La Asamblea de la Cruceñidad no hizo un pronunciamiento directo respecto al decreto 5676 de liberación del precios del diésel para grandes consumidores
La Asamblea de la Cruceñidad advirtió con asumir una «autonomía de facto» si el gobierno del presidente Rodrigo Paz no atiende su pliego de peticiones, el cual exige incorporar en el Presupuesto General del Estado 2027 la redistribución de ingresos fiscales bajo un esquema 50-50, además de decretar la plena liberación de la importación de combustibles con impuestos cero.
«Esta Asamblea de la Cruceñidad emplaza al nivel central del Estado —que hasta el momento no demuestra voluntad para resolver la crisis económica, energética y social— para que Santa Cruz asuma su propio destino, como también deberán hacerlo cada uno de los departamentos del país», establece una de las conclusiones aprobadas por la máxima instancia de representación institucional cruceña.
En la resolución no se incluyó una exigencia explícita para derogar el Decreto Supremo 5676 —norma que libera el precio del diésel para grandes consumidores—, pero sí se demandó el fin del monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la erradicación de la corrupción detectada tanto en la estatal petrolera como en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
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La Asamblea de la Cruceñidad también exigió «la restitución de competencias, las transferencias y la devolución inmediata de las facultades plenamente asignadas por la Constitución a las gobernaciones, municipios y universidades en temas de salud, educación e infraestructura, junto con los ítems y recursos que hasta el momento han sido cercenados a las regiones».
Y advirtió: «en caso de incumplimiento, la Asamblea de la Cruceñidad faculta de manera plena al presidente del Comité Pro Santa Cruz para activar, en coordinación con las instituciones y sectores de la cruceñidad, la autonomía de facto y el plan de medidas escalonadas de presión hasta lograr el cumplimiento total de lo que hoy manda esta Asamblea».
Asimismo, el ente institucional demandó a los parlamentarios cruceños defender los intereses del departamento y anunció para el próximo 10 de octubre, Día de la Democracia, el inicio de movilizaciones callejeras con el fin de «recuperar lo que el centralismo nos robó», en caso de no ser atendidas las exigencias de la región.