El legislador propuso que el dinero que el Gobierno gasta en subsidios -entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año- sea destinado a salud, educación y carreteras, y planteó que YPFB compita en igualdad de condiciones con las grandes petroleras internacionales.
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El senador de la Alianza Libre, Branko Marinkovic, junto a legisladores de Demócratas y con representantes de diferentes asociaciones y confederaciones del sector transporte, presentó hoy (31) un proyecto de ley que busca liberar la importación de combustibles en Bolivia, eliminar el subsidio estatal y abrir el mercado a grandes empresas internacionales como Repsol, Petrobras, Shell y YPF, con el objetivo de poner fin a la escasez, la mala calidad y las prácticas de intermediación que, según el legislador, han sumido al país en una «debacle» energética. El proyecto será tratado la próxima semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y sus impulsores confían en obtener el respaldo necesario para su aprobación.
«Este proyecto de ley que se ha presentado como Demócrata donde lo que queremos es liberar ya el mercado de los combustibles, que se acabe el estado empresario que nos ha llevado realmente a esta debacle que tenemos con los combustibles, de que no hay, de que es de mala calidad, de que son negociados. Nosotros lo que queremos es que se libere una vez ya esto, que sea libre competencia, que vengan las empresas grandes internacionales que en nuestro país no existen», enfatizó el senador de Libre en conferencia de prensa junto a otros legisladores.
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En su rol de fiscalización, Marinkovic reveló que el Estado sigue comprando combustibles a intermediarios «fantasmas», y denunció que la empresa proveedora Futura «no existe», sino que es «una casilla postal en una isla en el Caribe». Con tono irónico, el senador señaló que no se puede citar a estos proveedores porque se desconoce su paradero, y cuestionó que el país dependa de intermediarios que no tienen presencia física ni capacidad operativa real.
El legislador propuso que el dinero que el Gobierno gasta en subsidios -entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año- sea destinado a salud, educación y carreteras, y planteó que YPFB compita en igualdad de condiciones con las grandes petroleras internacionales.
«Si Yacimientos tiene la capacidad de competir y vender a mejor precio y mejor calidad, que lo haga. Pero si no tiene la capacidad, entonces vamos a saber claramente que esto ha sido solamente una red de corrupción», concluyó Marinkovic, al advertir que el país ya no aguanta más el actual modelo de comercialización de combustibles.