Vecinos increpan a los dirigentes de los marchistas, pero también hay desgaste entre los manifestantes que llegaron ayer al centro del poder político del país. El Ejecutivo se inclinó por el diálogo antes que por una declaratoria del estado de excepción.
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La movilización partió ayer de la Ceja de El Alto con miles de personas y avanzó hacia la sede de Gobierno bajo un fuerte despliegue policial. La llegada de grupos con palos, hondas e indumentaria del tinku encendió las alertas y llevó a la Policía a pedir a la población que evite transitar por calles próximas a la plaza Murillo.El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló al inicio de la jornada que se había activado un plan de “contingencia” ante el riesgo de hechos de violencia.
La columna tardó al menos 45 minutos en pasar por la zona de La Portada, un punto estratégico de ingreso a La Paz, y comenzó a fragmentarse al llegar a la Garita de Lima. Una parte de los marchistas tomó vías alternas hacia el centro y otro grupo se dirigió por la calle Ingavi, sin concentrarse plenamente en la plaza de la Basílica Menor de San Francisco, el tradicional espacio de las movilizaciones populares.
La protesta llegó al centro disminuida y en medio de expresiones de vecinos que aplaudían a los policías. Otros increpaban a los manifestantes con gritos de “vayan a trabajar”y esto fue el reflejo del agotamiento ciudadano por el desabastecimiento, las filas por combustible y el incremento de precios. Además, en varios puntos dirigentes vecinales fueron cuestionados por ciudadanos que los responsabilizaron por la crisis con falta de alimentos y medicinas.
A la altura del reloj de la avenida Pérez Velasco, una mujer aymara que era parte de las protestas declaró su cansancio. Aseguró que su lucha es “para evitar la privatización de las empresas”. El Gobierno negó esa posibilidad y denunció una campaña de desinformación en la que participan extranjeros. En estas seis semanas de conflicto se identificó a exlegisladores de izquierda de Argentina participando de movilizaciones donde se pidió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los momentos de mayor tensión se dieron en inmediaciones de la avenida Sucre y calles próximas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. La Policía reforzó los accesos a la plaza Murillo, dispersó a grupos de manifestantes y arrestó a cerca de una veintena de personas hasta media tarde, según los reportes preliminares. En la violenta movilización del 18 de mayo, la Felcc ya había sido asediada y se quemaron un vehículo y dos motocicletas; esta vez, la Policía evitó que se repitiera ese escenario.
Entre los arrestados estuvo Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari y uno de los líderes de los bloqueos contra La Paz. Salazar fue interceptado cerca de las calles Ballivián y Loayza, a dos cuadras de la plaza Murillo, y conducido a dependencias policiales. Horas antes, había ratificado que su sector se mantenía “en pie de lucha” hasta lograr la renuncia del Presidente y advirtió que el Gobierno debía “dejar el poder de manera voluntaria o irse en medio de una convulsión”
El arresto de Salazar provocó una reacción inmediata de sectores movilizados y del expresidente Evo Morales, quien expresó su respaldo. La Federación Túpac Katari denunció que el hecho fue percibido por sus bases como una acción orientada a “acallar la voz” de quienes dicen representar demandas sociales.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, informó que Salazar fue liberado y aclaró que no existía una orden de aprehensión en su contra. Explicó que el dirigente fue “conducido” en medio de la movilización, pero que una acción de libertad emitida por una autoridad judicial dejó sin efecto anteriores órdenes para detenerlo. “El señor Vicente Salazar está en plena libertad en este momento”, afirmó.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó luego que el arresto se produjo por su participación en las movilizaciones, pero remarcó que el Gobierno cumplió la decisión judicial que favorecía al dirigente. También aseguró que el Ejecutivo mantiene abiertos canales de diálogo con distintos sectores, aunque evitó revelar nombres para no exponer a dirigentes que, según dijo, fueron amenazados por grupos radicales. “Esta ciudad no va a seguir secuestrada por personas que vienen de otros lados a sembrar violencia y a lastimar la economía del pueblo”, afirmó Gálvez
Gálvez también respondió a quienes reclaman la declaratoria de un estado de excepción. Dijo que cualquier decisión vinculada a la seguridad será manejada con “discreción” y que el Gobierno actuará primero y luego informará. Aseguró que el Ejecutivo no repetirá “errores del pasado”.
Sostuvo que el diálogo empieza a destrabar los conflictos y que, poco a poco, se incrementa la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible. “Estamos avanzando mucho”, afirmó el funcionario.
