Yamil García señaló que Bolivia buscará fortalecer el rastreo financiero y la recuperación de activos en el marco del Decreto Supremo 5706, que declara prioridad nacional la lucha contra la corrupción.
eju.tv / Video: BTV
El Gobierno abrió una nueva etapa en su política de lucha contra la corrupción con la promulgación del Decreto Supremo 5706, que declara prioridad nacional la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la protección de los recursos de interés del Estado. El representante gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, afirmó este martes que recibió información sobre posibles movimientos económicos realizados por exautoridades en otros países mediante la adquisición de bienes y el uso de criptoactivos
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«Nosotros recibimos información de que existirían exautoridades que, en diferentes países, habrían generado movimientos económicos a través de la compra de bienes y mediante criptoactivos», señaló García, ante la pregunta si se buscará la devolución y recuperación de los activos para que vuelvan al patrimonio del país, mismos que fueron desviados en presuntos hechos de corrupción, como la construcción de obras como el edificio de Unasur, en Cochabamba. Aunque no dio mayores detalles de quiénes son las exautoridades identificadas.
La autoridad relacionó este tipo de investigaciones con la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y de rastreo financiero. Explicó que, durante los últimos años, Bolivia se habría mantenido al margen de determinados escenarios internacionales que permiten coordinar acciones frente al crimen transnacional.
También explicó que el nuevo enfoque no se limitará a iniciar procesos judiciales, sino que buscará que los recursos vinculados a hechos de corrupción puedan ser recuperados y restituidos al patrimonio estatal.
Según la autoridad, anteriormente existía una dinámica en la que se presentaban denuncias, se aprehendía a personas y se solicitaban medidas cautelares, pero un número menor de procesos terminaba con sentencias condenatorias acompañadas de reparación o resarcimiento del daño.
El Decreto Supremo 5706 establece una nueva estructura para el área de Transparencia e incorpora, entre otras instancias, una Dirección General de Acción Anticorrupción y Recuperación de Activos y otra de Gestión de Denuncias y Análisis Estratégico de Datos. Además, García asume funciones de coordinación estratégica en estas materias dentro del Ejecutivo y ante otras instituciones públicas y privadas.
Sostuvo que la nueva normativa busca modificar el funcionamiento de las unidades de transparencia de las instituciones públicas, al considerar que estas instancias no deben limitarse a recibir denuncias, sino involucrarse en la detección y prevención de posibles hechos de corrupción.
En esa línea, mencionó investigaciones que tienen que ver con obras e infraestructura pública, entre ellas el caso de Unasur y construcciones en YPFB, sobre las cuales afirmó que ya existen denuncias ante el Ministerio Público.
El funcionario señaló además que el relevamiento realizado sobre la inversión de YPFB entre 2020 y 2025 identificó una asignación superior a Bs 417 millones para infraestructura tecnológica, mientras que la empresa estatal utilizaba tablas de excel para realizar conciliaciones de despachos de combustible.
