Entre las disposiciones destaca el programa «Borrón y Cuenta Nueva», que contempla la condonación total de deudas tributarias menores a Bs 10 millones generadas hasta diciembre de 2018, permitiendo liberar cuentas.
La Cámara de Senadores sancionó este jueves el proyecto de ley 246/2025-2026, Ley de Alivio Tributario, dejando la norma lista para su promulgación por parte del Órgano Ejecutivo. La iniciativa plantea una serie de medidas destinadas a reducir la presión tributaria, facilitar la regularización de deudas y simplificar el sistema impositivo para pequeños contribuyentes.
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La norma fue aprobada en esta jornada durante la 111.ª Sesión Ordinaria del Senado, en sus estaciones en grande y detalle, y en las próximas horas será remitida al Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto establece nuevas reglas entre el Estado y los contribuyentes, con el objetivo de otorgar mayor certidumbre y limitar los tiempos de fiscalización tributaria. Actualmente, una auditoría puede extenderse hasta ocho años; sin embargo, la nueva propuesta reduce ese plazo a un máximo de cuatro años y fija que cada proceso deberá iniciarse y concluir en no más de dos años.
Según información difundida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la ley también crea un nuevo régimen tributario especial denominado SIETE, dirigido a pequeños proveedores con ventas anuales menores a Bs 400 mil. Este mecanismo, de carácter voluntario, permitirá pagar un único tributo del 5% bimensual sobre el ingreso bruto, integrando en un solo pago el IVA, el IUE y el IT.
La entidad tributaria resumió en cinco medidas centrales los alcances de la propuesta, que apunta a «oxigenar el bolsillo de los bolivianos» y fomentar la formalidad económica.
Entre las disposiciones destaca el programa «Borrón y Cuenta Nueva», que contempla la condonación total de deudas tributarias menores a Bs 10 millones generadas hasta diciembre de 2017, permitiendo liberar cuentas y bienes congelados de miles de contribuyentes.
Asimismo, la norma incorpora facilidades de pago de hasta 24 meses para deudas posteriores a enero de 2018, eliminando intereses y sanciones, además de reducir los plazos de fiscalización para evitar procesos prolongados.
Otro de los puntos relevantes es el ajuste del IVA a una tasa efectiva real del 13%, eliminando el denominado «impuesto sobre el impuesto», con el fin de simplificar cálculos y reducir errores que derivan en multas.