Aduana destruye más de 42 toneladas de prendería usada en La Paz


Esta medida permite reducir riesgos sanitarios asociados a productos que no reúnen las condiciones necesarias para su uso o reutilización.

La prendería usada que destruyó la Aduana. Foto: Aduana Nacional

 

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La Aduana Nacional, a través de la Administración de Aduana Interior La Paz, realizó la destrucción controlada de más de 42 toneladas de prendería usada decomisada durante operativos de control, como parte de las acciones orientadas a combatir el comercio ilegal y resguardar la salud de la población.

De acuerdo con un boletín institucional, la actividad se desarrolló en la Planta de Destrucción de la Administración de Aduana Interior La Paz, donde las prendas fueron eliminadas de forma definitiva, para evitar su reingreso a circuitos de comercialización informal.

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Esta medida permite reducir riesgos sanitarios asociados a productos que no reúnen las condiciones necesarias para su uso o reutilización.

El proceso fue ejecutado en cumplimiento del Auto Administrativo de Inutilización emitido en agosto de 2026 y de la Resolución de Directorio N° RD 01-067-25, que aprueba el Reglamento de Destrucción de Mercancías.

Asimismo, en observancia del Artículo 27 de dicha normativa, la Administración Aduanera convocó a las instancias competentes para la verificación y constatación de las tareas realizadas, garantizando legalidad, transparencia y trazabilidad.

Durante esta misma jornada, también se procedió a la destrucción de mercancías deterioradas, vencidas o no aptas para el uso y consumo, entre ellas productos de higiene personal, cosméticos, desodorantes, jabones y otros artículos que podrían representar un riesgo para la población o generar afectaciones al medio ambiente.

La disposición final de estos bienes se efectuó bajo controles institucionales establecidos, asegurando el cumplimiento de la normativa aduanera y evitando que productos potencialmente nocivos ingresen al mercado nacional.

Con esta acción, la Aduana reafirma su compromiso con la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal, la protección de la población y la administración eficiente y transparente de los bienes bajo su custodia.