Suárez evitó revelar el país que otorgó el refugio, alegando razones de seguridad y confidencialidad. La condición migratoria fue hecha por la Conare del país que le concedió la protección internacional.
eju.tv / Video: DTV
La defensa de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, aseguró este martes que cualquier intento de la Fiscalía de gestionar su extradición enfrenta un nuevo obstáculo, al sostener que su cliente cuenta con refugio político definitivo otorgado por un país vecino de Bolivia. El abogado Walter Suárez aseguró que la condición migratoria de Arce ya fue resuelta mediante una decisión de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) del país que le concedió la protección internacional.
«El señor Rafael Arce tiene la condición de refugiado político. Por lo tanto, deberá ser notificado conforme establece el procedimiento y a través de los mecanismos de los que dispone el Ministerio Público para que pueda responder en el juicio oral», señaló el jurista, por tanto, el Ministerio Público deberá adecuar cualquier actuación al procedimiento correspondiente.
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Suárez evitó revelar el país que otorgó el refugio, argumentando razones de seguridad y confidencialidad. No obstante, aseguró que la documentación que acredita ese estatus ya fue presentada dentro del proceso judicial. Asimismo, precisó que el beneficio no es provisional, sino definitivo.
«Rafael Arce tiene en este momento la condición de refugiado definitivo, conforme a la resolución emitida por la Conare del país en el que se encuentra», sostuvo Suárez, tras ser consultado si su defendido estaba en Paraguay.
Las declaraciones surgen luego que ayer se conoció que el Ministerio Público impulsa acciones para lograr que Rafael Arce comparezca ante la justicia boliviana, a quien se lo imputó por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
Según la Fiscalía, durante la investigación se identificaron movimientos financieros por aproximadamente Bs 20 millones, además de la adquisición un inmueble en la ciudad de La Paz por 750 mil dólares, monto que fue cancelado en dos pagos realizados en dólares. Asimismo, la investigación estableció la compra de alrededor de siete bienes inmuebles en Santa Cruz.
El delito contempla una pena de tres a ocho años de prisión, y la Fiscalía anunció que solicitará la pena máxima durante el juicio oral. Este proceso constituye el tercer caso penal que enfrenta Rafael Arce, sobre quien hasta ayer se desconocía si permanece o no en territorio boliviano.
