Bolivia fortaleció sus sistemas de alerta y combate al fuego, pero mantiene normas, incentivos productivos y fallas de control que siguen favoreciendo la destrucción de los bosques.
Las leyes 337, 741, 1098 y 1171 forman parte del debate sobre desmontes, quemas, expansión productiva e incendios forestales en Bolivia.
El país enfrenta una nueva temporada de incendios con mayor capacidad para detectar y combatir el fuego, pero sin haber desmontado las condiciones que la hacen recurrente.
Las entrevistas realizadas por Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, exponen una discusión que supera la emergencia inmediata y alcanza al modelo productivo.
En el centro aparecen la expansión agropecuaria, el uso del fuego, las disputas por la tierra y un conjunto de normas aprobadas durante años.
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También emergen diferencias profundas sobre quién provoca los incendios y, especialmente, quién termina beneficiándose cuando el bosque desaparece y cambia el uso del suelo.
Juan Pablo Chumacero, director de Fundación TIERRA, resume el problema desde una perspectiva estructural: Bolivia mejoró sus mecanismos de respuesta, pero no cambió sus causas.
“Las causas estructurales no las estamos enfrentando”, afirmó durante la entrevista.
Combatiendo el fuego y mantiene el modelo
Santa Cruz llega a esta temporada con mayores capacidades de coordinación, monitoreo y respuesta que durante las grandes emergencias de años anteriores.
María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, destacó el fortalecimiento de bomberos forestales y la implementación de sistemas de alerta temprana.
Sin embargo, la propia autoridad reconoció que los problemas de fondo continúan pendientes.
Ese diagnóstico coincide parcialmente con Chumacero, quien observa pocos cambios en las políticas relacionadas con deforestación, desmontes y expansión de la frontera agropecuaria.
El especialista identifica una relación histórica entre los grandes incendios de Santa Cruz y el crecimiento de superficies destinadas a agricultura y ganadería.
Según su análisis, habilitar nuevas tierras continúa siendo una parte central del desarrollo agropecuario y el fuego sigue siendo una herramienta barata para conseguirlo.
Las condiciones climáticas pueden convertir una quema localizada en un incendio descontrolado, pero no explican por sí solas por qué se inicia el fuego.
Sequías, temperaturas extremas y fuertes vientos aumentan el riesgo. La presión por transformar bosques en terrenos productivos, en cambio, forma parte del problema estructural.
¿Quién quema y quién gana?
La búsqueda de responsables genera una de las mayores divergencias entre los entrevistados.
Chumacero advierte que no existe un único actor detrás del fuego.
Los incendios aparecen en propiedades privadas, comunidades, territorios indígenas, áreas protegidas, tierras fiscales y zonas afectadas por ocupaciones ilegales.
También pueden involucrar a pequeños y grandes productores, ganaderos, menonitas, interculturales, comunidades y grupos vinculados con avasallamientos.
Su conclusión, sin embargo, apunta hacia una dinámica común.
“Por detrás tienes un modelo productivo de desarrollo agropecuario que va ligado a habilitar más tierras de cultivo y de pastoreo a costa del bosque”, afirmó.
Desde esa perspectiva, identificar solamente a quien inicia una quema puede resultar insuficiente para comprender el fenómeno completo.
La pregunta también pasa por establecer qué uso adquiere posteriormente el territorio transformado y qué actividad económica avanza sobre la superficie antes cubierta por bosque.
Maríaa René Álvarez rechaza, en cambio, que la principal responsabilidad pueda atribuirse al agronegocio.
La autoridad cruceña apunta principalmente hacia avasalladores, traficantes de tierras y grupos que utilizan ocupaciones para apropiarse posteriormente de los terrenos.
La diferencia entre ambas posiciones muestra una dificultad central: Bolivia todavía no tiene un diagnóstico político compartido sobre los responsables de los incendios.
Sin un diagnóstico común, también aparecen soluciones diferentes.
Un sector exige modificar el modelo de expansión productiva. Otro concentra el problema en el control de tierras, los asentamientos y las actividades ilegales.
