El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que las pesquisas comenzaron tras un operativo de UMOPAR Chapare en Villa Tunari, donde fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos y se incautaron armas, munición, sustancias controladas y vehículos. La investigación se amplió hasta una unidad militar y derivó en la apertura de un proceso penal y un sumario interno.

Una investigación iniciada a partir de un operativo antidroga ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) Chapare en el municipio de Villa Tunari derivó en la aprehensión de un subteniente del Ejército, luego de que las pesquisas orientadas a establecer el origen de parte de la munición incautada condujeran hasta una unidad militar, informó este jueves el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda.
Según explicó la autoridad, el caso comenzó con un operativo desarrollado en la comunidad Villa 14 de Septiembre, donde efectivos de UMOPAR, apoyados en información de inteligencia obtenida en investigaciones previas, aprehendieron a tres ciudadanos de nacionalidad colombiana y secuestraron armas de fuego, munición, sustancias controladas, vehículos y otros elementos que quedaron bajo investigación.
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«A partir del análisis del material secuestrado surgieron elementos que hacían necesario establecer el origen de parte de la munición incautada. Esa línea investigativa nos llevó, en coordinación con el Ministerio Público y respetando todos los protocolos institucionales, a realizar una inspección en una unidad militar para verificar el material bélico y colaborar plenamente con el esclarecimiento de los hechos», explicó Justiniano.
Como parte de esa investigación, personal de UMOPAR, fiscales y autoridades militares realizaron una inspección en el Regimiento de Infantería RI-31 «Cnel. Ríos», donde se verificó el inventario de material bélico y se precintó un ambiente vinculado al oficial que tenía bajo su responsabilidad la administración de ese material.
Durante el procedimiento fue aprehendido un subteniente del Ejército, quien quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica dentro de la investigación. Asimismo, fueron secuestradas granadas, cartuchos y munición que, de acuerdo con el reporte preliminar, deberán ser sometidos a pericias para establecer su procedencia y su correspondencia con los registros oficiales.

Se coordinó la autorización correspondiente con las autoridades militares en respeto a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. El ministro informó que, paralelamente al proceso penal, el Ejército activó un sumario informativo interno para establecer posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias dentro de la institución.
«La disciplina también es control y la transparencia también es defensa. Cuando existe una denuncia o un elemento que debe investigarse, nuestra obligación es facilitar todas las actuaciones necesarias para que la verdad se conozca. El material bélico pertenece al Estado y no puede ser vendido, desviado ni quedar fuera del control institucional», afirmó la autoridad.
Justiniano precisó que el Ministerio de Defensa instruyó la plena cooperación con el Ministerio Público y con los organismos de investigación; además, al subrayó que el objetivo es esclarecer el origen del material incautado y determinar, mediante las investigaciones y pericias correspondientes, si existe alguna responsabilidad penal o administrativa.
La investigación continúa bajo dirección del Ministerio Público, mientras las pericias deberán establecer la procedencia de la munición y de los demás elementos secuestrados durante el operativo antidroga que dio origen al caso.