La Procuraduría empezará a cumplir las recomendaciones de la CIDH emergentes de la denuncia por el caso Terrorismo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplazó sin fecha la audiencia de tratamiento del caso Terrorismo, por lo que el Gobierno aprovechará este lapso para cumplir con las recomendaciones pendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye.
“La Corte había fijado en principio audiencia para el mes de septiembre, dentro de su 195.º periodo ordinario de sesiones. Nos han comunicado mediante esta nota, que nos ha llegado el 10 de agosto, que dicha sesión no podrá agendarse en este 195.º periodo ordinario de sesiones y que esto se va a reprogramar para una fecha posterior”, informó.
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El caso denominado “Tadić Astorga y otros vs. Bolivia” pasó a la Corte IDH porque el Estado boliviano incumplió las recomendaciones de la CIDH relacionadas con reparar de forma material e inmaterial las violaciones de derechos humanos de los denunciantes; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas; e iniciar una investigación penal para esclarecer lo ocurrido.
Además, el organismo recomendó adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.
El gobierno de Rodrigo Paz aprovechará este tiempo de suspensión en la Corte IDH para cumplir recomendaciones como la investigación de lo ocurrido, sumándose a la demanda presentada en Santa Cruz contra 155 exautoridades, exfiscales, jueces y policías vinculados con el caso Terrorismo, a quienes se acusa de siete delitos.
La denuncia la firmaron David Sejas, Juan Carlos Guedes y Alfredo Saucedo, quienes estuvieron entre los acusados en este caso que saltó a la luz pública el 16 de abril de 2009, cuando un grupo de élite de la Policía intervino en el Hotel Las Américas y acabó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi.
Los tres fueron acusados de formar una célula terrorista, junto a los sobrevivientes Előd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadić, quien llevó su caso a la CIDH. Las investigaciones desarticularon a la cúpula cívica y empresarial cruceña que, si no acabó en la cárcel, terminó refugiándose en el exterior ante el temor de ser procesada y encarcelada.
“Lo importante es que este terrorismo de Estado debe ser investigado. Debe determinarse quiénes han participado y, obviamente, su grado de responsabilidad a fin de que respondan ante la justicia”, aseguró, y anunció que otra recomendación a cumplirse será la de institucionalizar en la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial la materia de derechos humanos.
“A diferencia de gestiones anteriores, se están haciendo cumplir esas recomendaciones y, obviamente, se tiene toda la voluntad de cumplir con todas y cada una de las conclusiones y recomendaciones para resguardar los derechos humanos de todas las personas. En cuanto sepamos cuándo se va a reprogramar la referida audiencia, lo estaremos poniendo en su conocimiento”, explicó.
