Sólo 15 de las 23 empresas vinculadas con el caso asumieron defensa en Chile, revela la senadora de la Alianza Unidad, Marcela Guerrero.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bolivia Tv
Una comisión multipartidaria de la Cámara de Senadores viajará el lunes 28 de septiembre a Chile para continuar con la investigación sobre la incautación de carga de madera boliviana impregnada con presunta droga.
Será parte de la delegación la senadora de la Alianza Unidad, Marcela Guerrero, quien acusó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, de “meter la pata” al asegurar que se incautó droga en 1.080 toneladas de carga de madera distribuida en 45 contendedores que procedían de Bolivia.
“Nosotros tendríamos que estar en Arica el 28 de este mes, es decir, el día lunes estaríamos partiendo al mediodía, para poder no solamente tener reunión con el fiscal regional de Arica y Parinacota, sino también con otras autoridades a nivel de Chile, para aclarar esta situación”, anunció la legisladora en una entrevista con radio Fides.
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Si bien el caso estalló en junio, la senadora dijo que los operativos en Chile empezaron en diciembre de 2025 y se paralizaron los despachos de carga de manera boliviana por puertos chilenos hasta la actualidad.
Según las investigaciones, la carga involucra a 23 empresas, sin embargo, según Guerrero, sólo 15 asumieron la defensa en Chile.
A pesar de que las autoridades nacionales afirmaron que Chile no pudo certificar científicamente la impregnación de droga en la carga de madera, el martes la periodista Ximena Astudillo afirmó que ya se ejecutaron dos operativos para la quema de parte de la carga porque se cumplieron las fechas para su destrucción.
No obstante, la Cámara Forestal de Bolivia negó que se haya procedido a la quema y explicó que se consiguió una moratoria que asegura que las cargas retenidas no sean destruidas mientras transcurra la investigación y se desarrollen las actuaciones judiciales correspondientes.
Por su parte, el lunes, el líder de la alianza Libre, Jorge Quiroga, presentó dos informes elaborados por dos exagentes de la DEA, quienes establecieron que desvirtuaron la tesis chilena en este caso.
En opinión de la senadora Guerrero, el fiscal regional de Arica cometió un error al asegurar que se impregnó droga en la carga de madera boliviana, sin ningún respaldo, y, además, sin medidas las consecuencias y el daño que generara a Bolivia.
“Lo voy a decir así de una manera muy criolla: el fiscal regional de Arica habría metido la pata en anunciar una situación bien delicada, dañando la imagen no solamente de las empresas madereras, sino también la imagen de un país y poniendo en riesgo el tema diplomático”, advirtió.
Basada en datos de la industria maderada nacional, la senadora dijo que el caso que estalló en Chile generó un daño económico de alrededor de $us 10 millones “por la carga retenida que tendríamos hoy por hoy en este lugar”.
De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2024, Santa Cruz consolidó una participación del 64% “sobre el volumen de madera extraída” a escala nacional.