Denunció que algunos fiscales no habrían puesto los motorizados secuestrados a disposición judicial ni solicitado su incautación, situación que habría permitido que estos sean utilizados por particulares.
Fuente: Red Uno
¿Dónde están los vehículos secuestrados durante los operativos y quiénes los tienen en su poder? Estas son algunas de las interrogantes que busca esclarecer el Ministerio Público en Santa Cruz, luego de que el fiscal departamental, Jimmy Fernando López Rojas, anunciara una revisión de los bienes vinculados con diferentes investigaciones penales.
La autoridad denunció presuntas irregularidades en los procedimientos realizados por algunos fiscales, quienes, según afirmó, omitían informar a las autoridades judiciales sobre vehículos secuestrados y no gestionaban su correspondiente incautación.
López Rojas explicó que el Ministerio Público emitió instrucciones para identificar los bienes secuestrados o incautados y verificar si los procedimientos correspondientes se cumplieron.
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“Una de las instructivas que se han sacado del Ministerio Público es hacer un relevamiento de todos los vehículos, muebles e inmuebles que se han incautado”, manifestó.
La revisión también comprenderá aquellos bienes respecto de los cuales no se habría solicitado la incautación por presuntas omisiones de los funcionarios encargados de los casos.
El objetivo es establecer qué bienes fueron retenidos, cuál es su situación jurídica y dónde se encuentran actualmente.
Durante sus declaraciones, López Rojas cuestionó la actuación de determinados fiscales en el manejo de bienes secuestrados.
“A la fecha existía una mala práctica por parte de estos”, afirmó.
Según explicó, algunos funcionarios habrían omitido trámites judiciales necesarios después de retener vehículos durante operativos o investigaciones.
“Al momento de realizar los secuestros jamás ponían a disposición del juez de control jurisdiccional los vehículos y tampoco se solicitaba la incautación de estos vehículos”, denunció.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el fiscal es que las presuntas omisiones habrían generado condiciones para que motorizados relacionados con procesos penales permanecieran fuera del control institucional.
López Rojas sostuvo que esta situación daba lugar a “la posibilidad de que estos sean conducidos y manejados por cualquier ciudadano”, sin que existiera información adecuada sobre su ubicación.
El fiscal departamental también hizo referencia a una denuncia formulada por el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, relacionada con el manejo y paradero de bienes secuestrados.
En ese contexto, anunció que el Ministerio Público realizará verificaciones para conocer la situación de los vehículos.
El propósito, explicó, es “poder detectar en posesión de quién está, dónde está y cuál ha sido la finalidad de que estos vehículos se encuentren en su poder”.
La revisión se desarrolla en un contexto en el que la Policía de Santa Cruz también anunció una auditoría para establecer la ubicación de vehículos y otros bienes retenidos durante operativos de distintas investigaciones.
