El caso Tariquía ya no puede leerse solo como un conflicto ambiental. Es, sobre todo, una radiografía incómoda del Estado boliviano: un Estado que proclama derechos en la Constitución, firma tratados internacionales, habla de Madre Tierra en los foros globales, pero en la práctica permite que quienes defienden el territorio, el agua y la vida terminen sentados en el banquillo de los acusados.
La absolución de los 12 defensores de Tariquía constituye un hito jurídico y político. No porque el sistema haya funcionado de manera ejemplar, sino porque, después de años de persecución, quedó en evidencia la fragilidad de una acusación penal usada contra personas que ejercían derechos fundamentales: protesta pacífica, defensa ambiental, participación ciudadana y protección de bienes comunes. El proceso penal se originó por vigilias y protestas realizadas entre 2018 y 2019, y en mayo de 2026 los defensores fueron absueltos tras más de 15 horas de juicio, ante la falta de pruebas materiales y la imposibilidad de demostrar daños concretos.
Lo grave no es solo que se haya acusado a defensores ambientales. Lo más alarmante es el mensaje político que este tipo de procesos envía a la sociedad: defender un área protegida puede costarte años de angustia, estigmatización y persecución judicial. Ese mensaje es incompatible con un Estado democrático de derecho. En una democracia real, el Estado protege a quienes defienden derechos; no los intimida. Escucha a las comunidades; no las convierte en enemigas. Garantiza la consulta previa; no la reduce a un trámite posterior, parcial o cuestionado.
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Tariquía es una reserva nacional, un ecosistema estratégico para Tarija y Bolivia, y un territorio donde comunidades campesinas han sostenido formas de vida vinculadas al bosque, al agua y a la producción local. El conflicto se profundizó con el Decreto Supremo 2366, que habilitó actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, incluyendo Tariquía, abriendo una tensión directa entre el modelo extractivo estatal y la protección constitucional de la naturaleza.
Ahí aparece una contradicción de fondo: el Estado boliviano reconoce constitucionalmente los derechos de los pueblos, la protección de áreas protegidas, la consulta previa y los derechos de la Madre Tierra, pero cuando esos derechos chocan con intereses extractivos, la maquinaria estatal parece inclinarse por el petróleo antes que por la vida. Esa es la contradicción que Tariquía desnuda con crudeza.
La Sentencia Constitucional Plurinacional 0064/2016 fue un momento clave, porque abordó el alcance de la consulta previa frente al Decreto Supremo 2366. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró constitucional el decreto y sostuvo que la falta de consulta no anulaba automáticamente la norma, aunque ordenó promover diálogo y consulta. Esa interpretación ha sido duramente cuestionada porque vacía de contenido el carácter “previo” de la consulta: si la consulta llega después de la decisión estatal, deja de ser una garantía y se convierte en una formalidad tardía.
Por eso Tariquía no solo interpela al Ejecutivo. También interpela al sistema judicial. Cuando los tribunales no protegen oportunamente a las comunidades, cuando evitan entrar al fondo del conflicto, cuando permiten que la defensa del territorio sea tratada como delito, la justicia deja de ser garantía y se convierte en parte del problema. El caso revela los límites del control constitucional frente a políticas de Estado y muestra una brecha profunda entre el discurso jurídico y la tutela efectiva de derechos.
La persecución penal contra defensores ambientales no es un hecho menor ni aislado. En el marco del Acuerdo de Escazú, Bolivia tiene la obligación de proteger a las personas defensoras del ambiente, prevenir ataques en su contra e investigar cualquier forma de amenaza, intimidación o criminalización. Si el Estado ratifica acuerdos internacionales, pero internamente permite procesos penales contra quienes defienden territorios, entonces su compromiso no pasa de ser retórico. El propio caso Tariquía ha sido señalado como una muestra de incumplimiento de los estándares de Escazú y de las obligaciones estatales frente a defensores ambientales.
La absolución de los defensores de Tariquía debe entenderse como un nuevo referente en el marco del derecho y de la defensa de los defensores de derechos humanos. Marca un precedente porque recuerda que la protesta ambiental no es delito, que la defensa del agua no es sabotaje, que la vigilancia comunitaria no es amenaza, y que proteger un área protegida no puede ser tratado como una conducta criminal.
Pero este hito no debe llevarnos a celebrar demasiado pronto. Una absolución no borra los años de persecución. No devuelve el tiempo perdido. No repara automáticamente el daño moral, familiar, económico y comunitario causado por un proceso penal injusto. La absolución demuestra que los defensores no debieron ser criminalizados; por eso mismo, el Estado debe asumir responsabilidad política e institucional.
Tariquía deja una lección central: cuando el Estado persigue a defensores de derechos humanos, no solo ataca a personas concretas; debilita la democracia, rompe la confianza pública y envía una advertencia peligrosa a todas las comunidades que defienden sus territorios. Si defender derechos se vuelve riesgoso, entonces los derechos existen solo en el papel.
Por eso, el caso Tariquía debe convertirse en un punto de inflexión. El Estado boliviano debe cesar toda forma de criminalización contra defensores ambientales, garantizar consultas previas reales, respetar las áreas protegidas y adecuar su actuación a los estándares constitucionales e internacionales. La justicia, por su parte, debe dejar de ser una puerta cerrada para las comunidades y convertirse en una garantía efectiva frente al abuso de poder.
Tariquía no es solo una reserva. Es una prueba ética para Bolivia. Y la absolución de sus defensores confirma algo fundamental, defender la vida, el agua y el territorio no es un crimen. El verdadero peligro para el Estado de derecho está en perseguir a quienes se atreven a recordarlo.