Los bloqueos se sancionarán con 3 a 10 años de cárcel: la Comisión aprueba el proyecto y lo remite a Diputados


Sectores sindicales como la Central Obrera Boliviana (COB) expresaron su rechazo a la iniciativa legislativa al defender el bloqueo de caminos como un derecho de protesta

eju.tv /Video:BTV



El proyecto de ley contra los bloqueos superó su primer trámite legislativo al ser aprobado en la Comisión de Justicia, por lo que ahora deberá ser tratado en el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa prohíbe por completo el cierre de carreteras y establece responsabilidades penales para las autoridades que permitan estas medidas de presión.

Se trata del Proyecto de Ley 070/2025-2026, denominado «Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y la Protección del Pueblo Boliviano». El presidente de la Comisión de Justicia, Manolo Rojas, informó que la norma «prohíbe de forma absoluta los bloqueos» y confirmó que se eliminó del texto final el concepto de «corredor humanitario», por considerar que abría la posibilidad de validar esta extrema medida.

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«Cualquier bloqueo será sancionado con penas de 3 a 10 años de privación de libertad, según el tipo penal», explicó Rojas.

Asimismo, la norma contempla que alcaldes, gobernadores y ministros de Estado serán procesados por incumplimiento de deberes en caso de no actuar para evitar las interrupciones de vías teniendo la capacidad institucional para hacerlo.

«También se faculta a los concejos municipales, las asambleas departamentales y la propia Asamblea Legislativa a aplicar censuras en caso de inacción», precisó el legislador, quien aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo necesario para ser promulgada.

La medida de presión más reciente de este tipo se registró entre mayo y junio pasados, cuando sectores movilizados cercaron el país durante 53 días para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Aquellas jornadas de protesta dejaron aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto, interrumpieron la cadena logística del comercio nacional e internacional, y provocaron millonarias pérdidas económicas, además de una veintena de fallecidos.

Sectores sindicales como la Central Obrera Boliviana (COB) expresaron su rechazo a la iniciativa legislativa al defender el bloqueo de caminos como un derecho de protesta.