Se prevé que el encuentro se realice el próximo jueves.
Fuente: ABI
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, convocó a la Asamblea de la Paceñidad para informar sobre las posibles consecuencias económicas de la ley de alivio tributario sancionada por el Concejo Municipal y plantear acciones frente a esta medida. Por su parte, el Legislativo municipal ratificó que la norma beneficia a la ciudadanía.
“Estamos llamando a la Asamblea de la Paceñidad porque vamos a hacer conocer la información y los datos. Cuánto necesita La Paz para su reconstrucción, para el bacheo, los hospitales y la educación. De manera transparente vamos a presentar la situación financiera que tiene y las afectaciones de una propuesta (legislativa municipal)”, indicó Dockweiler. Se prevé que el encuentro se realice el próximo jueves.
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El alcalde cuestionó la aprobación de esta norma y advirtió que su aplicación podría comprometer la capacidad financiera del municipio. Según Dockweiler, los contribuyentes mantienen una deuda tributaria aproximada de Bs 3.100 millones, mientras que la Alcaldía recibió un déficit fiscal de Bs 450 millones y registra obligaciones superiores a Bs 1.100 millones.
En ese sentido, Dockweiler anunció que presentará estas cifras ante la Asamblea de la Paceñidad y adelantó que se analizarán y asumirán las acciones correspondientes en las instancias jurisdiccionales. Advirtió que la decisión de los concejales podría perjudicar la ejecución de proyectos y la prestación de servicios municipales.
Por su parte, la secretaria del Concejo Municipal, Carola Antezana, informó que la aprobación de la Ley Municipal Autonómica de Alivio Tributario, Condonación y Regularización busca reducir la carga económica de los paceños.
“Nosotros, con esta ley, no estamos tocando ningún impuesto, no estamos cambiando ningún impuesto. Simplemente estamos condonando deudas por multas e intereses, al 100%, del año 2018 para atrás y, obviamente, vamos a premiar a las personas que vayan pagando oportunamente”, manifestó.
Señaló que el Concejo aguardará a que el alcalde promulgue la normativa dentro del plazo legal de 10 días calendario. De no hacerlo, el Legislativo municipal procederá conforme a sus atribuciones.