Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Asambleístas votan en la sesión de la ALP que aprobó la ampliación del estado de excepción. Foto: Diputados
Por mayoría absoluta, el Legislativo aprueba la ampliación del estado de excepción por 90 días más. Militares salen a patrullar San Ignacio de Velasco con armamento de guerra tras los recientes hechos de violencia y la presencia de estructuras criminales transnacionales. Sebastián Marset habría revelado a la DEA que todavía tenía dinero invertido en unas 10 toneladas de cocaína en Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
Minutos después de la 01.00 de la madrugada de este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por mayoría absoluta el decreto del Órgano Ejecutivo, consolidando así la ampliación del estado de excepción por un plazo de 90 días más. La sesión, que se instaló la tarde del miércoles, fue dirigida por el presidente nato del Legislativa y vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien al final confirmó la aprobación y anunció que enviará el informe al Gobierno. Un total de 100 legisladores de los 158 presentes votaron a favor de la medida tras escuchar las exposiciones de dos ministros y un prolongado debate. Los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, llegaron al hemiciclo para explicar los fundamentos que llevaron al Gobierno a ampliar la medida y alertaron que persisten factores de riesgo vigentes en los nueve departamentos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó ante la Asamblea Legislativa una evaluación territorial sobre los riesgos de una eventual reactivación de conflictos y bloqueos. Santa Cruz fue identificada como el único departamento con nivel de riesgo “muy alto”. La Paz, El Alto y Cochabamba fueron clasificados con riesgo “alto”; Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, con riesgo “medio alto”; mientras Pando quedó en el nivel “bajo”. Justiniano explicó que la modalidad de bloqueo disminuyó considerablemente, pero no desapareció. Como antecedentes, mencionó el bloqueo del puente San Pablo, que afectó el corredor Santa Cruz-Beni, y la reaparición de bloqueos en San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas. También recordó que el 6 de junio seis policías resultaron lesionados en San Julián.
Desde el Chapare se está articulando un nuevo periodo de conflictividad y enfrentamiento mediante el envío de «activistas» a distintas regiones de Bolivia, lo que se constituye en uno de los argumentos para solicitar la ampliación del estado de excepción, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante su intervención en la sesión legislativa donde se trata el tema. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó en la misma sesión que el dirigente cocalero y expresidente Evo Morales será detenido, aunque no precisó plazos por razones de seguridad de Estado y oportunidad operativa. Ambos ministros acudieron este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional para defender y justificar la solicitud de prórroga del estado de excepción por 90 días adicionales, con el objetivo de resguardar la paz social y garantizar las condiciones para las reformas económicas.
Efectivos de las Fuerzas Armadas salieron este miércoles a patrullar las calles de San Ignacio de Velasco portando armamento de guerra, en un despliegue que se produce después de los recientes hechos violentos registrados en el municipio. El operativo incluye una unidad de élite y efectivos del Batallón de Comandos Anfibios de la Armada Boliviana. El refuerzo se suma al Regimiento “Warnes” y al Regimiento de Infantería Nº 12 “General Manuel Índaburo”, con una presencia militar que alcanza los 250 efectivos. Con el personal policial desplegado en la zona, el dispositivo combinado supera los 300 efectivos. Además, el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz aprobó la creación de un Comando Unificado de Fuerzas Armadas y Policía, con sede en San Ignacio y un despliegue previsto entre seis y 12 meses.
Sebastián Enrique Marset Cabrera habría revelado a agentes de la DEA que todavía tenía dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia y afirmó que el Primer Comando de la Capital (PCC) traficaba hacia el país entre el 80% y el 90% de sus armas. La información figura en un documento presentado por fiscales de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito Este de Virginia. Las declaraciones fueron realizadas horas después de su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo de 2026, durante su traslado desde Viru Viru hacia Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense sostiene que Marset habló voluntariamente y que fue informado de sus derechos. Según el documento, los agentes también identificaron tres billeteras de criptomonedas que contenían en conjunto unos $us 3,96 millones.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, solicitó formalmente una reunión interinstitucional con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, para coordinar acciones frente a los hechos de violencia criminal registrados en el país. La solicitud se produce después de los recientes asesinatos ocurridos en San Ignacio de Velasco, Villa Magdalena y otras localidades de Santa Cruz y Beni. Mariaca informó que la Fiscalía trabaja para concretar durante esta semana reuniones con los altos mandos policiales y representantes del Ministerio de Gobierno. La autoridad señaló que los casos de violencia criminal registrados en distintos departamentos son investigados mediante las Fiscalías Superiores de Vida y Personas, de Crimen Organizado y Narcotráfico.
