De la «lista negra» de EEUU a la cárcel, destituciones y renuncias: ¿qué pasó con las autoridades bolivianas vetadas?

Las restricciones de visa anunciadas por Washington contra autoridades y exautoridades bolivianas desataron consecuencias en la justicia, la Policía y el escenario político.

eju.tv / Fuente: El Deber

Las dos listas de restricciones de visa difundidas por Estados Unidos el 28 de septiembre y el 22 de octubre provocaron repercusiones en distintas instituciones de Bolivia. Cuatro investigados fueron enviados a prisión preventiva, dos fiscales quedaron fuera del Ministerio Público, un presidente de tribunal renunció y un exjefe policial fue apartado de sus funciones. En el ámbito político, dos diputados enfrentan cuestionamientos, aunque uno de ellos ya descartó dejar su curul.

Las medidas anunciadas por el Departamento de Estado estadounidense alcanzan a autoridades, exfuncionarios y particulares señalados por presuntos vínculos con corrupción o narcotráfico. Sin embargo, las consecuencias no fueron iguales para todos los mencionados.

Uno de los casos de mayor repercusión fue el del ex fiscal general del Estado Róger Mariaca, incluido en la primera nómina y señalado por Washington por presunta corrupción significativa.

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El 3 de octubre, la justicia boliviana dispuso seis meses de detención preventiva para Mariaca, el ex fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el ex fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, dentro de una investigación por una presunta estructura de protección al narcotráfico vinculada al uruguayo Sebastián Marset.

Mariaca fue destinado a la cárcel de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, a El Abra, en Cochabamba; Irusta, a Patacamaya, en La Paz; y Aparicio, a Chonchocoro. Los tres primeros figuraban en las restricciones estadounidenses, mientras que Aparicio fue procesado dentro de la misma investigación penal vinculada a Marset.

Dos fiscales destituidos y un presidente de tribunal que renunció

La segunda lista, difundida el 22 de octubre, también tuvo repercusiones inmediatas en el Ministerio Público y el Órgano Judicial. El fiscal general José Armando Urioste confirmó la desvinculación de Félix Gerardo Balderas Arteaga, fiscal del municipio de El Torno, y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

Urioste aclaró que ambas desvinculaciones forman parte de una decisión administrativa que alcanzó a 60 funcionarios, con memorandos fechados el 20 de octubre, antes de conocerse públicamente la nueva nómina estadounidense. Además, anunció la recopilación de antecedentes para determinar si corresponde iniciar investigaciones penales.

En el Órgano Judicial, Aldo Quezada presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz después de aparecer en la lista.

Su sucesor por antigüedad, el vocal Nelson Alba, también mencionado por Washington, no presentó su renuncia, pero solicitó licencia. Ante esta situación, Irma Villavicencio fue elegida el viernes como presidenta del TDJ de Santa Cruz.

Diputados bajo presión, pero sin renunciar

Las repercusiones también llegaron a la Asamblea Legislativa. Los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Pacheco Chávez fueron incluidos en la segunda nómina estadounidense.

Luego de conocerse la medida, el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron la separación de López de la Cámara de Diputados. El legislador respondió que defenderá su honor y su presunción de inocencia, aunque evitó especular sobre los motivos de la decisión estadounidense hasta contar con información oficial.

Por su parte, Pacheco descartó este viernes 23 de octubre abandonar su curul. “No voy a renunciar, el pueblo me puso y el pueblo me saca”, afirmó el diputado de Alianza Popular, quien aseguró que continuará desempeñando sus funciones legislativas.

Investigación contra un exjefe antidroga

Otra de las consecuencias se registró en la Policía Boliviana. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el 28 de septiembre una investigación interna contra el coronel Franz Cabrera Quispe, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

La autoridad señaló que el oficial fue apartado de sus funciones y pasó a la denominada Letra E, después de haber ejercido como inspector general de la institución policial.

La primera medida estadounidense, anunciada el 28 de septiembre, incluyó la revocación de visas y una designación pública contra Mariaca. La segunda, del 22 de octubre, identificó a otros 15 bolivianos, entre ellos diputados, fiscales, jueces, policías y exautoridades administrativas.

No todos los señalados enfrentan procesos judiciales o fueron separados de sus cargos. En varios casos, hasta el momento, la consecuencia conocida se limita a la restricción migratoria estadounidense.

Washington sostiene que estas decisiones forman parte de su política contra personas presuntamente vinculadas con actividades de corrupción o narcotráfico que afectan a gobiernos democráticamente elegidos.

Las restricciones de visa constituyen medidas administrativas de Estados Unidos y no representan, por sí mismas, condenas penales. Del mismo modo, las investigaciones y detenciones preventivas en Bolivia no implican una declaración definitiva de culpabilidad.

Primera lista de bolivianos vetados por EEUU: 13 personas con visa revocada el 28 de septiembre

1. Róger Rider Mariaca, exfiscal general del Estado.

2. Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz.

3. Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.

4. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, exfiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.

5. Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.

6. Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.

7. Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.

8. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.

9. Frans William Cabrera Quispe, coronel y exinspector general de la Policía Boliviana.

10. José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.

11. Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.

12. Alberto Zeballos Flores, exfiscal departamental de Santa Cruz.

13. Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz.

Segunda lista de EEUU: 15 personas con visa revocada el 22 de octubre

1. Rafael Darío López Mercado, diputado nacional.

2. Rolando Santos Pacheco Chávez, diputado nacional.

3. Juan Lanchipa Ponce, ex fiscal general del Estado.

4. Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni.

5. Julio César Porras Velarde, exfiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

6. Armando Rojas Toledo, exfiscal coordinador de La Paz.

7. Aldo Ismael Quezada Cerruti, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

8. José Ayaviri Siles, ex juez del Tribunal Penal.

9. Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

10. Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

11. Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz.

12. Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración.

13. Fernando Ronald Velasco Soliz, ex jefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Viru Viru.

14.Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la Felcn.

15. Rony Suárez Milliet, ciudadano mencionado en informaciones públicas por su presunta vinculación con el entorno de Sebastián Marset.