Justiniano asegura que ‘Bolivia no será tierra libre para las mafias’ y plantea una ofensiva regional con metas y responsables


En el marco del Foro A3C en Panamá, el ministro de Defensa sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe dejar atrás las declaraciones y traducirse en planes de acción, grupos de trabajo, plazos y evaluación de resultados. Bolivia llevará una agenda centrada en fronteras, espacio aéreo, inteligencia financiera, ciberdefensa y control de precursores.

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, hizo un balance de la participación de Bolivia en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) con un mensaje de endurecimiento frente a las organizaciones criminales transnacionales y una propuesta para convertir la cooperación regional en una estructura permanente de acciones y resultados.

Para Justiniano, el principal desafío es evitar que la coordinación entre los países se reduzca a declaraciones y reuniones, por lo que planteó establecer planes de acción, grupos de trabajo, responsables, plazos y mecanismos de evaluación, que permitan un combate efectivo y sostenido contra esos grupos delincuenciales.

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“Este espacio no puede quedarse en declaraciones: debe ser operativo, productivo y enfocado en lo que los países podemos hacer juntos”, afirmó el ministro acerca del encuentro que congregó a diferentes autoridades del hemisferio, entre ellas Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, y Francis Donovan, comandante del Comando Sur.

La propuesta boliviana parte de una premisa: las organizaciones criminales ya no pueden ser enfrentadas como fenómenos aislados ni exclusivamente desde la incautación de droga; Justiniano sostuvo que estas estructuras articulan rutas, logística, dinero ilícito, corrupción, tecnología y violencia, además de mecanismos que les permiten reconstruirse después de los golpes recibidos.

El ministro Ernesto Justiniano estrecha la mano de PeteHegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos

“Los narcos no son actores sociales ni interlocutores políticos. Son organizaciones criminales que destruyen familias, financian violencia, capturan territorios, corrompen instituciones, explotan nuestras fronteras y amenazan la democracia. El Estado debe enfrentarlos con toda la fuerza de la ley”, complementó.

En ese contexto, Bolivia planteó una agenda propia dentro de la coalición. Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de la presencia y el control en fronteras, espacio aéreo, ríos e infraestructura crítica, además de una mayor capacidad para seguir el dinero de las organizaciones criminales.

El ministro incluyó entre las prioridades la inteligencia financiera, la ciberdefensa y la supervisión, fiscalización y trazabilidad de sustancias controladas y precursores, también planteó revisar el marco normativo para que las distintas capacidades del Estado puedan responder de manera más efectiva frente a las nuevas amenazas.

“No se puede enfrentar a mafias transnacionales con instituciones aisladas ni con herramientas del pasado. Necesitamos más inteligencia, más tecnología, más interoperabilidad, más cooperación y más decisión”, sostuvo Justiniano, para añadir después que “la respuesta también debe ser sostenida y coordinada: planes de acción, grupos de trabajo con objetivos y plazos, definición de responsabilidades, países líderes por áreas prioritarias y evaluación permanente de avances”. Autoridades regionales que participaron en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C)

La propuesta busca que la cooperación regional permita compartir información, coordinar capacidades y establecer responsabilidades concretas entre los países participantes, en lugar de limitarse al intercambio general de información.

La alta autoridad gubernamental sostuvo que el problema debe ser enfrentado como un fenómeno regional porque las organizaciones criminales aprovechan precisamente las fronteras y las diferencias de capacidad entre los Estados. “Las amenazas reales exigen capacidades reales, acciones concretas y resultados medibles”, refirió.

Justiniano sostuvo que el Gobierno boliviano llevará esta agenda bajo criterios de soberanía, legalidad e institucionalidad democrática, pero con una posición firme frente a las organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas; además, subrayó que los grupos criminales no deben ser considerados actores sociales o interlocutores políticos, sino estructuras que utilizan violencia, corrupción y recursos ilícitos para ampliar su poder.

“Los narcos deben saberlo: Bolivia no será tierra libre para las mafias”, sentenció Justiniano.