La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra abrirá un período de regularización tras las auditorías al sistema de recaudaciones. Quienes no cancelen las diferencias adeudadas podrían enfrentar acciones legales..
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«Nosotros hemos iniciado un trabajo de revisión, una auditoría interna y también la Contraloría se ha sumado para hacer una auditoría. Yo calculo que en algunas semanas vamos a saber desde cuándo, quiénes y cuánto se le ha robado a Santa Cruz de la Sierra. En función a eso, lógicamente, ya se van a tomar las acciones. Nosotros vamos a asumir buena fe de los ciudadanos y que muchos pagaban lo que el pícaro les pedía sin saber, porque al final usted no sabe cuánto debe de impuestos», indicó el edil en una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER.
La autoridad explicó que la Alcaldía inició una revisión interna de los registros tributarios tras detectar presuntas manipulaciones en el sistema de recaudaciones, que habrían permitido disminuir deudas impositivas mediante modificaciones irregulares de datos catastrales y tributarios.
Según Saavedra, las investigaciones cuentan también con la participación de la Contraloría y buscan determinar desde cuándo operó el mecanismo, quiénes estuvieron involucrados y cuál fue el daño económico ocasionado al municipio.
Para ello, el Gobierno Municipal habilitará un período de “arrepentimiento voluntario” una vez que se identifiquen los casos observados.
«Vamos a iniciar, una vez tengamos estos datos, un periodo de arrepentimiento. La deuda impositiva va a continuar como estaba originalmente y el ciudadano va a tener que pagar la diferencia. Por ejemplo, si había una deuda de un millón y solo ingresaron Bs 2.000 por esa deuda de un millón, porque hubo este tema, se deben 800.000 y la persona tiene que pagar los 800.000. Si no lo hace, ya tendremos que seguir acciones legales», advirtió.
Mafia en recaudaciones
En la entrevista, el burgomaestre señaló que, como parte del balance de su primer mes de gestión, se denució la existecia de una presunta “mafia de las recaudaciones” que habría operado dentro del municipio. Según sus estimaciones, entre Bs 300 y 500 millones se habrían dejado de percibir debido a alteraciones en el sistema informático utilizado para el cobro de impuestos.
La autoridad indicó que, tras asumir el cargo, se intervino y se blindó el área de recaudaciones. Además, se retiró al personal involucrado y se reforzaron los controles de acceso al sistema. Entre las medidas adoptadas, se redujo de 140 a menos de 40 el número de usuarios con permisos para realizar modificaciones y se establecieron mecanismos de verificación para cada cambio efectuado.
“En este momento, cuando hay que introducir algún tipo de datos, se hace con una solicitud y una orden expresa del inmediato superior y una tercera persona verifica para qué se ha abierto el sistema. Entonces está controlado, está seguro. Porque ahora ese esfuerzo que hacen los vecinos, que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir funcionando, se va a transformar en obras y servicios y no se va a ir al bolsillo de algún sinvergüenza», aseguró.
