El investigador del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos afirmó que el informe presidencial presentado al Congreso mantiene a Bolivia entre los países que no cumplieron suficientemente sus compromisos antidroga, pero destacó un tono favorable hacia el Gobierno de Rodrigo Paz.
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El investigador consideró que, aunque Bolivia continúa incluida en la lista, el informe presenta un tono “muy positivo” respecto a las intenciones y las primeras acciones de la administración de Paz.
“Esto está diciendo que Bolivia todavía falta y por eso es del interés de Estados Unidos seguir dando apoyo en la lucha contra la droga. Pero veo una actitud, un tono muy positivo sobre las intenciones de lo que hace el Gobierno del presidente Paz”, afirmó.
La extradición de Marset, uno de los puntos destacados
Entre los aspectos mencionados en el documento estadounidense está la cooperación que permitió la extradición del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera a Estados Unidos, en marzo de 2026.
Para Ellis, esta acción es relevante porque demuestra una mayor coordinación entre ambos países y representa un golpe a las estructuras del narcotráfico que operan en la región.
El investigador también se refirió a la detención y traslado a Brasil de integrantes de organizaciones criminales brasileñas. No obstante, señaló que el informe de este año es más crítico respecto a Brasil por su respuesta frente al Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
Según Ellis, la presencia y actividad de estas organizaciones en Bolivia genera riesgos adicionales, especialmente por sus posibles vínculos con redes locales de narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El investigador explicó que todavía no se conocen de manera definitiva los programas concretos que Estados Unidos podría desarrollar en Bolivia. Aclaró que el informe presidencial tiene como principal objetivo certificar el nivel de cooperación y progreso de los países, y no detallar los proyectos específicos de asistencia.
Sin embargo, mencionó varias áreas en las que podría ampliarse el trabajo conjunto: intercambio e integración de inteligencia, control de fronteras, vigilancia del espacio aéreo, implementación y modernización de radares, coordinación entre radares, interceptores y unidades terrestres, lucha contra los vuelos utilizados para transportar droga, apoyo a unidades especializadas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y cooperación contra la minería ilegal.
Ellis indicó que la definición de estos mecanismos dependerá de los diálogos técnicos entre la Embajada de Estados Unidos y las instituciones bolivianas. “Hay muchas posibilidades. Es saber exactamente cuáles son los diálogos técnicos”, sostuvo.
También señaló que una eventual mayor presencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Bolivia podría servir no solo para brindar apoyo operativo, sino también para mantener un intercambio permanente de información y evaluar dónde la cooperación puede ser más efectiva.
El investigador advirtió que cualquier asistencia debe considerar los riesgos de corrupción y la posible infiltración del narcotráfico en instituciones encargadas de combatirlo.
En ese sentido, planteó la necesidad de establecer mecanismos de certificación de unidades para garantizar que la información compartida por Estados Unidos no llegue a funcionarios o grupos comprometidos con organizaciones criminales. “Es importante asegurar que no estamos pasando inteligencia a unidades que están corrompidas por los narcos”, manifestó.
Ellis también mencionó que Bolivia enfrenta desafíos relacionados con la producción de coca, la sobreproducción en determinadas regiones y el tránsito de droga mediante vuelos que atraviesan el territorio nacional, especialmente desde Santa Cruz hacia Brasil, Perú y otros destinos.
Extradiciones y cooperación judicial
Durante la entrevista, Ellis también destacó el papel de las extradiciones hacia Estados Unidos como una herramienta para combatir el narcotráfico en países donde las instituciones pueden estar debilitadas o comprometidas.
Se refirió a los procesos judiciales que enfrentan en Estados Unidos Sebastián Marset y Maximiliano Dávila. Según el investigador, los narcotraficantes temen ser enviados a Estados Unidos porque, una vez allí, enfrentan procesos judiciales que pueden derivar en acuerdos de cooperación y en la entrega de información sobre otras personas y estructuras.
“Este instrumento de extraditar a los Estados Unidos son cosas que los narcos realmente temen, porque entienden que ya no se puede escapar, no puede seguir operando”, explicó.
Ellis sostuvo que los testimonios de personas procesadas por narcotráfico pueden contribuir a identificar conexiones entre organizaciones criminales, negocios y, eventualmente, funcionarios públicos. Sin embargo, remarcó que los resultados dependen del desarrollo de cada proceso judicial.
El informe presentado al Congreso estadounidense mantiene la presión sobre Bolivia para mejorar sus resultados contra el narcotráfico, pero también abre la posibilidad de una etapa de mayor cooperación bilateral, condicionada a avances verificables y a controles destinados a evitar la infiltración criminal en las entidades de seguridad.