La propuesta del presidente Rodrigo Paz de impulsar una “ley corta” para acelerar los proyectos hidrocarburíferos busca agilizar la exploración y producción sin modificar las reglas establecidas por la Constitución. La iniciativa fue anunciada durante la presentación del proyecto Montecristo-9, en Okinawa Uno, Santa Cruz. El objetivo planteado por el Gobierno es contar con una norma que reduzca tiempos y procedimientos para este tipo de proyectos, inicialmente en Santa Cruz y posteriormente en otras regiones. La propuesta se plantea en un contexto de caída sostenida de la producción de gas y de falta de exploración. Una eventual ley podría establecer procedimientos y plazos para la aprobación de proyectos, ordenar la relación entre las entidades estatales, facilitar la tramitación de contratos y definir reglas para exploración y explotación.
A 12 días de las dos explosiones registradas en instalaciones militares del Regimiento “Bolívar” de Viacha, siete unidades educativas retomaron las clases presenciales y otras 12 continuarán con actividades a distancia o virtuales. La Dirección Distrital de Educación determinó el retorno presencial en las unidades educativas San José, Hugo Ordóñez Saravia, Adventista Viacha, William Booth, Fábrica de Cemento, San Luis y CEA Viacha. La decisión fue adoptada después de una evaluación técnica de los daños registrados en la infraestructura escolar. Las explosiones dejaron nueve fallecidos, ocho conscriptos y un sargento, además de cinco soldados desaparecidos, según la nota. La infraestructura militar quedó destruida y la onda expansiva provocó daños en más de 700 viviendas de los alrededores.
Una inspección realizada por autoridades departamentales y municipales permitió verificar la tala de 44,5 hectáreas de bosque en zonas de protección de Santa Cruz. El recorrido fue realizado por la Subgobernación de Andrés Ibáñez, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Dirección de Medio Ambiente, el Servicio de Calidad Ambiental, servidores públicos del Concejo Municipal y ciudadanos. En el primer punto inspeccionado, ubicado cerca del final de la Radial 26, se identificó la tala de 27 hectáreas de bosque de protección. En un segundo sector, entre Santa Cruz de la Sierra y Warnes, se verificó la afectación de otras 17,5 hectáreas, también dentro de una zona de protección y parte del polígono del Cordón Ecológico. El subgobernador Federico Morón advirtió que estas intervenciones aumentan la vulnerabilidad ante posibles eventos extremos.
La autopsia realizada al hombre hallado sin vida en el cementerio de Río Blanco, en el trópico de Cochabamba, estableció que presentaba 90 orificios provocados por proyectiles de arma de fuego. La víctima fue identificada como José Yeison Terrazas Ribera, de 25 años. Los forenses determinaron 49 orificios de entrada y 41 de salida, además de la recolección de 11 proyectiles, perdigones o esquirlas. Las lesiones se encontraban distribuidas en el cráneo, tórax, ambos brazos y ambas piernas. La causa de la muerte fue atribuida a las graves lesiones provocadas por los disparos en la cabeza. La data de muerte fue calculada en aproximadamente 12 horas antes del hallazgo del cuerpo. Según la información forense citada en la nota, los disparos fueron recibidos de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha.
Fernando Cerimedo no será trasladado desde el penal de Chonchocoro hasta Santa Cruz para participar en la audiencia que definirá si la Fiscalía puede acceder a la información de un teléfono celular y una computadora secuestrados durante una investigación. La fiscal Yolanda Aguilera informó que el juez dejó sin efecto la orden de traslado y dispuso que Cerimedo participe de manera virtual desde el penal paceño. La audiencia fue reprogramada para este viernes 18 de septiembre por la mañana. Los abogados de Cerimedo deberán asistir presencialmente a la diligencia en Santa Cruz. El Ministerio Público solicitará autorización judicial para realizar la extracción y pericia de la información almacenada en ambos dispositivos. Según el abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano, Cerimedo se habría negado a proporcionar las contraseñas.