El crimen del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, sigue envuelto en interrogantes. Mientras la investigación avanza sin resultados concluyentes, magistrados y jueces del país reforzaron sus medidas de seguridad y restringieron actividades públicas por temor a nuevos ataques.
La cronología del caso
30 de abril: el ataque
Víctor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, fue atacado por hombres armados mientras circulaba en un vehículo en Santa Cruz. La Fiscalía confirmó posteriormente que recibió cuatro impactos de bala y murió poco después del atentado.
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1 y 2 de mayo: operativos y primeras hipótesis
La Policía activó retenes y operativos de búsqueda en Santa Cruz. Paralelamente comenzaron a surgir hipótesis vinculadas a conflictos de tierras, decisiones judiciales agroambientales y posibles afectaciones a intereses económicos ilegales.
Primeros días de mayo: condena nacional e internacional
El Tribunal Agroambiental exigió una investigación exhaustiva y la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió evitar la impunidad. El crimen abrió además un debate sobre la vulnerabilidad de jueces y magistrados frente a organizaciones criminales o redes de presión.
13 de mayo: persisten las dudas
Hasta este martes no se conocieron resultados definitivos sobre los autores intelectuales ni sobre el móvil oficial del asesinato. La investigación continúa en reserva y el crimen sigue rodeado de incertidumbre.
“Ha cambiado mi vida”
El impacto del caso llegó directamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La magistrada decana Rosmery Ruiz Martínez admitió que el asesinato dejó una “sensación de inseguridad” entre magistrados y autoridades judiciales.
“Ha cambiado mi vida”, afirmó la magistrada durante una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER. Explicó que antes del crimen mantenía contacto frecuente con ciudadanos y litigantes, pero que ahora debe cumplir protocolos estrictos de seguridad.
“Me gustaba salir por las calles de manera libre, como un ciudadano común. Me gusta compartir con la población, me gusta escuchar a las partes. No quiero ser esa magistrada encerrada en cuatro paredes”, señaló Ruiz Martínez.
La magistrada reveló además que varias actividades públicas y reuniones directas con ciudadanos tuvieron que restringirse tras el asesinato de Claure.
“Los protocolos de seguridad nos impiden recibir la visita de muchas personas”, afirmó.
Un sistema judicial bajo presión
Ruiz Martínez también advirtió que el crimen dejó una fuerte zozobra dentro del Órgano Judicial. Aunque aseguró que los magistrados continuarán emitiendo fallos, reconoció que el asesinato reflejó el nivel de presión que enfrentan algunas autoridades judiciales.
“Cuando se tocan las fibras íntimas de una organización criminal ocurren estos hechos”, sostuvo la magistrada.
El asesinato de Claure no solo expuso debilidades en materia de seguridad institucional. También instaló una pregunta incómoda para el Estado: si un magistrado de alto nivel puede ser ejecutado en plena vía pública y el caso seguir irresuelto casi dos semanas después, ¿qué garantías reales existen para quienes administran justicia en Bolivia?