El caso está relacionado con el Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano que controla la Soboce. De acuerdo con la investigación española, la empresa requería apoyo en Bolivia debido a varios procesos judiciales.
eju.tv / Video: Cadena A
La bancada de Libre en la Cámara de Senadores solicitó este miércoles la conformación de una comisión especial de investigación para esclarecer las denuncias de un presunto de tráfico de influencias que involucraría al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y al expresidente Luis Arce. La iniciativa fue presentada por la jefa de bancada de Libre, Tomasa Yarhui, quien sostuvo que las recientes revelaciones que surgen en España ameritan una investigación legislativa para determinar si hubieron gestiones irregulares destinadas a favorecer intereses privados en litigios que involucraban al Estado boliviano.
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«Estamos solicitando al pleno de la Cámara de Senadores la creación de una comisión especial de investigación para esclarecer las denuncias sobre un presunto tráfico de influencias que involucra directamente las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero y de Luis Arce», afirmó Yarhui.
La legisladora hizo referencia a una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, que atribuye a Zapatero el cobro de 200 mil euros de un grupo empresarial peruano a cambio de interceder ante autoridades bolivianas para favorecer determinados intereses económicos.
«Esta denuncia no surge en Bolivia, sino en España, y fue realizada por una unidad especializada de la Policía española, que señala contar con pruebas que demostrarían que Zapatero realizó gestiones con el entonces presidente de Bolivia y varios de sus exministros para justificar el cobro de esos recursos mediante un presunto tráfico de influencias, utilizando para ello contratos simulados con una sociedad interpuesta», afirmó la legisladora.
Según la investigación, los recursos habrían sido canalizados mediante un supuesto contrato de asesoría ficticio suscrito con una empresa sin actividad real, que habría servido para justificar las transferencias económicas.
El caso está relacionado con el Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano que controla la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). De acuerdo con la investigación española, la empresa requería apoyo en Bolivia debido a varios procesos judiciales y administrativos que enfrentaba desde hace más de una década.
Entre ellos figura la demanda por competencia desleal interpuesta por la Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa), que derivó en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en febrero de 2025, obligando a Soboce a pagar aproximadamente 107 millones de dólares por daños y perjuicios.
A este conflicto se suman otros procesos vinculados con la compensación por la nacionalización de acciones de la cementera y un cargo fiscal estimado en 12 millones de dólares.
Yarhui sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de investigar cualquier indicio de injerencia indebida en decisiones estatales y determinar si autoridades bolivianas participaron o facilitaron gestiones que pudieran haber beneficiado intereses particulares en perjuicio del país. Agregó que el pedido será puesto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores en los próximos días.
