Bolivia, imbuida de optimismo se apresta a encarar una eventual reforma parcial de la Constitución Política del Estado, esperando un profundo debate trascendental, porque si realmente queremos transformar el país, hay un problema que no puede quedar al margen: la lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad.
La corrupción no es solamente un problema económico, es una amenaza contra la democracia, las instituciones y la confianza ciudadana, porque cada recurso público mal utilizado, cada acto de corrupción y cada hecho que queda impune termina perjudicando al ciudadano que cumple la ley.
Por eso, Bolivia necesita algo más que discursos, necesita de manera urgente y prioritaria una revolución moral.
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No hablamos de una revolución violenta ni partidaria, hablamos de una transformación profunda de la cultura del poder: pasar de un Estado utilizado para intereses particulares a un Estado sometido estrictamente a la Constitución, la ley y el interés colectivo.
En ese marco, una eventual reforma parcial de la CPE debería incorporar medidas constitucionales concretas de prevención, transparencia y sanción efectiva de la corrupción.
Una de ellas debería ser el fortalecimiento del control patrimonial de quienes ejercen funciones públicas, especialmente de las autoridades de alto nivel y de quienes administran recursos del Estado.
La Constitución ya establece la obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas, pero declarar sin una verificación efectiva puede convertir esta obligación en un simple trámite burocrático.
La propuesta es concreta: establecer constitucionalmente la obligación de presentar declaraciones patrimoniales trimestrales durante el ejercicio de los cargos públicos de mayor responsabilidad, además de las declaraciones correspondientes al inicio y conclusión de la gestión.
Pero declarar no es suficiente, la información patrimonial relevante debe ser accesible directamente a la ciudadanía, mediante una plataforma digital. pública, gratuita y de fácil consulta, respetando los límites constitucionales y la protección de los datos estrictamente personales.
Aquí debemos revisar también el concepto de “control social”. El control social puede resultar inefectivo cuando termina dependiendo de procedimientos, estructuras o instituciones que forman parte del mismo sistema que debe ser controlado.
El ciudadano no debe depender del sistema para controlar al sistema, la verdadera transparencia significa información accesible, capacidad de comparar, posibilidad de denunciar y obligación institucional de investigar y responder.
Naturalmente, una variación patrimonial no constituye por sí misma prueba de corrupción. Toda observación debe someterse al debido proceso, garantizando el derecho a la defensa, la presentación y valoración de pruebas y una decisión debidamente fundamentada.
Pero debido proceso no significa procesos eternos, si Bolivia quiere combatir realmente la corrupción, los procedimientos destinados a establecer responsabilidades deben ser sumarios, especializados y sometidos a plazos estrictos, sin sacrificar las garantías constitucionales.
La justicia no puede convertirse en una carrera de obstáculos ni los procesos prolongarse indefinidamente hasta las calendas griegas.
Un proceso que tarda tantos años que termina con la prescripción, la pérdida de pruebas o la imposibilidad de recuperar los recursos públicos no es una victoria del debido proceso: es una victoria de la impunidad.
Por ello, una eventual reforma constitucional debería establecer el principio de celeridad y conclusión dentro de plazos razonables, con responsabilidades para quienes, injustificadamente, provoquen dilaciones indebidas.
Cuando, después de un proceso legal y mediante sentencia ejecutoriada, se establezca la existencia de corrupción grave, enriquecimiento ilícito o apropiación de recursos públicos, la respuesta debe ser ejemplar, con la recuperación de los bienes, reparación del daño causado e inhabilitación severa para ejercer nuevamente funciones públicas.
En los casos más graves, la eventual reforma constitucional debería debatir incluso la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, siempre que exista sentencia ejecutoriada y se hayan respetado plenamente las garantías constitucionales.
No se trata de venganza, por el contrario, se trata de proteger al Estado, quien utiliza deliberadamente la función pública para enriquecerse no debería poder regresar, después de una condena firme, a administrar nuevamente el patrimonio de todos.
La reforma tampoco debe limitarse a las declaraciones patrimoniales, debe fortalecer la independencia y capacidad de los órganos encargados de prevenir, investigar y sancionar la corrupción; establecer mecanismos efectivos de recuperación de activos; garantizar transparencia en la contratación pública y cerrar las vías que permiten que una persona sancionada simplemente cambie de institución o de denominación de cargo para volver a ocupar una función estatal.
La reforma constitucional debe servir para prevenir antes que perseguir, detectar antes que lamentar y sancionar oportunamente cuando corresponda, siempre dentro del Estado Constitucional de Derecho.
Bolivia no necesita necesariamente más leyes, necesita que las leyes funcionen, necesita instituciones fuertes, autoridades responsables, procesos rápidos y ciudadanos informados.
Necesita recuperar un principio elemental, servir al Estado significa servir a la sociedad, si vamos a reformar parcialmente la Constitución, hagámoslo pensando también en las próximas generaciones y no solamente en quienes circunstancialmente ejercen el poder.
Aquí surge una necesaria e insoslayable pregunta, ¿será tan difícil cumplir los compromisos adquiridos antes y después de las elecciones por quienes hoy nos gobiernan?, quienes con mucha vehemencia y seguridad nos ofrecieron una lucha tenaz contra la corrupción
Lo que la ciudadanía demanda es más transparencia, más prevención, más control ciudadano informado, más debido proceso, más celeridad, más recuperación de los recursos públicos y sobre todo sanciones efectivas y ejemplarizadoras para quienes traicionen la confianza depositada en ellos.
No más controles meramente formales, no más procesos interminables, no más impunidad, no más promesas que desaparecen después de cada elección, no más canto de sirena, Bolivia debe imponer su férrea voluntad y actitud inquebrantable para derrotar al monstruo de siete cabezas, la corrupción.
Por Raúl Palza Zeballos
Diplomático de carrera y politólogo