El senador Julio Diego Romaña invocó este jueves a sus colegas en el pleno de la Cámara de Senadores a converger propuestas y debatir para la aprobación del proyecto de Ley de Abrogación de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que pretende devolver más de 800 millones de dólares confiscados para la exploración y explotación de los hidrocarburos en el país, sin resultados.
Fuente: Prensa Senador Diego Romaña
“Lanzo nuevamente (la invocatoria), obviamente hay varios proyectos de leyes y hay que fusionar, de repente entre unos hayan presentado, para eso hagamos mesas técnicas. Convoquemos a los gobernadores y alcaldes para ver sus particularidades. Estamos seguros de que de esos 800 millones (de dólares) que tendrían que estar (en el Banco Central de Bolivia), a las gobernaciones les corresponde 348 millones y a los municipios y universidades 495 millones (devolverlos), eso va ser un buen respiro, principalmente hay muchas gobernaciones y municipios que no van a llegar a fin de año, por sus deudas”, afirmó Romaña.
La Ley 767, promulgado el 11 de diciembre de 2015, por el expresidente Evo Morales, señala que tiene el objetivo de “promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, mismas que se declaran de interés nacional en todo el territorio”. Pero, el exministro de Morales y exmandatario Luis Arce, en marzo de 2025, afirmó: “En 14 años el gobierno (de Morales) solo se dedicó a generar los recursos y distribuirlos entre las gobernaciones, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos».
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“El tiempo y los resultados obligan a hacer una evaluación responsable y la conclusión es clara. La Ley (767) no cumplió su objetivo que es la exploración y explotación (hidrocarburífera. Y hay recursos que han sido cercenados a nuestras entidades territoriales y universidades, que hoy día y en momento de crisis, seguramente, va a ser importante (que se les devuelvan los recursos confiscados)”, subrayó el parlamentario pandino.
Romaña argumentó que la abrogación de la Ley 767 es el primer paso para cerrar un ciclo que no dio resultados; por tanto, solicitó al pleno de la Cámara de Senadores, en particular a la Comisión de Economía Plural, priorizar el tratamiento, el debate y la aprobación del proyecto de la Ley de Abrogación de la Ley 767, considerando que son dos años que se encuentra en tratamiento.