Las “leyes incendiarias”
El debate político suele agrupar bajo la denominación de “leyes incendiarias” varias normas aprobadas entre 2013 y 2019.
Sin embargo, no todas regulan directamente las quemas ni tienen el mismo alcance.
Analizadas en conjunto, muestran una sucesión de decisiones que facilitaron, regularizaron o incentivaron distintos procesos vinculados con la expansión productiva.
Ley 337: regularizar desmontes anteriores
La Ley 337, promulgada en 2013, creó un régimen excepcional para predios desmontados sin autorización entre julio de 1996 y diciembre de 2011.
Los propietarios podían incorporarse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques bajo determinadas condiciones y sanciones reducidas.
La norma no autorizaba incendios futuros, pero permitió regularizar desmontes realizados anteriormente sin autorización.
También estableció que determinadas áreas podían ser reconocidas posteriormente como efectivamente aprovechadas dentro de procedimientos agrarios.
Ese elemento explica parte de las críticas: una superficie desmontada ilegalmente podía ingresar a un proceso de regularización y adquirir después reconocimiento productivo.
La ley contemplaba restitución forestal y sanciones, aunque bajo un régimen excepcional para quienes se incorporaran al programa.
Ley 741: hasta 20 hectáreas mediante un trámite simplificado
La Ley 741, de 2015, permitió desmontar hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, comunidades y asentamientos legalmente autorizados.
La autorización podía otorgarse mediante un procedimiento expedito y sin exigir determinados instrumentos de ordenamiento predial.
Además, las superficies autorizadas quedaban exentas del pago de patente por desmonte.
Formalmente, la norma estableció que su finalidad era ampliar la producción agropecuaria y garantizar la seguridad alimentaria.
Sin embargo, sus críticos cuestionan que multiplicar autorizaciones individuales de hasta 20 hectáreas abrió una vía para incrementar considerablemente la superficie desmontada.
Requena recordó que su abrogación avanzó en el Senado durante la anterior legislatura, pero quedó detenida posteriormente en Diputados.
Ley 1098: biocombustibles y mayor demanda agrícola
La Ley 1098, promulgada en 2018, creó el marco para producir y comercializar aditivos vegetales destinados a mezclarse con combustibles.
La norma estableció expresamente que el sector productivo debía garantizar un crecimiento gradual de las materias primas necesarias para producir esos aditivos.
Al mismo tiempo, incorporó mecanismos para evitar deforestación, desplazamiento de cultivos alimentarios y deterioro de suelos.
La controversia aparece, por tanto, en la tensión entre ambos objetivos.
Mientras la ley buscaba reducir importaciones de combustibles mediante materias primas nacionales, también creaba una demanda adicional sobre determinados cultivos agrícolas.
Por ello, sus críticos incorporan la norma dentro del debate sobre políticas que pueden aumentar la presión para expandir superficies productivas.
Ley 1171: quemas autorizadas, sanciones y regularización
La Ley 1171, de 2019, resulta particularmente importante porque regula directamente el uso del fuego como herramienta productiva.
La norma establece quemas planificadas y controladas, además de una sustitución gradual del fuego y mecanismos de prevención.
También permite autorizaciones con vigencia de hasta tres años para actividades agrícolas y cinco años para actividades ganaderas.
El punto más cuestionado está en su esquema sancionatorio.
Las multas por quemas sin autorización varían según el tipo de propiedad, pero parten de montos ínfimos por hectárea.
La propia ley también abrió un período extraordinario para reducir multas y regularizar deudas existentes por quemas realizadas sin autorización.
Para Requena, esta combinación terminó generando sanciones insuficientes frente al daño potencial ocasionado por el fuego.
Actualmente, la posibilidad de abrogar o modificar la norma vuelve a encontrarse en discusión legislativa.
La diputada considera incluso que fortalecer considerablemente las sanciones podría abrir una alternativa política frente a quienes rechazan su eliminación completa.
Propuestas en medio de intereses enfrentados
El problema, según Requena, ya no está solamente en identificar qué normas deberían modificarse. La dificultad aparece cuando esas iniciativas llegan a la Asamblea.
