reyes, lo único que se lograría con una medida de estas características sería dar impunidad a una dirigencia que actúa al margen de la ley y ha atentado contra la seguridad de la población.
“Los paceños hemos sido víctimas prácticamente de un crimen de guerra, por lo tanto, no podemos perdonarles a los autores intelectuales y materiales de ello, me parece que esto sería completamente innecesario”, sostuvo.
Ante los criterios que piden considerar cualquier posibilidad de viabilizar un diálogo que pacifique el país, Reyes afirmó que, aunque la justicia haya ordenado anular la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, el dirigente aún debe responder por muertes provocadas por la privación de alimentos, medicamentos, combustibles y otros suministros esenciales para la población paceña durante las medidas de presión.
Fuente: El Diario