«El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos», señala en una publicación de prensa por EEUU.
El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó este lunes que determinó restringir la entrada al país de 13 ciudadanos bolivianos, en su mayoría son autoridades y exautoridades de la justicia. A ellos se les dispuso la revocación la visa vigente y extendió la medida a sus familias. A continuación, el perfil de cada uno:
1.- Roger Rider Mariaca Montenegro, fiscal General del Estado. Fue elegido por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024, para un mandato de seis años, es decir, hasta octubre de 2030. Antes fue fiscal Departamental de Santa Cruz. Washington lo acusa de «solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a criminales violentos a evadir la justicia».
«Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, que como participante del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos», señala en la publicación de prensa de EEUU.
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2.- Alberto Zeballos Flores, fiscal Departamental de Santa Cruz, designado por Mariaca. Antes era fiscal de materia en la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción de Santa Cruz, y participó en casos como el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el del Banco Fassil.
3.- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior de la Fiscalía General del Estado, actual asesor de Roger Mariaca y exfiscal departamental de Chuquisaca. Estuvo entre los fiscales departamentales ratificados en octubre de 2024, cuando asumió Mariaca.
4.- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional, trabajó desde 2010 con el MAS, como asesor constitucional en Diputados y luego como subprocurador en 2016. Fue elegido vocal constitucional de La Paz en febrero de 2019 y es juez del Tribunal Administrativo de la OEA desde ese año. En 2024, mientras presidía la Sala Constitucional Primera de La Paz, ordenó al TSE acompañar el congreso arcista del MAS, y sectores del evismo y la oposición lo señalaron como operador del gobierno de Luis Arce.
5.- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional. Abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue ministro desde noviembre de 2020 hasta su renuncia en septiembre de 2024. En junio de 2025 fue citado como testigo en el caso Consorcio. En octubre de 2025 la Fiscalía admitió una denuncia en su contra por negociaciones incompatibles y revelación de secretos profesionales, por revelar la identidad de un testigo protegido en el caso coimas en la ABC.
6.- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Fue aprehendido en el caso Consorcio por tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados. Según la investigación, pretendía ocupar el cargo de la magistrada titular Fanny Coaquira mediante un fallo irregular del juez Fernando Marcelo Lea Plaza. En junio de 2025 recibió detención domiciliaria.
7.- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional, desde el 17 de septiembre pasado fue alejado del cargo. En julio de 2026, la Fiscalía de La Paz lo citó como sindicado por presunto incumplimiento de deberes y otros delitos, tras una denuncia del diputado Rolando Pacheco. Declaró el 3 de julio y negó irregularidades. Antes, en febrero, había negado haber administrado un avión incautado en 2017.
8.- Albania Chané Caballero Saavedra, jueza primera de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de Santa Cruz. En 2022 envió con detención preventiva a dos policías investigados por concusión en el caso del colombiano Jhon Walter Tibaduiza.
9.- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz. Fue quien emitió el mandamiento de libertad para el juez Hebert Zeballos Domínguez, presuntamente implicado en el caso de las 32 maletas, que ingresó a Bolivia sin control aduanero en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos que aterrizó el 29 de noviembre de 2025.
10.- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de familia e instrucción penal primero de La Guardia, en Santa Cruz. En noviembre de 2025 emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los exmagistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo, por autoprorrogarse en el cargo.
11.- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana. Estuvo al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante 2025 y 2026. Fue posesionado como inspector general el 31 de agosto y permaneció menos de un mes, hasta ser relevado por decreto.
12.- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior de la Fiscalía General del Estado. Fue abogado del expresidente Evo Morales y de los exministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo.
13.- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado, que tiene que ver con la comercialización de combustible.
En el comunicado de EEUU precisa que en total son 20 restricciones y que hay «otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no disponen de visado, así como sus familias, quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener un visado».