Salazar reiteró que la organización obrera está dispuesta a colaborar con las investigaciones, siempre que se garantice un proceso justo y se respete la autonomía sindical.
eju.tv / Video: Radio Fides
El representante de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Edgar Salazar, pidió hoy (08) a las autoridades judiciales garantizar el debido proceso para el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien es investigado por encabezar los bloqueos radicales de caminos que paralizaron al país durante 53 días. Salazar defendió que las organizaciones sindicales actúan en cumplimiento de las determinaciones asumidas por sus bases, y no por instrucciones particulares de los dirigentes, al tiempo que rechazó las presiones de sectores cívicos para que se proceda a la detención de Argollo.
“La justicia bien claro dice, dónde está el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa en libertad. Yo creo que hay que hacer una investigación profunda, sí. Todo es con resoluciones, con determinaciones de ampliado, no son directamente instructivos. Si en ese sentido obviamente esto, con lo que están presionando en el sentido de que sectores de los cívicos de Santa Cruz estaban hablando de que tenga que hacerse las detenciones al ejecutivo nacional”, enfatizó Salazar.
El dirigente sindical insistió en que cualquier acción judicial contra Argollo debe enmarcarse en el respeto a los derechos fundamentales y a la estructura orgánica de la COB, y recordó que las movilizaciones fueron decididas en ampliados y asambleas, no por mandato personal. Salazar advirtió que la eventual aprehensión del líder nacional generaría un fuerte malestar en las bases sindicales, que ven en la investigación una posible criminalización de la protesta social.
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Por su parte, el secretario de Relaciones de la COB en Cochabamba, Vicente Córdoba, dio lectura al acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB el pasado 20 de junio, documento que, según afirmó, garantiza el respeto a la organicidad sindical y la no persecución política.
“El Gobierno ha respondido con esto y se ha firmado este acuerdo. Entonces nosotros nos acogemos a eso. Aquí dice claramente: el Gobierno nacional reconoce el rol histórico de la Central Obrera Boliviana y garantiza el respeto a su estructura orgánica. Además, dice que el Gobierno nacional no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”, expresó Córdoba.
Salazar reiteró que la organización obrera está dispuesta a colaborar con las investigaciones, siempre que se garantice un proceso justo y se respete la autonomía sindical.