La legisladora sostiene que existen parlamentarios especialmente sensibles a las demandas de sectores productivos y que eso dificulta alcanzar los votos necesarios.
La resistencia también alcanza una propuesta integral de Ley de Bosques, particularmente cuando incorpora mayores sanciones contra quemas ilegales.
De esa manera, las llamadas leyes incendiarias se convierten en parte de una disputa mayor sobre los límites que debe imponer el Estado a determinadas actividades productivas.
Además, no todos los sectores consideran que derogar estas normas sea suficiente para resolver el problema. El debate legislativo de los últimos días muestra al menos cuatro caminos diferentes.
La senadora Tomasa Yarhui anunció una iniciativa para abrogar una de las normas cuestionadas y plantear posteriormente nuevas reglas sobre el chaqueo.
Branko Marinkovic propone atacar otro elemento: el eventual beneficio territorial posterior al incendio. Su propuesta consiste en impedir durante diez años la dotación de tierras que hayan sido afectadas por el fuego.
El diputado Rolando Pacheco manifestó disposición para respaldar modificaciones legales y reclamó una mayor coordinación entre los tres niveles del Estado.
Catherine Pinto puso el énfasis en las sanciones, la investigación de responsables y la necesidad de avanzar hacia una agricultura que reduzca el uso del fuego.
Las posiciones muestran que empieza a existir consenso sobre la necesidad de modificar la situación actual, aunque todavía no sobre la solución.
Unos plantean eliminar normas. Otros quieren eliminar incentivos. También existen propuestas para endurecer sanciones o cambiar las técnicas productivas.
Ver también: San José de Chiquitos promulga decreto que prohíbe totalmente las quemas
Bolivia detecta el fuego, pero no logra controlarlo
Otro cambio importante ocurrió fuera de la legislación.
Las herramientas satelitales permiten hoy seguir con mayor precisión los cambios en la cobertura vegetal y detectar rápidamente nuevos focos de calor.
Fundación TIERRA participa junto con otras instituciones en sistemas capaces de cruzar información geográfica, tipos de propiedad y autorizaciones de desmonte.
Ese avance abre incluso la posibilidad de identificar patrones sobre el origen de los incendios.
Sin embargo, su director, Juan Pablo Chumacero advierte que la capacidad estatal para controlar las prácticas ilegales sigue siendo limitada.
También existen problemas para medir rápidamente la superficie afectada.
El especialista remarcó una diferencia importante: un foco de calor no representa automáticamente un incendio forestal ni equivale a hectáreas destruidas.
Determinar el daño requiere procesamiento de imágenes, seguimiento temporal y verificación de cambios en la cobertura del suelo.
El país puede observar mejor dónde aparece el riesgo, pero esa información todavía debe traducirse en prevención, fiscalización y sanciones efectivas.
¿Cuánto bosque necesita perder Bolivia para producir?
Los incendios terminan exponiendo una discusión que va más allá de la temporada del fuego.
Bolivia debe decidir si el crecimiento agropecuario seguirá dependiendo de incorporar permanentemente nuevas superficies o si aumentará productividad sobre tierras ya habilitadas.
También debe definir qué prácticas productivas puede mantener en un escenario climático cada vez más adverso.
La discusión no enfrenta necesariamente producción contra medio ambiente.
Chumacero y Requena sostienen que existen alternativas productivas capaces de generar ingresos sin expandirse continuamente sobre los bosques. Incluso sectores vinculados con la producción comienzan a plantear tecnologías que reduzcan o eliminen el uso del fuego.
La verdadera discusión, entonces, no consiste únicamente en determinar cómo apagar los próximos incendios.
Pasa por decidir qué normas, incentivos y formas de producción debe modificar Bolivia para evitar que la transformación del bosque siga encontrando en el fuego su herramienta más barata.
Mientras ese debate permanezca pendiente, el país podrá mejorar sus sistemas de alerta y movilizar más brigadas. Pero cada nueva temporada seca volverá a encontrar las mismas condiciones estructurales esperando una chispa.
