Arias explicó que el TCP actualmente funciona con solo cuatro de los nueve magistrados que establece la Constitución, situación que impide asumir decisiones en Sala Plena sobre los recursos de inconstitucionalidad.
eju.tv / Video: Radio Fides
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, admitió este martes que la falta de magistrados mantiene al máximo órgano de control constitucional «atado de manos» para resolver las demandas de inconstitucionalidad que deben ser tratadas en Sala Plena y afirmó que esperan que la Asamblea Legislativa encuentre una salida a la crisis institucional que atraviesa el tribunal.
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«Las demandas de inconstitucionalidad se conocen por Sala Plena y el problema que tenemos es que somos cuatro. No hemos querido resolver estos temas por un tema de legitimidad. Estamos pacientemente esperando que la Asamblea Legislativa tome alguna definición en algún momento», afirmó.
Arias explicó que el TCP actualmente funciona con solo cuatro de los nueve magistrados que establece la Constitución, situación que impide asumir decisiones en Sala Plena sobre los recursos de inconstitucionalidad, pese a que existe una interpretación del Código Procesal Constitucional que permitiría hacerlo.
El magistrado sostuvo que no corresponde al Tribunal impulsar una solución política o legislativa y señaló que la definición sobre cómo superar las acefalías debe ser asumida por la Asamblea Legislativa. «No me he acercado al Legislativo para hablar sobre este tema. Creo que es algo que ellos tendrían que reflexionar y decidir», manifestó.
En ese sentido, el magistrado reconoció que mientras no se complete la conformación del TCP, los recursos de inconstitucionalidad continuarán acumulándose y su resolución seguirá demorando. Recordó que incluso cuando el Tribunal contaba con sus nueve magistrados, una demanda de inconstitucionalidad tardaba entre uno y tres años en resolverse, por lo que la situación actual agrava aún más la retardación de justicia.
«Tenemos demandas de inconstitucionalidad de la gestión 2022. El Tribunal se ha dedicado mucho a resolver acciones de libertad y amparos, que está bien, pero hemos descuidado el control normativo», señaló. Asimismo, lamentó que en los últimos años hayan sido muy pocas las leyes declaradas inconstitucionales, pese a que esa constituye la principal atribución del Tribunal Constitucional.
Las declaraciones de Arias se producen en medio de la crisis institucional que afecta al TCP y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos cargos vacantes aún no han sido cubiertos mediante una elección complementaria. Actualmente, el TSJ funciona con siete de sus nueve magistrados, lo que le permite instalar Sala Plena y adoptar decisiones. En cambio, el TCP opera únicamente con cuatro de los nueve magistrados previstos, número insuficiente para resolver los asuntos que requieren deliberación en Sala Plena.
La situación se originó tras las elecciones judiciales parciales de diciembre de 2024, cuando quedaron desiertas las convocatorias para elegir magistrados del TSJ en Beni y Pando, y del TCP en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Desde entonces, la Asamblea Legislativa aún no ha definido un mecanismo para completar la conformación de ambos tribunales, una situación que, según especialistas y autoridades judiciales, profundiza la retardación de justicia en el país.
