El paro sanitario vuelve a mostrarnos la misma escena: centros de salud con las puertas cerradas, consultas suspendidas y pacientes que regresan a sus casas sin saber cuándo podrán ser atendidos. Sin embargo, sería un error creer que el paro es el problema completo. El paro es apenas el síntoma visible de un sistema de salud enfermo, debilitado durante años por el desorden administrativo, la corrupción, la fragmentación de responsabilidades, la falta de planificación y una peligrosa politización del servicio público.
Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido basta un solo dato: durante 2025, Santa Cruz acumuló alrededor de 90 días de suspensión de la atención médica por diferentes conflictos. Fueron tres meses en los que miles de personas vieron postergadas sus consultas, diagnósticos y tratamientos. La gestión de Jhonny Fernández no solamente dejó cuentas pendientes, desorden financiero y servicios deteriorados; dejó también un sistema sanitario sometido a una conflictividad casi permanente. En algunos de aquellos conflictos, la paralización de los establecimientos municipales llegó a impedir diariamente la atención de más de 1.500 personas.
No se puede desconocer que existen médicos, enfermeras y trabajadores que sostuvieron los servicios en condiciones extremadamente difíciles y enfrentaron carencias que ellos no provocaron. Hay profesionales honestos, responsables y con verdadera vocación de servicio. Pero tampoco se puede guardar silencio sobre otra realidad: durante demasiado tiempo, la administración de la salud estuvo atravesada por intereses políticos, compromisos partidarios y cuotas sindicales. La ciudadanía percibe ese desorden cuando encuentra establecimientos cuya cantidad de personal parece no guardar relación con el número de consultorios o la infraestructura disponible, y cuando observa que aumenta el personal administrativo mientras siguen faltando médicos, medicamentos, mantenimiento y condiciones elementales para atender dignamente.
Bolivia acaba de salir de 53 días de bloqueos que paralizaron carreteras, interrumpieron el abastecimiento y golpearon duramente a las familias y a la economía nacional. Esa experiencia debería dejarnos una lección: ningún país puede vivir permanentemente bloqueado. Mucho menos puede estar bloqueada la salud. Un paro sanitario es, para el paciente, una carretera cerrada frente a su derecho a recibir atención. La diferencia es que detrás de esa barrera no espera solamente un camión o una mercadería: espera una persona cuyo diagnóstico, tratamiento o incluso su vida pueden depender de llegar a tiempo.
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Reclamar condiciones laborales dignas es legítimo, pero ningún derecho es absoluto ni puede ejercerse anulando sistemáticamente los derechos de los demás. Quien trabaja en salud tiene una responsabilidad distinta y superior, porque sus decisiones repercuten directamente sobre personas vulnerables. Cuando el paciente es utilizado como instrumento de presión, la reivindicación deja de ser solamente laboral y se convierte en un grave problema ético. Por eso también debemos preguntarnos: ¿dónde estaban algunos dirigentes cuando la salud municipal se llenaba de compromisos políticos, cuando crecía el desorden y cuando el sistema perdía capacidad para atender a la población?.
No resulta coherente haber tolerado durante años la degradación institucional y presentarse ahora como si no se hubiera tenido ninguna participación ni responsabilidad. Se politizó el sistema de salud y muchos guardaron silencio. Ahora no pueden pretender que toda la factura recaiga sobre los ciudadanos y, especialmente, sobre los enfermos. La nueva administración municipal tiene el deber de cumplir sus obligaciones, pero también una responsabilidad más profunda: impedir que la historia se repita, ordenar la casa, transparentar las decisiones, clarificar responsabilidades y profesionalizar el servicio.
Salvar la salud municipal exigirá equilibrio y mucha firmeza del alcalde. Mamén Saavedra está demostrando que tiene la claridad necesaria para defender a los ciudadanos y la firmeza para no permitir que las presiones políticas, sindicales o partidarias se impongan sobre el interés colectivo. Esto significará proteger al buen médico, a la enfermera comprometida y al trabajador que cumple honestamente su labor, pero también poner límites a las estructuras que convirtieron el servicio público en territorio de cuotas, privilegios y chantajes. La salud no puede seguir siendo una agencia de empleos, una moneda de negociación ni un campo de batalla política.
Los cruceños necesitan centros de salud que atiendan, profesionales que trabajen y autoridades capaces de asumir decisiones difíciles con responsabilidad. El paciente debe volver a ocupar el lugar que nunca debió perder: el centro del sistema. Porque una ciudad puede discutir sus problemas económicos, laborales y administrativos, pero existe una línea que jamás debe cruzarse: la salud y la vida de su gente no se negocian, no se paralizan y no se bloquean.
Lic. Erwin Bazán Gutiérrez
Ex Diputado Nacional.