El economista sostiene que una salida no constitucional a la crisis tendría consecuencias económicas devastadoras. Afirma que la inversión extranjera desaparecería, se dispararían las expectativas inflacionarias y el país ingresaría en un escenario comparable a los peores momentos de su historia económica reciente.
eju.tv / Video: LHP
El economista Fernando Romero advirtió que una eventual ruptura del orden constitucional tendría consecuencias económicas mucho más graves que las provocadas hasta ahora por los bloqueos y la conflictividad social, al punto de empujar al país hacia una crisis comparable a la vivida durante la década de 1980.
Durante una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, el analista señaló que cualquier escenario que implique la caída anticipada del Gobierno o una transición fuera de los mecanismos previstos por la Constitución provocaría una pérdida inmediata de confianza interna y externa.
“La inversión extranjera desaparecería de Bolivia. Nadie quisiera venir a invertir porque nadie va a querer traer sus recursos a un país que no garantiza gobernabilidad”, afirmó.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Romero sostuvo que el país atraviesa un momento decisivo y que cualquier alteración del orden democrático agravaría la crisis económica existente. A su juicio, los efectos no solo alcanzarían a los mercados financieros, sino también a la población en general mediante aumentos de precios, caída de inversiones y pérdida de empleos.
“Eso nos acercaría a algo que hubiésemos vivido en los años 80: una hiperinflación y una recesión mucho más profunda”, advirtió.
Fernando Romero con los conductores de la Hora Pico de eju.tv
En ese contexto, el economista respaldó la necesidad de que el Estado adopte decisiones orientadas a restablecer la transitabilidad y garantizar el abastecimiento de la población. Considera que la reciente promulgación de la Ley 1740 proporciona el marco jurídico necesario para actuar frente a una crisis que, según afirmó, ya presenta características extraordinarias.
“Ya se tiene el marco normativo y no hay excusas para seguir perdiendo tiempo”, sostuvo.
El analista describió la situación actual como una especie de “economía de guerra”, debido a las dificultades para transportar alimentos, medicamentos, oxígeno y otros insumos esenciales hacia distintas regiones del país.
“Pareciese que estamos en una economía de guerra, donde no pueden pasar ambulancias, medicamentos ni oxígeno”, afirmó.
Asimismo, considera que la prolongación del conflicto incrementa el riesgo de deterioro económico y social, al tiempo que aumenta la presión sobre el Gobierno para adoptar medidas que permitan recuperar el control de las rutas y restablecer el funcionamiento normal de la economía.
A su juicio, evitar una ruptura institucional y preservar la estabilidad democrática constituye hoy una condición indispensable para impedir que Bolivia ingrese en una etapa de mayor incertidumbre económica, inflación y pobreza.