El documento también recomienda priorizar los recursos extraordinarios que se activen para la emergencia en la atención médica, quirúrgica y rehabilitación de las personas heridas. También contempla asistencia para las familias de los fallecidos y desaparecidos.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este martes una Resolución Camaral que plantea reparación integral para las víctimas de las explosiones registradas el 4 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería y Mantenimiento 2 Bolívar, en el municipio de Viacha, en La Paz; además de: atención médica y psicológica, apoyo a las familias afectadas, recuperación de viviendas y una investigación célere para esclarecer lo ocurrido.
El hecho dejó decenas de personas heridas y al menos nueve fallecidos. La resolución fue proyectada por el senador Wilder Veliz e incorporó propuestas formuladas por otros legisladores durante su tratamiento, señala una nota de prensa de la Cámara de Senadores.
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Entre las medidas planteadas, la Cámara Alta exhorta al presidente Rodrigo Paz, a través del Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Armadas, a gestionar el ascenso póstumo de los soldados y oficiales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber como consecuencia de las explosiones, en el marco del artículo 8 del Decreto Supremo 5254.
El documento también plantea establecer un mecanismo de reparación integral para las víctimas civiles y militares, que incluya compensaciones económicas por los daños materiales e inmateriales, además de medidas destinadas a evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.
Atención a heridos y familias afectadas
El documento oficial también recomienda priorizar los recursos extraordinarios que se activen para la emergencia en la atención médica, quirúrgica, farmacológica y rehabilitación de las personas heridas. También contempla asistencia para las familias de los fallecidos y desaparecidos, así como apoyo psicológico y social para las víctimas y sus familiares.
Otro de los puntos establece la necesidad de evaluar, reconstruir y reponer las viviendas y bienes particulares afectados por las explosiones, además de recuperar la infraestructura pública dañada. Plantea identificar, retirar, neutralizar y disponer de manera segura cualquier material peligroso que permanezca en el área del incidente. A ello se suma una evaluación técnica y estructural de las instalaciones militares y civiles que resultaron afectadas.
En materia judicial, la Resolución Camaral exhorta al Fiscal General del Estado a garantizar celeridad en las investigaciones iniciadas por las explosiones del 4 de septiembre, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Asimismo, plantea que el Órgano Ejecutivo convoque de manera inmediata al Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade) para evaluar si corresponde declarar emergencia o desastre nacional, conforme a la Ley 602.