La analista en Políticas Sociales de Fundación Jubileo, Carla Cordero, consideró que esta situación ocurre en un contexto de deterioro general de las condiciones económicas del país.
Fuente: ANF
La crisis económica que atraviesa Bolivia está profundizando las condiciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, un sector que enfrenta mayores barreras para acceder a un empleo, elevados costos asociados a la atención de salud y una persistente discriminación que limita el ejercicio de sus derechos.
Especialistas advierten que el incremento del costo de vida, la precariedad laboral y las debilidades de las políticas de protección social están empujando a miles de familias hacia la pobreza.
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Javier Salguero, activista por los derechos de las personas con discapacidad y exdirector del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapedis), sostuvo que el deterioro económico ha significado un retroceso de varios años en las condiciones de vida de este sector. A su juicio, la inflación, el encarecimiento de los alimentos -y ahora la flexibilización del tipo de cambio- han reducido aún más la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas.
«Estamos viviendo días negros. La mayoría de las personas con discapacidad está regresando a la extrema pobreza», afirmó Salguero en contacto con ANF.
Añadió que el bono mensual de 250 bolivianos, vigente desde 2017, ha perdido prácticamente toda su capacidad de aliviar las necesidades básicas debido al incremento sostenido del costo de vida.
El activista explicó que la vulnerabilidad no afecta únicamente a las personas con discapacidad, sino también a los hogares que dependen de ingresos cada vez más insuficientes para cubrir gastos en medicamentos, rehabilitación, transporte especializado y asistencia cotidiana.
La evidencia internacional respalda esta situación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un informe de 2023, advierte que la discapacidad y la pobreza conforman un círculo vicioso: la pobreza incrementa el riesgo de adquirir una discapacidad, mientras que las barreras económicas, laborales y sociales hacen que las personas con discapacidad tengan mayores probabilidades de permanecer o caer en la pobreza.
Salguero denunció además que el acceso al empleo continúa siendo una de las principales deudas del Estado y del sector privado. Recordó que la normativa establece una reserva de puestos laborales para personas con discapacidad —4% en entidades públicas y 2% en empresas privadas—, pero aseguró que estas disposiciones rara vez se cumplen.
«En lugar de ampliar las contrataciones, muchas instituciones han optado por despedir a trabajadores con discapacidad utilizando distintos argumentos para no reincorporarlos», señaló.
Incluso quienes conservan su empleo, agregó, enfrentan estigmatización y son calificados injustamente como personas «flojas» o «mentirosas», vulnerando sus derechos laborales.
La analista en Políticas Sociales de Fundación Jubileo, Carla Cordero, consideró que esta situación ocurre en un contexto de deterioro general de las condiciones económicas del país. Explicó que Bolivia enfrenta una crisis multidimensional marcada por la escasez de divisas, problemas de abastecimiento de combustibles y una inflación que, a mayo de 2026, alcanzó el 12% a nivel general y el 16% en alimentos.
Según Cordero, ese escenario ha incrementado la denominada «pobreza invisible». “Mientras las cifras oficiales ubican la pobreza por ingresos en 37,7%, un ajuste realizado por Fundación Jubileo considerando el impacto de la inflación eleva ese porcentaje al 47%, lo que supone alrededor de 1,2 millones de personas que ya no logran cubrir una canasta básica, aunque no aparezcan en las estadísticas oficiales”, dijo a ANF.
La especialista indicó que las personas con discapacidad forman parte de los grupos que requieren una intervención pública mucho más focalizada. Explicó que una enfermedad grave o un gasto extraordinario puede empujar rápidamente a estos hogares hacia la llamada «trampa de la pobreza», debido a la ausencia de ahorros, seguros de salud estables y fuentes permanentes de ingresos.
En ese sentido, propuso la creación de un registro social único que permita identificar con mayor precisión a la población vulnerable y construir un sistema de protección social que atienda de manera efectiva a personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y otros grupos en situación de riesgo.
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Fuente: ANF
