Giovanni Ortuño advierte que unas 70.000 empresas están en riesgo, afirma que Bolivia ya estaba en crisis antes de los bloqueos y plantea un acuerdo nacional para recuperar la economía. En entrevista con EL DEBER propone reformas estructurales para devolver la confianza a inversionistas y productores.
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—¿Por qué considera que la gente ya no quiere más discursos?
Porque el país está cansado de la confrontación y de los diagnósticos que no se traducen en soluciones. Cada día que pasa sin decisiones concretas significa más empresas en dificultades, menos inversión y menos empleo. Hoy existe una oportunidad para comenzar una verdadera recuperación económica porque los últimos acontecimientos demostraron que sí es posible construir acuerdos políticos, regionales y sectoriales. Lo que espera la ciudadanía no son nuevas promesas, sino acciones que permitan recuperar la producción, el abastecimiento y la confianza. Cada día perdido retrasa aún más la recuperación del país.
—¿Qué tan grave es hoy la situación del sector empresarial?
Giovanni Ortuño: Estamos frente a uno de los momentos más delicados de los últimos años. Doce de los 29 sectores afiliados a la Confederación ya se declararon en estado de emergencia y nuestros registros muestran que alrededor de 20.000 empresas formales, junto con unas 50.000 pequeñas y medianas empresas, están en riesgo de cerrar. La falta de divisas, el desabastecimiento de diésel y gasolina y el incremento permanente de los costos han llevado a muchas compañías al límite de su capacidad financiera. Todo esto termina golpeando la confianza, que es el principal motor de la inversión. Si Bolivia no recupera credibilidad rápidamente, seguirá perdiendo oportunidades frente a otros países de la región.
—Usted sostiene que la crisis económica no comenzó con los bloqueos. ¿Por qué?
Porque los problemas ya estaban presentes. Bolivia registraba una inflación elevada, una fuerte caída de las reservas internacionales, un importante déficit fiscal, crecimiento de la deuda pública y una severa escasez de divisas. Incluso antes del conflicto, organismos internacionales ya proyectaban una contracción de la economía. Luego llegaron el incremento del precio internacional del petróleo y los bloqueos, que profundizaron una situación crítica. Por eso creemos que el país necesita soluciones estructurales y no únicamente superar una coyuntura específica.
—¿Qué debería contener un verdadero plan de emergencia económica?
Lo primero es construir consensos. Ese plan debe incluir a todos los sectores y regiones, sin diferencias ni privilegios. También necesita un gran acuerdo político nacional que involucre al Gobierno, la Asamblea Legislativa, las gobernaciones y los actores económicos para ejecutar políticas de corto, mediano y largo plazo. Finalmente, el diálogo con el empresariado debe institucionalizarse, porque son las empresas las que generan empleo, inversión y producción. Sin acuerdos mínimos será muy difícil recuperar la confianza que hoy necesita Bolivia.
—Además del plan de emergencia, usted plantea reformas estructurales. ¿Cuáles son las más urgentes?
Bolivia necesita fortalecer al sector privado y dejar atrás un modelo excesivamente estatista. Eso implica aprobar una nueva Ley de Inversiones que otorgue seguridad jurídica e incorpore mecanismos como el arbitraje internacional, además de modernizar la legislación sobre minería, hidrocarburos y comercio. También debemos revisar el sistema tributario y generar mayor previsibilidad en materia laboral e impositiva. Pero ninguna reforma será suficiente si el sistema judicial no garantiza independencia y reglas claras para quienes deciden invertir en el país.
—¿La legislación laboral también necesita cambios?
Giovanni Ortuño: Lo que necesita es modernizarse. Muchas de nuestras normas responden a una realidad económica completamente distinta a la actual. Las empresas requieren mecanismos de contratación acordes con las nuevas formas de trabajo y un sistema que permita negociar condiciones según la realidad de cada actividad. En la mayoría de los países el Gobierno fija únicamente el salario mínimo y el resto de la negociación se desarrolla entre empleadores y trabajadores. Ese es un debate que Bolivia debe encarar con una visión técnica y pensando en cómo generar más empleo formal.
—¿Qué sectores pueden convertirse en los motores del crecimiento?
Bolivia tiene un enorme potencial. La minería puede volver a ser un gran motor con minerales estratégicos como el litio, el hierro y las tierras raras. La agroindustria todavía tiene mucho espacio para crecer, tanto con los productos tradicionales como con segmentos de mayor valor agregado, entre ellos el café, el cacao y los superalimentos. También existen oportunidades importantes en el turismo, la gastronomía, la hotelería, la formalización de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de energías renovables. El potencial existe; lo que falta es crear las condiciones para que lleguen las inversiones.
—¿Cómo evalúa hoy la relación entre el Gobierno y el empresariado?
Hubo señales positivas desde el inicio de la actual gestión, pero esa relación todavía debe ordenarse e institucionalizarse. El Gobierno conversa con distintos sectores y empresas, aunque muchas veces de forma aislada. Nosotros creemos que las soluciones deben construirse a través de las instituciones representativas del empresariado para abordar los problemas estructurales y no únicamente situaciones sectoriales. Solo con un diálogo permanente y ordenado será posible construir políticas públicas que devuelvan confianza y permitan reactivar la economía
