El presidente Rodrigo Paz y el dirigente de la COB, Mario Argollo, firmaron el acuerdo que desmoviliza a las bases del ente matriz de los trabajadores
El presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron la noche de este viernes un acuerdo de 31 puntos que recoge las demandas del ente matriz de los trabajadores y el compromiso de atención en un plazo de 90 días.
Entre los convenios destacan el no realizar persecución política, judicial ni mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas; el cumplimiento del programa de gobierno, y el compromiso de no impulsar la privatización de empresas estratégicas.
Sin embargo, el acuerdo no terminó de levantar los bloqueos en las carreteras, debido a que los campesinos decidieron mantener la extrema medida de presión.
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Documento Firmado
PUNTOS DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO PARA LA PACIFICACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS ORGÁNICAS Y PACIFICACIÓN
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El Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta.
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El Gobierno nacional no realizará persecución política, judicial ni mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas.
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El Gobierno nacional reconoce el rol histórico de la Central Obrera Boliviana y garantiza el respeto a su estructura orgánica, al fuero sindical y a las organizaciones sociales.
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Se conformó una comisión legal compuesta por representantes del Órgano Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana, coadyuvada por el Ministerio Público en el marco de sus competencias, con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos surgidos en los conflictos.
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El Gobierno nacional rechaza toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, sectores populares, trabajadores o cualquier ciudadano. Toda denuncia concreta será remitida a las instancias competentes para su investigación.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONTROL SOCIAL
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El Gobierno nacional cumplirá su programa de gobierno presentado en la campaña electoral.
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El Gobierno nacional ratifica su compromiso de cumplir la normativa electoral vigente, así como los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes.
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Asimismo, el Gobierno nacional promoverá mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y los compromisos asumidos ante la población.
SOBERANÍA ECONÓMICA Y DEFENSA DE EMPRESAS PÚBLICAS
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El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
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El Gobierno nacional reitera su compromiso, en el marco de la defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas, de realizar las gestiones e inversiones correspondientes en el sector productivo e hidrocarburífero, garantizando la seguridad jurídica y social.
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Respecto al financiamiento externo, el Gobierno nacional transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sustentabilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano. Asimismo, se sustentará y garantizará su independencia en todas las decisiones de política económica y fiscal, y no se aceptarán imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de gobiernos, bancos o entidades financieras bolivianas o extranjeras, públicas o privadas.
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Sobre la distribución de recursos bajo la premisa del 50/50, el Gobierno nacional impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes de manera inmediata, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado, aclarando que la educación y la salud son responsabilidad del Estado, según el Art. 77 de la CPE.
TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBERANA
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El Gobierno nacional no permitirá la injerencia extranjera, respetando la soberanía y la dignidad nacional.
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El Gobierno nacional apoyará la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado «Narco-maderas» y la droga incautada en Chile, a efectos de identificar responsabilidades, fallas de control estatal, redes de corrupción y medidas institucionales de prevención.
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Respecto al caso denominado «Narco-maletín», el Gobierno nacional deja constancia de que ya se conformó una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cual se brindará la cooperación institucional correspondiente dentro del marco legal y bajo la reserva investigativa cuando corresponda.
POLÍTICA DE HIDROCARBUROS Y RESARCIMIENTO TÉCNICO
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El Gobierno nacional se compromete a garantizar el abastecimiento de combustibles cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía de las familias bolivianas.
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El Gobierno nacional presentará un informe en detalle sobre el resarcimiento y las compensaciones por daños y perjuicios ocasionados por el combustible subvencionado que presentó fallas de calidad.
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El Gobierno nacional realizará una auditoría técnica y financiera externa e independiente, la cual se ejecutará mediante una empresa auditora internacional de prestigio, en el marco de la transparencia, para identificar a los responsables de la adquisición de la denominada «gasolina basura».
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Asimismo, se instalará de manera inmediata una mesa técnica con participación de los sectores afectados, especialmente el transporte, para verificar la calidad del combustible, los daños reportados, la relación causal y las medidas adecuadas que correspondan.
SOCIALIZACIÓN LEGISLATIVA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
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El Gobierno nacional promoverá previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
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Esta socialización se realizará respetando las competencias constitucionales del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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En el caso de medidas provisionales urgentes que no puedan dilatarse, se garantizará que de igual forma se apliquen los mecanismos de consulta que correspondan a la Constitución y la normativa aplicable.
CANASTA FAMILIAR, DERECHOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
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El Gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, controlar la especulación, cuidar el empleo y respaldar los emprendimientos.
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Respecto al sistema de pensiones, el Gobierno nacional se compromete a conformar una comisión técnica de manera inmediata para la revisión de la Ley N° 065 de Pensiones, con criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.
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El Gobierno nacional también se compromete a conformar mesas de trabajo de manera inmediata para abordar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y los pliegos sectoriales específicos, priorizando temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social, bajo una agenda de trabajo coordinada.
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA INTERNACIONAL PACIFISTA
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El Gobierno nacional convocará a la Central Obrera Boliviana y a las instancias competentes a una mesa de trabajo, de manera inmediata, para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.
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Asimismo, el Gobierno se compromete a no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas o derechos colectivos, conforme a la CPE y la normativa ambiental.
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El Gobierno ratifica que toda actividad económica deberá respetar la Constitución Política del Estado, la normativa ambiental, los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, la protección de la Madre Tierra y el interés nacional.
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Asimismo, el Gobierno nacional ratifica una política exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.
Aclaración: El Gobierno Nacional se compromete a cumplir todos los puntos anteriores en tiempos y plazos oportunos que no excedan los 90 días.